Rebelión de los nadies y masacre para-estatal en Colombia

Rebelión de los nadies y masacre para-estatal en Colombia

3Jun21 0 Por Admin

Por Renán Vega Cantor

“Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Eduardo Galeano

En estos momentos se lleva a cabo la protesta popular más importante en toda la historia de Colombia. Millones de personas han salido en todos los rincones del país a expresar su indignación ante la desigualdad (miseria generalizada para la mayoría y opulencia para una minoría insignificante), la violencia rampante (han sido asesinados 300 excombatientes de las Farc, cerca de un millar de líderes sociales y comunales y, en lo que va corrido del 2021, ha habido 40 masacres), la corrupción, el desempleo y el pésimo manejo de la pandemia (el régimen de Iván Duque aparece como el antepenúltimo a nivel mundial).

Las desigualdades de Colombia son de largo aliento, porque acá jamás se han realizado transformaciones en la estructura económica y social, empezando por la propiedad de la tierra, origen del conflicto armado que vivimos desde hace 70 años. Esa desigualdad se ha mantenido mediante una violencia estatal y para-estatal de índole contrainsurgente, aupada de manera directa por los Estados Unidos, potencia que convirtió a Colombia, con el obvio apoyo de las clases dominantes, en una especie de portaviones terrestre, indispensable para agredir a países hermanos como Venezuela.

Ese modelo de dominación se había mantenido sin fisuras de fondo, escondido tras la apariencia de una democracia liberal de tipo formal, en la que hacia el exterior se difundía la imagen de que en este país existía la democracia más antigua y sólida del continente ‒-solo superada por los Estados Unidos‒, con una macroeconomía estable (sustentada en las ganancias de la industria de los narcóticos) y sin los problemas del racismo de otros lugares del continente. Esas clases dominantes incluso presumen que la gran ventaja de Colombia es que aquí nunca hubo experimentos populistas (como en Argentina con el peronismo o en Brasil con el varguismo) y por lo tanto jamás se experimentaron proyectos redistributivos, ni se promovió la movilización social ascendente de sectores de la clase media, ni mucho menos se le quiso dar algún protagonismo político (como el del justicialismo) a la clase obrera.

Además, en los últimos 20 años se implantó un modelo narco-paramilitar que se hizo dominante y el cual llevó a un miembro subalterno del cartel de Medellín a ocupar la presidencia de la República y a ser el mandamás de todo el país. Tras ese funesto personaje se consolidó la hegemonía del capital financiero, con un amplio respaldo del sector terrateniente-ganadero, y en estrecha alianza con el capital transnacional. Para reforzar su dominio e imponer su hegemonía esos sectores recurrieron a la violencia extrema contra todos los que consideraron como sus enemigos, empezando, por supuesto, con la insurgencia armada. Esa violencia adquirió las características de un genocidio, con miles de muertos, torturados, desaparecidos, expulsados de sus tierras, que expropió millones de hectáreas de tierras a los campesinos y consolidó a sangre y fuego un modelo depredador y criminal, del que también salió ganando la fracción financiera que, finalmente, se va a consolidar como la más importante de ese bloque de poder.

Se suponía que ese modelo narco-paramilitar, en donde se mezcla lo “legal” e “ilegal”, cuyos límites en el capitalismo gansteril predominante en Colombia son difíciles de encontrar, iba a continuar incólume durante el régimen de Iván Duque, un individuo que llegó a la presidencia sin ningún mérito propio, simplemente porque lo designó el verdadero poder en la sombra, Álvaro Uribe Vélez, y que ganó las elecciones mediante el fraude, aunque eso no se denunciara ni fuera cuestionado por la “comunidad internacional”, por aquello de que Colombia no es Venezuela.

Los beneficiarios de ese modelo en Colombia, tanto la fracción terrateniente como financiera, suponían que la estabilidad era eterna y que gozaba de legitimidad entre la mayor parte de la población, porque así había sido durante los últimos veinte años, a nombre de la lucha contra el terrorismo y contra la insurgencia, principalmente las Farc.

