El Estado Nacional y la provincia de Mendoza recapitalizan IMPSA

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció la aprobación de la capitalización por parte del Estado nacional y de la Provincia de Mendoza de la empresa IMPSA. La metalúrgica que desarrolla tecnología e infraestructura para la industria energética. (hidroeléctrica, eólica, nuclear y de combustibles).

Andrea Haro Sly

Esta adquisición del capital accionario por parte del gobierno Nacional significa un aporte de $ 1.362.900.000 pesos y por parte del Gobierno mendocino de $ 454.300.000 pesos. Por dicha compra, el capital accionario de la empresa quedaría distribuido en un 63,7% en manos del Estado nacional, el 21,2% en el gobierno de la provincia de Mendoza, y del porcentaje restante (15,1%), un 9,8% corresponderá a las acciones del fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora “Pescarmona”.

IMPSA es una de las tantas empresas afectadas por la crisis económica y sanitaria que la llevó a atravesar serias dificultades para sostenerse en el mercado. Ante la situación, primero fue asistida por el Programa ATP, y luego por el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso Reestructuración de Pasivo (PAEERP) a los fines de evitar la quiebra.

Finalmente, tanto los accionistas de la empresa como el Estado resolvieron realizar la venta de la ampliación de acciones a manos públicas. El gobierno salió a justificar la compra considerando la importancia de la empresa en la generación del empleo pero, por sobretodo, por su condición de industria de exportación y por ende generadora de divisas. Por otro lado, la empresa en su comunicado afirmó que la capitalización le permitirá incrementar ingresos para repuntar tecnológicamente a la firma, así mejorar su participación en los mercados externos. Además, la participación del Estado facilitará el ingreso en el mercado local (como la hidroeléctrica Yacyretá).

La lectura del rol que juega la intervención estatal entra en un campo difuso entre lo que se podría considerar un rescate del Estado ante la quiebra (lo que históricamente se llamaba de estatización) o una capitalización.

Cabría indagar sobre el impacto que podría llegar a generar esta apropiación estatal en la soberanía energética y justicia ambiental, ambos desafíos relevantes que atraviesan a nuestra sociedad.