El gobierno hace meritos frente al poder real

Daniel Campione

En los últimos días se multiplican las señales de que el gobierno está dispuesto a “portarse bien”, de acuerdo a los parámetros sugeridos por el gran capital, la derecha política y los grandes medios.
En el campo del conflicto social, hay fuertes indicios en ese sentido. Tras negociaciones y prórrogas, la toma de Guernica fue desalojada. Casi al mismo tiempo se terminaba la controversia en torno a los campos de la familia Etchevehere. El gobierno defendió la propiedad privada, como se le pedía, y actuó en un sentido disciplinador con quienes se atreven a exhibir rebeldía y al mismo tiempo cuestionan algún rasgo del capitalismo
argentino. El “mensaje” es que la propiedad de la tierra, en la ciudad o en el campo, no debe convertirse en objeto de disputa. Entre el asentamiento popular y el country, la acción gubernamental tiene que optar por este último. Lo contrario es un atentado en potencia contra el orden social. Desde el gobierno nacional y los provinciales involucrados se han sumado con claridad a la defensa de la propiedad, a la idea de que la mercantilización de la tierra no está en discusión
En el terreno de la política económica, el gobierno nacional avanza en un rumbo compatible con las exigencias del “mercado”. Se diseña un presupuesto “prolijo”, en el que no aparecen inversiones sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y se hace la promesa de bajar el déficit fiscal y emitir menos moneda. Buena letra frente
a los economistas del establishment.
Se busca un acuerdo rápido con el FMI. Se aclara que no se quiere imponer a la población nuevos sacrificios que caigan sobre una situación social ya de por sí dificilísima, tal vez se confía en que el Fondo acepte un acuerdo sin ajuste, algo inédito para el organismo. Es más probable que la pretensión sea imponer un ajuste “moderado”, acompañado con los esfuerzos de comunicación para que no lleve ese nombre. Mientras tanto, una delegación del organismo internacional llega al país, para impulsar una negociación que se aspira a que dure poco tiempo. Hace unos meses, la
pretensión era un rápido arreglo de la deuda con privados, logrado éste, ahora se busca una veloz negociación de la deuda con el Fondo. Para ceder ante los intereses del capital financiero parece que siempre hay apuro.
Los analistas políticos convencionales casi han dejado de especular sobre la
“radicalización” del gobierno, que según ellos habría arrancado con el intento de expropiación de Vicentín. Comienzan a mirar casi con beneplácito las recientes muestras de “buena conducta”, de alejamiento de las detestadas y poco definidas prácticas “populistas”, por las que están siempre dispuestos a condenarlo.
Desde el Presidente para abajo, se trata de mejorar la interlocución con los grandes empresarios. Se suceden las “cumbres” con los conglomerados que valen miles de millones de dólares. Bulgueroni, Coto, Techint, hasta el grupo Clarín, se sientan a la mesa.

Cualquier otra actitud que no sea la de amistad y cortejo al empresariado es
descalificada bajo los cargos de “ahuyentar las inversiones”, “alterar las reglas de juego”, “perturbar el clima de negocios” y demás eufemismos que los personeros del gran capital utilizan para indicar que no aceptan otras políticas que las que faciliten la maximización de las ganancias.
Mientras tanto, se nos brinda algún ameno entretenimiento. El juego de supuestos distanciamientos entre el presidente y CFK es un pasatiempo permanente para el análisis político convencional. La famosa carta de Cristina Kirchner el pasado 27 de octubre es un generador de múltiples elucubraciones, pero sus efectos reales son nulos.
Para las mayorías populares la realidad no sólo no es divertida, sino que tiene aristas dramáticas, agravadas por la pandemia. El desempleo y la pobreza en aumento, el deterioro de salario vía inflación al que la situación recesiva no detiene. Se firman algunos convenios colectivos infames, como el que establece un aumento de 7% para los trabajadores estatales. La ayuda estatal cubre algunos agujeros, pero el gobierno
parece vacilar a la hora de prolongarla. Más le preocupa el déficit fiscal, parece. Los dueños del poder siguen imperturbables con sus demandas, cuyo resultado directo o indirecto es el empeoramiento de la situación de los explotados: Una reforma laboral que termine de arrasar con derechos adquiridos, una reforma tributaria que haga aún más regresivo el sistema impositivo, reducción del empleo estatal, menos gasto en subsidios, ajuste de tarifas, etc.
Las expectativas puestas en el gobierno por trabajadores y pobres no pasan por su mejor momento. A casi un año de consumado el ¡Fuera Macri! se les habla de un capitalismo en el que “todos ganen” y se formulan promesas genéricas de proteger a los “más vulnerables”. El poder real sigue dueño de la situación sin perturbaciones de importancia que provengan del gobierno. La pregunta para quienes propiciamos cambios profundos es la de cuáles son los caminos para generar una alternativa distinta al juego gobierno vs. oposición que no modifica nada importante