Pandemia, crisis económica y elecciones cercanas

El promedio de  treinta mil o más casos diarios de Covid-19 tiñe la actualidad argentina. El creciente deterioro de la situación económica del grueso de la población, a despecho de una “recuperación” vacilante y heterogénea es otro signo dominante a la hora de analizar la actualidad política.

Por Daniel Campione.

El altísimo nivel de contagios no parece fácil de revertir,  con controles mal aplicados y  jurisdicciones decisivas como CABA y Mendoza  que siguen con clases presenciales y son renuentes a otras restricciones. Córdoba, que venía en la misma tesitura acaba de aplicar más prevenciones luego de un desmadre de los contagios.

La obtención y arribo de las vacunas sigue en el foco de atención, para el gobierno y la oposición. La gravedad de las circunstancias tiene en sí misma un peso gravitante, que se potencia por las expectativas electorales.  Se extiende en uno y otro campo la convicción de que el avance de las acciones de vacunación será un factor de importancia en las elecciones de este año. “Juntos por el Cambio” impulsa la formación de una comisión parlamentaria para investigar las decisiones en materia de arribo de dosis, en particular lo relacionado con el fallido acuerdo con Pfizer. La no provisión de inoculaciones por ese laboratorio se ha convertido en una obsesión para los opositores En sus motivaciones es difícil discernir cuánto hay de flanco conveniente para el ataque al gobierno y cuánto de interesado lobby a favor del gigante de los medicamentos.  Además de la comisión propuesta JxC mociona una reforma legal que quite la responsabilidad en caso de “negligencia”.  Se supone que dicha cláusula fue determinante en la decisión del laboratorio germano-estadounidense de no contratar con nuestro país. Junto a las acciones en el Congreso menudean las denuncias judiciales contra los funcionarios involucrados en el plan de inmunización. Y arrecian las críticas en los grandes medios hacia las gestiones en curso para la futura obtención de la vacuna cubana.

El incremento de la llegada de vacunas de variada procedencia, incluidas más de dos millones de dosis de AstraZeneca, constituye un importante alivio para el gobierno frente al insistente hostigamiento opositor. Se ha anunciado la inminente fabricación en el país de la Sputnik V, lo que puede ser otro aporte de tranquilidad. El propósito gubernamental es alcanzar un avance acelerado que permita llegar a las elecciones con una proporción considerable de la población inmunizada con ambas dosis. El acicate es el ya mencionado; la convicción de que en esta peculiar coyuntura la mejor campaña electoral es la vacunación masiva.  La incertidumbre instaurada por el coronavirus y la angustia que ella provoca en la población, relegaría el peso de otros temas a la hora de decidir la orientación del sufragio.

Si se desplaza la mirada hacia el plano económico, la continuidad de la alta inflación proporciona el signo del deterioro del poder adquisitivo y las condiciones de vida de la mayoría de la población. En cuanto al nivel de actividad de la economía, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nuestro país lograría revertir el derrumbe económico de 2020 recién en 2026.  Lo que equivale a que se tardarán más de cinco años para “recuperar” las nada alentadoras cifras de diciembre de 2019.

El gobierno del Frente de Todos sigue sin desarrollar acciones contundentes para la mejora de la difícil situación de las capas medias y los sectores populares. Cabe suponer que alguna “batería de medidas” orientada a cierta recuperación de poder adquisitivo y la consiguiente capacidad de consumo se lanzará a más tardar semanas antes de los comicios. Pero hasta ahora hubo muy poco en ese sentido. Lo que se podría citar en estos últimos días es el aumento de 6% de las tarifas domiciliarias de gas. Quedan así muy por debajo de las pretensiones de las empresas prestadoras y de los sectores gubernamentales identificados con la “moderación” y “racionalidad” del ministro Martín Guzmán.

Dicho funcionario, pese a algunos contrastes sufridos, sigue su camino de relación amigable con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. No logró un arreglo con el “Club de París” y Argentina ingresó en el llamado default técnico, pero la negociación sigue y el eje ordenador es el pago de lo adeudado.