La pandemia del coronavirus se convirtió en el caldo de cultivo que modificó ese panorama, porque durante el 2020 se evidenciaron para las grandes mayorías sociales, las terribles desigualdades y la injusticia que caracteriza a la sociedad colombiana. Las cifras oficiales del Departamento Nacional de Estadística (DANE), con todo lo acomodadas que puedan estar, son indicativas: 42.5%, 21 millones, de los cincuenta millones de habitantes del país viven en la pobreza monetaria (aquellos que tienen un ingreso mensual de unos 80 dólares), la pobreza extrema es del 15% (quienes tienen un ingreso de unos 35 dólares) y cerca del 75% de toda la población vive en condiciones de vulnerabilidad, es decir, con un ingreso entre 80 y 140 dólares al mes. Al mismo tiempo, la clase media se redujo entre 2019-2020 en un 5%, o sea, que cerca de dos millones doscientos mil personas cayeron en la pobreza. Por su parte, según esas mismas cifras del DANE solamente 1.7% de la población pertenece a lo que llama la “clase alta”, cifra discutible e inflada que de todas formas revela el carácter de la desigualdad en el país. Una fracción ínfima de la población, perteneciente a la fracción financiera, fue la única que se benefició con la pandemia, aumentando sus ganancias, entre otras cosas por la bancarización de gran parte de las actividades económicas desde marzo de 2020.

Este panorama, que no es nuevo en el país, se tornó insostenible durante la pandemia, porque en un confinamiento que duró medio año ‒uno de los más largos y menos efectivo en el mundo‒ grandes mayorías pudieron comprender lo que es la desigualdad, el sufrimiento, el hambre, el desempleo, la falta de acceso a servicios médicos, la violencia cotidiana… Todo esto ya lo experimentaba desde siempre gran parte de la población, la novedad radicó en que esa situación se tornó insoportable, al compararla con la riqueza, confort y cinismo de una minoría de la población, la que además recibió todo tipo de prebendas por parte del Estado. Un dato es ilustrativo de lo que comentamos: 2.4 millones de familias (unos siete millones de personas) dejaron de comer tres veces al día en Colombia desde que comenzó la pandemia.

Y como si algo faltara, el régimen de Iván Duque pensando que, ante la Covid-19, la gente iba a acepar pasivamente lo que viniera planteó una reforma tributaria de índole neoliberal, que gravaba a los pobres y a la clase media y exoneraba a los ricos, que le colocaba IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los servicios públicos domiciliarios de empleados y trabajadores e incluso llegaba al cinismo extremo de gravar los servicios funerarios, cuando 75 mil familias han visto morir a alguno de los suyos como resultado de la Covid-19. Esta “reforma” fue la gota que llenó el vaso y desencadenó esa inesperada marea social que hoy ha roto todos los mitos de la “democracia colombiana”.

Desde el 28 de abril salieron a protestar una diversidad de sectores sociales, entre los cuales sobresalen los jóvenes pobres y de ciertos sectores de la clase media empobrecida, desempleados, los que viven del rebusque diario (economía informal), indígenas, campesinos, pequeños propietarios urbanos, taxistas, estudiantes universitarios… El sector más importante de la movilización está configurado por los jóvenes, aquellos que forma parte de lo que algunos sociólogos llaman los ni-ni, que no tienen ni trabajo, ni estudian, pero sobre todo que no tienen ningún futuro. Son millones de colombianos, entre 15 y 30 años, a los cuales el capitalismo gansteril de este país deja a un lado, para el que no existen, salvo cuando los necesitan como carne de urna (elecciones) o carne de cañón (guerra e “industria del crimen”).

Este sector social, que ya no tiene nada que perder, porque el orden capitalista neoliberal les arrebató todo, se hartó y dando muestras de una gran dignidad se levantó contra ese narco-capitalismo a la colombiana que les robó el futuro y el derecho a existir. El llamado fue hecho por un Comando Nacional del Paro que agrupa a las débiles fuerzas de la burocracia sindical y fue atendido por miles de colombianos, que en el camino han mostrado que sus intereses no son recogidos por ese Comando y han asumido el paro con sus propios medios y aprendiendo en el fragor de la lucha.

