El Estado provincial es el que demora la respuesta de fondo

Por Susana Lara

Un fiscal de primera instancia de El Bolsón, Río Negro, desestimó denuncias cruzadas por parte de inversores de capitales extranjeros y de una comunidad mapuche asegurando que el Estado demora la resolución del conflicto de fondo por el derecho a un territorio en la zona de las nacientes del río Alto Chubut, por lo que la acción actual de las dos partes no son hechos aislados que puedan constituir delitos. El fiscal Francisco Arrien dio un importante giro para frenar la criminalización de la demanda territorial y, a la vez, buscó no quedar como la cara visible que protege los intereses de los capitales de los Emiratos Arabes en la zona andina.

En enero de este año los responsables de la administración del establecimiento “Altos del Chubut”, conocido por los pobladores como Rincón del Diablo, retomaron el tendido de alambrados en tierras altas de veranada que ocupa tradicionalmente con animales la comunidad Kom Kiñé Mu (KKM). Por su parte, la comunidad desarmó esos alambrados, en ejercicio del derecho a la defensa extrajudicial del territorio, como se ha usado en otros casos.

Andrés Saint Antonin, administrador de las tierras en conflicto, aseguró en su denuncia que el propietario es el empresario argentino Hugo Barabucci. Sin embargo, está acreditado en expedientes judiciales que Barabucci compró para sociedades anónimas integradas por empresarios de los Emiratos Arabes, que construyeron un coto de caza privado y un complejo de al menos tres residencias.

En 2009 el Consejo Asesor Indígena (CAI), organización de base del pueblo mapuche, inició una demanda por once comunidades, entre ellas la KKM, por la que se reclama al Estado de RN el reconocimiento efectivo de los territorios tradicionales y la nulidad de las operaciones de compra-venta con títulos de propiedad privado. Arrien argumentó que no puede determinar hechos presuntamente delictivos cuando está pendiente de resolución esa demanda.

Saint Antonin, ganadero de Bariloche, y Barabucci desconocieron medidas cautelares dispuestas en ese mismo expediente, que les impedía continuar alambrando.

El fiscal destacó un acuerdo formal de 1998 entre el CAI y el ministerio de Gobierno de la provincia, disponiendo la suspensión de títulos de propiedad privados y relevamiento integral de los despojos territoriales, lo que no se concretó en todos estos años.