Justicia por Agustín Pascuale

Justicia por Agustín Pascuale

15Mar21 0 Por editor

JUSTICIA POR AGUSTÍN PASCUALE
¡BASTA DE DOCTRINA FREDERIC-CHOCOBAR!

Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata repudiamos un nuevo caso de gatillo fácil cometido por un efectivo de la Policía federal en la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata del fusilamiento público de Agustín Pascuale, de 19 años, ocurrido el pasado miércoles 13 de enero en Moreno.
El hecho ocurrió en la colectora del acceso oeste a la altura de Paso del Rey en el partido de Moreno. Al parecer Agustín y otro chico habrían abordado en moto a un sargento de la Policía Federal que estaba en bicicleta, de franco y de civil, con su pareja. A los chicos se les atribuye haber estado armados, pero eso será parte de la investigación que lleva adelante la fiscal Luisa Pontecorvo de la UFI3 de Moreno-General Rodríguez, quien hasta ahora calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Lo cierto fue que el policía respondió con tres tiros hacia los jóvenes mientras estos huían. A 30 metros del inicio del hecho Agustín cayó herido. Sus familiares dicen que fueron al operativo y la policía y no los dejó asistir a Agustín, que se desangró en el piso desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Agustín tenía dos tiros por la espalda que recibió mientras claramente huía del lugar, lo cual convierte su asesinato en un claro caso de gatillo fácil. 
La identidad del asesino de Agustín aún no trascendió y no es una casualidad, ya que revista en la Secretaría de Seguridad de Nación que conduce Sabina Frederic.  Como siempre los diarios  nacionales como Clarín e Infobae hablaron del caso como “asalto a policías” o la frugal versión del policía asaltado “cuando paseaba en bicicleta con su novia”. Además le atribuyen a Agustín un revólver calibre 32 supuestamente encontrado junto a su cuerpo, aunque se encargan de aclarar que “no llegó a disparar”.
Como sea el fusilamiento de Agustín no está justificado y el sargento de la Federal debe pagar la muerte que produjo, aunque fuera en el contexto de un robo del que él mismo fue víctima.
El caso reabre la remanida discusión del caso del policía local Luis Chocobar, que el 8 de diciembre de 2017 mató a Juan Pablo Kukoc, de 19 años, en el barrio porteño de La Boca y mientras lo perseguía tras cometer un robo a un turista norteamericano.

Chocobar habría efectuado tres disparos intimidatorios hacia arriba, pero cuando vio que Kukoc no acató la orden y continuó la carrera hizo otros cuatro disparos, de los cuales dos impactaron en el cuerpo del joven, que se encontraba de espalda y en el suelo. Cuatro días después Kukoc murió cuando estaba internado en el Hospital Argerich. En ese caso Chocobar fue procesado y está siendo juzgado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, en exceso del cumplimiento del deber.
En el artículo 34 del Código Penal se determina en qué circunstancias los homicidios no son punibles: si se tienen las facultades mentales alteradas, si se actúa bajo amenazas o coacción física de sufrir un mal grave o inminente, si se actúa para evitar otro mal mayor inminente ajeno a uno, si se obra “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, y si se obra en defensa propia o de terceros frente a una agresión ilegítima, con un medio racional y sin provocación previa del que se defiende.
Lo cierto es que la ley 5.688 dispone que el uso de arma de fuego contra personas está autorizado únicamente con el fin de incapacitarlas para el ataque. Pero por experiencia sabemos que ello no parece ser demasiado problema conceptual para los policías que sacan su arma para matar o para los jueces penales que juzgan casos de gatillo fácil.
En la Provincia de Buenos Aires la hoy famosa “doctrina Chocobar” de avalar a priori que se dispare primero y se averigüe después no es nueva. Recordemos la vieja escuela noventista de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Carlos Ruckauf, que premiaba mejorando el sueldo al policía que bajara más delincuentes. Las críticas por izquierda al superministro Sergio Berni de parte de intelectuales o políticos progres del kirchnerismo preguntándose por qué el gobernador Axel Kicillof lo puso en el cargo trafican deshonestidad política y desmemoria. El extrañamiento del progresismo K olvida que en momentos de crisis el peronismo bonaerense siempre tomó por derecha el tema de la seguridad. Lo propio hicieron los gobernadores Felipe Solá con el agente de la SIDE Juan José Álvarez y Daniel Scioli con el penitenciario Ricardo Casal y el sheriff Alejandro Granados, en este último caso con el invalorable aporte de Berni con los operativos de desembarco de fuerzas federales en la provincia. 
El Albertismo no está exento de estas discusiones sobre los límites del cumplimiento del deber en sus fuerzas policiales, tanto federales como provinciales. Porque en enero de 2020 pudimos leer hasta en medios progresistas que “la nueva ministra Sabina Frederic anunció que derogaron el reglamento sobre el uso de arma letal sancionado por la gestión de la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich que dejaba al efectivo determinar cuando había un peligro inminente y hacer uso o no del arma letal”. Y que “se vuelve al protocolo en base a principios internacionales de racionalidad, proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad en el uso de la armas”. Resulta que aún con protocolo progresista la realidad de la represión en la cuarentena extendida le asigna más de 120 muertes, incluidas 3 desapariciones forzadas con la excusa de violación de la cuarentena como las de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y Ariel Valerian, a manos de su aparato represivo a la gestión del ex jefe de gabinete del “gobierno de los derechos Humanos”. Gobierno que, a su vez con vigencia de los protocolos progresistas de la ministra Nilda Garré, concentró entre 2003 y 2015 el 51 % de los asesinatos cometidos entre 1983 y 2019 por policías, militares, penitenciarios y agentes de seguridad privada, avalados todos a portar legalmente armas por el Estado. Más de 3 mil vidas de personas que en su mayoría al momento de ser asesinados no representaban peligro inminente para sí o para terceros.
La vida de Agustín y la de miles de pibes y pibas en su misma situación social y económica nos interpelan mucho más allá del genocidio encubierto que encarnan hoy el gatillo fácil y sus justificadores. Nadie parece preguntarse por la tragedia que significa un pibe de 19 años que decide robar y tiene la mala suerte de encontrar a un policía en su camino. Efectivos de una policía asesina que saca su arma y dispara sin importarle las consecuencias de su accionar.
Por esto desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil acompañamos a los familiares y amigxs de Agustín para exigir justicia.

La represión con o sin cuarentena es política de Estado.

JUSTICIA POR AGUSTÍN Y TODXS LXS PIBXS ASESINADOS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL!!
BASTA DE GATILLO FÁCIL!!
FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS!!
SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA ES REPRESIÓN ESTATAL

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