La fuerza y radicalidad que ha ido adquiriendo la protesta y la movilización social tomó desprevenido al bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado y las clases dominantes) que, como siempre, recurrió a las mentiras y a las calumnias para deslegitimar a quienes se levantan. Con argumentos anticomunistas, propios de la Guerra Fría que en Colombia nunca ha terminado, se dijo que las protestas no tienen razones legitimas, que son parte de una conspiración internacional para destruir al país, en las que participan, en forma simultánea, Venezuela, Cuba, Rusia, el ELN, las Farc, los carteles mexicanos de la droga, como parte de un salpicón que adquiere visos tragicómicos por su carácter delirante.

Como esa propaganda de desprestigio no ha servido de mucho, entre otras cosas porque falsimedia ha sido desbordada por nuevas formas de comunicación impulsadas por los jóvenes en los barrios y en las barricadas, el régimen duquista-uribista ha acudido a lo que mejor sabe hacer: la represión abierta e indiscriminada. A nivel masivo en las grandes ciudades del país se han visto en vivo y en directo las escenas de odio, violencia y racismo que los campesinos e indígenas han soportado en las zonas rurales desde hace 75 años. Las acciones criminales de las fuerzas de la Policía, del Ejército y de sectores civiles (policías encubiertos o paramilitares) para acallar y destruir la protesta están dejando un rio de sangre, muerte y dolor, con un saldo que produce vergüenza, y alcanza cotas de ignominia que se asemejan a lo que el estado de Israel hace en Gaza: decenas de jóvenes colombianos pobres asesinados (por ejemplo, el 28 de mayo en Cali fueron asesinados 13 personas), centenares de desaparecidos, decenas de personas que han perdido uno o los dos ojos por los disparos de las fuerzas represivas del Estado, decenas de jóvenes mujeres violadas y agredidas sexualmente, centenares de detenidos, muchos de los cuales luego han aparecido muertos en los ríos o en parajes alejados de las zonas urbanas. Incluso, se rumora que en algunas ciudades funcionan casas de pique para destrozar los cuerpos de los jóvenes que son asesinados, para que ni siquiera se les pueda identificar. Esta es una tenebrosa práctica que se ha llevado a cabo en Colombia en diversos momentos y en distintos lugares en años recientes, como se ha hecho en Buenaventura, el primer puerto exportador-importador de Colombia, para desaparecer los cuerpos de quienes se oponen a la “modernización” de esa ciudad, y al beneficio de los grandes negocios transnacionales.

Este horror no es nuevo, es característico del comportamiento del bloque de poder contrainsurgente en Colombia desde hace décadas, pero siempre se mantuvo oculto, tanto a los ojos de gran parte de la población urbana de Colombia, como del resto del mundo. Ahora, aflora sin filtros, y se muestra con crudeza en las grandes urbes, expresando el clasismo, racismo, sexismo de las “gentes de bien” de este país contra los pobres, los nadies que llamaba Eduardo Galeano.

En este mes, los niveles de politización que han adquirido miles de colombianos, empezando por los jóvenes, son resultado del aprendizaje directo en la escuela de la lucha, en la universidad de la vida y de la experiencia, donde ofrendando su propia vida esta generación ha dicho basta ya, con arrojo y dignidad.

Con independencia del discurrir del paro, Colombia ya no será el mismo de antes del 27 de abril, porque ha quedado claro el carácter del capitalismo gansteril y del bloque de poder contrainsurgente y de sus grupos armados estatales y paraestatales. Por eso, en estos instantes se ha desmoronado la hegemonía urbana del narco-paramilitarismo uribista, lo que se percibe dentro y fuera de Colombia con la consigna más universal del paro, con un claro tinte político, que ha rebasado la reivindicación inicial de tumbar la reforma tributaria, y que dice así: “!Uribe, paraco, el pueblo está berraco!”.

Esto no implica que esos engranajes del bloque de poder contrainsurgente, narco-paramilitar hayan dejado de existir y no sean peligrosos, sino que están evidenciando sus últimos estertores, propios de lo viejo que se niega a morir, en un turbulento presente en que lo nuevo no acaba de nacer.

Fuente foto de portada: Telam

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