Ley de educación ambiental, entre  las palabras y los actos

Ley de educación ambiental, entre las palabras y los actos

4Jun21 0 Por Admin

Las contradicciones de quienes aprobaron la ley y en la práctica sostienen políticas contrarias a sus fundamentos

Silvio Schachter

Recientemente el Congreso Nacional aprobó la ley de Educación Ambiental, tanto en su articulado como en los conceptos que la fundamentan se incorporan tanto, elementos planteados por movimientos ambientalistas como los aprobados por organismos internacionales y argumentos de los diversos encuentros y conferencias desarrollados en todo el mundo sobre la importancia de una pedagogía ambiental.

La ley establece el derecho a recibir educación ambiental en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, señalando que la preservación y protección de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable, requieren de educación ambiental tanto en el sistema formal como en el no formal e informal y debe fortalecer los conocimientos y prácticas en relación a la construcción de un ambiente sano, diverso y digno. Señala que la educación ambiental contribuye a implementar un grado de intervención y resolución de los problemas ambientales que afectan a la comunidad

En su articulado y sus fundamentos se señala que es el objetivo fortalecer el pensamiento crítico desde un enfoque complejo, aportando a la problematización de la cuestión ambiental como asunto histórico, situado y socialmente construido. Es una apuesta a una sustentabilidad basada en la interculturalidad, que recupera las tradiciones populares y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Esto convierte a la educación ambiental en un proyecto educativo de arraigado sentido democrático y latinoamericano.

Han pasado casi 50 años desde que la educación ambiental fue considerada como prioridad enunciada por primera vez en la conferencia de 1972 en Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Cuatro años después en la Conferencia Internacional de la UNESCO se creó un Programa Internacional de Educación Ambiental , en 1987 la UNESCO y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el (PNUMA) organizaron en Moscú, el Congreso Mundial sobre Educación y Formación relativo al Medio Ambiente, para establecer las estrategias para la implementación de la educación ambiental a nivel internacional, a partir de allí ha estado presente en numerosas declaraciones y resoluciones internacionales y regionales sobre la necesidad de desarrollar la pedagogía ambiental. Este derecho figura en el artículo 41 de la Constitución Nacional de 1994 y en las leyes la Ley General del Ambiente N° 25.675 y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 de nuestro país.

Pero la ley contiene ambigüedades, ente las más importantes, es que su aplicación depende de una trama burocrática que deberá implementarla sin términos precisos, lo cual pone interrogantes sobre cómo será fácticamente su aplicación en las instituciones educativas. Por otra parte deja la decisión de adherir a su aplicación local en las autoridades provinciales, si miramos la historia de los compromisos de los gobernadores, recuerdan aquello de poner al zorro a cuidar las gallinas. Carece de un fondo preciso para su instrumentación pues queda a criterio del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación la adjudicar recursos, que hasta ahora ha manejado un presupuesto por demás escaso e insuficiente, que no le permitió afrontar los innumerables y graves incidentes ambientales mas recientes. La rápida aprobación contrasta con el proyecto de ley de Humedales, presentada en 2013 y que sigue en los cajones sin fecha de tratamiento cierto.

La aprobación algo tardía de la ley, debe valorarse a la luz de la múltiple y consecuente actividad de las organizaciones ambientalistas, desde aquellos que en cada lugar han dado la batalla por la defensa de los derechos de la naturaleza, los humanos incluidos, hasta las acciones de los pueblos originarios por el cuidado de la madre tierra y sus recursos, las y los docentes, los investigadores e intelectuales que resistieron de las presiones de los lobbys empresarios, académicos y políticos, la actividad de los militantes de los partidos de izquierda y de los habitantes que se organizan en cada lugar amenazado o agredido. Que han estimulado en la sociedad el debate sobre la crisis ambiental y civilizatoria en todas sus escalas. Según encuestas el interés y la preocupación de la sociedad en general en la información relacionadas con lo que ocurre en el ambiente aumentaron geométricamente en los últimos años, particularmente entre los más jóvenes.

Ciertamente siempre es preferible contar con una norma favorable, con considerandos válidos, que recoge y legitima años de resistencias y luchas populares. Puede ser un instrumento a ser tomado como parte de un continuo del ejercicio del derecho al acceso a los saberes acumulados, a la información y a la formación de sujetos comprometidos con la vida y a su vez con la capacidad para confrontar con los intereses hegemónicos de los depredadores de las corporaciones y sus aliados que consideran a los bienes comunes de la naturaleza como mercancía.

Lamentablemente el problema de educar para enfrentar las urgencias que reclaman una respuesta a la crisis del cambio climático, de la contaminación del agua y la tierra, la preservación de los bosques, la desaparición de especies de la fauna y la flora, la zoonosis, el derretimiento de los hielos y glaciares, no pasa esencialmente por la aprobación de una ley.

Argentina tiene una decena de leyes relacionadas con el medio ambiente, de Protección de los bosques nativos, de Control de residuos industriales, de Gestión de aguas, de Control de actividades de quema, de Protección de glaciares, de Residuos domiciliaros, de la Creación del ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo entre otras. Los resultados de su aplicación están a la vista. Quema permanente de humedales, incendios devastadores, contaminación de las napas de agua, ríos y lagos y fumigaciones mortales. Basta recordar que la ley 27.592 conocida como Ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina, que plantea la formación con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública, que hasta ahora no fue aplicada.

La situación no es un fenómeno propio de Argentina, el fracaso de las Conferencias de Copenhague 2009, de Cancún 2010, de Lima 2014 y de Madrid 2019 muestran los límites entre los discursos y la políticas concretas. Salvo Brasil y Argentina ningún otro país de Nuestra América, tiene una ley semejante, no es casual teniendo en cuenta el rol que la división internacional del trabajo del capitalismo globalizado le otorga a nuestro continente como proveedor de materias primas con la súper explotación de los recursos naturales y la lógica de los países centrales de externalizar los costos ambientales a las periferias.

Una pedagogía ambiental crítica e inclusiva, debe crear conciencia de los cambios imprescindibles para enfrentar la crisis que amenaza la vida del planeta, deberá poner cuestión la lógica del capitalismo predador y sus modos de producción, el consumismo y el desarrollismo a expensas del ambiente y a su vez proponerse construir colectivamente un nuevo paradigma civilizatorio, ecosocialista y ecofeminista. En esta dirección una de las premisas será abordar el debate abierto sobre las falsas ilusiones de un capitalismo sustentable. La actual catástrofe sanitaria producida por la pandemia del Covid, es causada también por la crisis ambiental y la educación no puede soslayar este drama.

La ley fue aprobada por unanimidad, la dosis de hipocresía y cálculo pasa por la paradoja que atraviesa esta actuación parlamentaria, es que quienes la presentaron y quienes le dieron curso, son diputados y senadores que en sus provincias hacen todo lo contrario de lo que se propone la norma. Defienden a rajatabla la megamineria, el agronegocio y la utilización de agrotóxicos, el fracking, el monocultivo y la ampliación de la frontera sojera a expensas de los pueblos y los bosques nativos. Peor aún es que varios de los que dieron su voto aprobatorio justifican la persecución y represión de quienes se oponen a estas políticas. En ese aspecto poca es la diferencia entre oficialistas y opositores, juntos además aprueban presupuestos que quedan muy lejos de las necesidades para cumplir con los postulados que fijan las leyes. Los parlamentarios que aprobaron desarrollar una pedagogía ambiental crítica y activa deberían empezar por dar el ejemplo con sus actos.

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