Mientras negocia con el FMI, el gobierno argentino posterga 60 días el pago de la deuda con las grandes potencias.

Mariano Feliz

El día de ayer, lunes 31 de Mayo, se confirmó que el gobierno de la Argentina ha decidido no hacer frente al pago de los vencimientos de deuda con el “Club de París”. Ha decidido es una forma de decir: el monto a pagar consumiría una porción importante de las reservas líquidas disponibles en el Banco Central.
El Club de París es una coalición de países acreedores de la Argentina. Está integrado por varios países europeos, así como por Estados Unidos, Canadá, Rusia, Australia, Israel, Brasil, Japón y Corea del Sur. Si bien fue creado en los años 1950, la mayor parte del endeudamiento acumulado se arrastra de los años de la última dictadura cívico-militar. La deuda total en este momento es de alrededor de 10 mil millones de dólares entre capital, intereses y punitorios acumulados.
El pago de 2400 millones de dólares no será cancelado pero esto no significa que el estado argentino entre inmediatamente en cesación de pagos. El Ministerio de Economía ya ha solicitado la activación de la cláusula que le permite postergar por 60 días el pago pendiente.
Según Francisco Cantamutto, economista de la Sociedad de Economía Crítica, “se abre un período de negociación que incluye al Fondo Monetario Internacional”. Si la Argentina logra firmar un acuerdo con el Fondo, al menos de manera preliminar, en los próximos sesenta días, los países del Club de París podrían aceptar que la demora en el pago sea sin costos y abrir un espacio para una nueva renegociación. La vocación explícita del gobierno argentino es llegar a algún tipo de acuerdo para poder pagar. “Los procesos del Club de París y del FMI van juntos, pero en el primer caso lo que estamos tratando es de buscar más tiempo”, señaló recientemente el Ministro de Economía Martín Guzmán. El recorte en el gasto público de jubilaciones, beneficios sociales y salarios estatales va en el camino de llegar a una solución amistosa con el Fondo, aunque difícilmente un acuerdo se produzca antes de las elecciones. Las condicionalidades que el FMI reclama en estas instancias son una preocupación para el gobierno en el marco pre-electoral.
De no llegarse a un nuevo acuerdo, probablemente “el Estado argentino deba afrontar un recargo por mora”, explicó Cantamutto. En la letra chica de aquel trato se estableció que de entrar Argentina nuevamente en cesación de pagos, la tasa de interés del conjunto del arreglo (desde fines de 2014) sube a 9% anual, lo cual implicaría la casi duplicación del monto adeudado; el diablo está en los detalles. Cabe recordar que el Estado argentino ya había renegociado esta deuda en 2015, durante la gestión de Axel Kicillof como Ministro de Economía en el último gobierno de Cristina Fernández. En aquel momento se estableció un plan de pagos en 4 años que, a la postre, se tornó imposible de cumplir.
Algo que suele quedar fuera del debate es que esta deuda ha sido declarada como odiosa y fraudulenta por el Tribunal Popular que juzga la Deuda Argentina y al Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda se viene señalando que “es imposible compatibilizar la implacable denuncia de tales desfalcos al país con el cumplimiento de acuerdos con los delincuentes que los llevaron adelante, tanto locales como del extranjero. Las estafas no se pagan: se investigan y se anulan, suspensión de pagos mediante”.