Una posición del titular de la cartera económica que hace las delicias de los grandes empresarios y sectores afines es su insistencia en el enfoque “multicausal” de la inflación. Más allá de pormenores técnicos, tal posición implica eximir al menos en parte a los grupos económicos de su responsabilidad en los incrementos de precios. La práctica de la remarcación como forma de aumentar su parte en la distribución de la riqueza es una constante histórica del empresariado argentino. La supuesta “multicausalidad” sirve para culpar del alza de precios sobre todo al Estado, por el gasto público que se supone excesivo y la emisión de moneda que lo acompañaría.

Guzmán puede exhibir también  el claro descenso, en términos reales, de los recursos afectados a jubilaciones, AUH y otras prestaciones sociales;  y a sueldos del sector público.  El trato amable de empresarios, oposición de derecha y medios le queda garantizado mientras siga en esa línea.

Juntos por el Cambio y los medios de comunicación dominantes han sobreactuado la cólera frente a algunas acciones de política exterior. Un motivo de impugnación fue el retiro de nuestro país de la demanda por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela que lleva adelante el grupo de Lima. Una objeción (sería exagerado hablar de condena) a las acciones israelíes en contra de la población palestina dio lugar a protestas aún más fuertes. Cualquier actitud que se aparte de los dictados de la política estadounidense suscita un apasionado rechazo de la derecha local y las empresas periodísticas que la apañan.  El gobierno sostuvo sus posiciones,  sin por eso abandonar la supuesta sensatez que lo distancia de una perspectiva antiimperialista.

A la hora de mirar en dirección a las mayorías populares sin detenerse sólo en la perspectiva electoral, existe el temor de la dirigencia política hacia un “desborde” del conflicto social. Alejan esas aprensiones con la confianza en la capacidad de contención del amplio arco de sindicatos y organizaciones sociales afines al gobierno. “En Colombia no hay peronismo” es una frase que circuló en estos días.

Lo cierto es que por ahora las protestas están presentes sin que alcancen niveles preocupantes para la “clase política”. Las cotidianas movilizaciones de organizaciones populares en el área céntrica de Buenos Aires forman parte del paisaje diario hace ya tiempo. Y no le alteran el pulso a las instancias de gobierno. Los sindicatos hilvanan reclamos, pero se vuelven más que prudentes a la hora de lanzar medidas de fuerza, pese al flagrante deterioro de los salarios reales. Grandes gremios como Camioneros, Sanidad y la Asociación Bancaria piden acuerdos paritarios por encima del 40%, más acordes a la inflación esperada. Siempre con una actitud negociadora y “pacífica”. Al menos una parte de sus preocupaciones queda atrapada por las difíciles condiciones de muchas obras sociales, bajo el impacto del Covid 19. Y al mismo tiempo los aleja de las concretas condiciones de subsistencia de trabajadoras y trabajadores.

Esas direcciones sindicales no han sufrido hasta el momento impugnaciones generalizadas de sus representados y organizaciones de base. Puede mencionarse el caso particular de una jornada de lucha realizada por juntas internas y delegados de base de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el pasado 2 de junio, sobre la que se informó en este medio. Ver https://tramas.ar/2021/06/02/trabajadorxs-estatales-jornada-nacional-de-lucha-por-recorte-salarial/

Otro frente de conflicto transcurre sobre el eje del avance del virus y la vacunación. Colectiveros del interior del país y también algunos gremios portuarios y marítimos han realizado paros, en reclamo de prioridad para sus trabajadores en la asignación de las vacunas. En el terreno del sindicalismo docente cunde la disconformidad por la insistencia del gobierno de CABA en mantener la presencialidad escolar. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y  el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) van al paro en reclamo de que se retome el modo virtual de dictado de clases.  

Habrá que estar atento a la evolución de la conflictividad, las reacciones sociales frente a una situación que se degrada no siempre avisan con tiempo. En el transcurso de las próximas semanas, las especulaciones electorales y luego los inicios de las campañas acapararán la mayor atención. Eso en nada va a atenuar la profunda crisis que se abate sobre nuestra sociedad, con pobreza, desigualdad e injusticia crecientes. Ni alterará a fondo el comportamiento de la dirigencia, que en gran proporción forma parte de los problemas y no de las soluciones.