Paritaria estatal: un acuerdo de pobreza que empieza a hacer agua
5Jun21Por Hernán “Vasco” Izurieta – Delegado General de ATE-Trabajo
La pauta salarial a la baja definida por el gobierno nacional para las y los estatales y fijada como referencia para el conjunto de las negociaciones sectoriales (35% en 6 cuotas hasta 2022), comienza a ser impugnada de forma creciente desde las bases, como expresión de un malestar que no pudo ser clausurado por la firma fácil e inconsulta de las conducciones nacionales de UPCN y ATE.
Convocada por una coordinación de Juntas Internas y delegados/as de sector de ATE en múltiples organismos nacionales (Trabajo, INDEC, MECON, INTI, INTA, INCAA, CONICET, Cultura, CNEA, SENASA, entre otros), se realizó el pasado 2 de junio una jornada nacional de lucha que ofreció un canal de expresión a esa disconformidad, a través de una nutrida Caravana a la Secretaría de Gestión Pública (a metros de Plaza de Mayo), que logró una importante visibilidad, y con diversas acciones de protesta en numerosas provincias.
“¡Rechazamos el 35% en cuotas porque es rebaja salarial!” fue la consigna principal de la jornada de protesta, con una sentencia que sin ninguna duda es compartida por la abrumadora mayoría de trabajadoras y trabajadores estatales que vienen experimentando las “vacas flacas” de un verdadero derrumbe salarial.
Se estima que en los últimos 5 años las y los estatales nacionales perdieron más del 40% de su poder adquisitivo (en sucesivas paritarias a la baja firmadas por UPCN y rechazadas en lo formal por ATE durante el macrismo); tendencia declinante que durante el 2020 sufrió un nuevo salto de calidad (para peor) con un acuerdo de 25% en 4 cuotas hasta junio de 2021, ubicándose casi 15 puntos por debajo de la evolución del costo de vida durante ese lapso (ver información sobre el ahorro fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales).
Como se verá, en esta pendiente negativa un 35% de “aumento” no alcanza siquiera a recuperar lo perdido durante el último período y su fragmentación en un kit de 6 minicuotas no acumulables (es decir, calculadas porcentualmente en base a la grilla salarial de junio de 2021), convierte al acuerdo del gobierno nacional con ambas cúpulas estatales en un nuevo zarpazo a los bolsillos de las familias estatales.
A modo de defensa vergonzante se dirá que entre lo firmado se contempla una clausula de revisión en noviembre para analizar la evolución del acuerdo en relación a la inflación. A la luz de la experiencia durante los últimos años, donde ya rigieron cláusulas de similares características que jamás revirtieron una sostenida perdida salarial, no se puede esperar mucho más que allí se incorpore una suma no bonificable a modo de paliativo, que de ningún modo rectificará el deterioro del poder adquisitivo. ¡Menos aún un mes después de concretados los comicios legislativos, cuando ya no son necesarias siquiera algunas concesiones menores a modo de campaña electoral!
La paritaria estatal en el escenario general
La protesta estatal del miércoles 2 fue analizada por los principales medios nacionales, correctamente, como parte de las diversas y heterogéneas expresiones que surgen al interior del movimiento obrero, que ponen en cuestión la pretensión oficial de fijar acuerdos salariales que se ubican claramente por debajo de la evolución de una inflación que amenaza con superar el 45% anual (casi 20 puntos arriba de la estimación plasmada en el Presupuesto nacional que la fantaseó en torno al 29%).
La política de austeridad fiscal que encuentra en el ministro de Economía, Martín Guzmán, a su principal defensor público, es en verdad una orientación definida por la Casa Rosada como uno de los principales argumentos para arribar a un acuerdo con el FMI que permita renegociar y postergar los plazos de pago del millonario préstamo de más de 50.000 millones de dólares que el organismo, por instrucción de Donald Trump, le adjudicó al ex presidente Macri para el financiamiento de su campaña electoral en 2019.
La licuación del gasto salarial del Estado, triturado por una inflación que socava el poder adquisitivo real y a su vez alimenta una mayor recaudación impositiva en términos nominales (proceso simultáneo de incremento de ingresos y reducción relativa de las erogaciones), es un remanido recurso de ajuste fiscal del que no se está privando el gobierno del Frente de Todos.
No obstante, una semana después de firmado el acuerdo general para la administración pública, desde el corazón de la propia coalición de gobierno se desautorizó la pauta firmada por la Jefatura de Gabinete, Andrés Rodríguez (UPCN) y Hugo Godoy (ATE), a través del acuerdo salarial para las y los empleados legislativos, que se fijó en un 40% en 4 cuotas. El incremento parlamentario se presentó en público en una cuidadosa foto en la que aparece la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los referentes sectoriales de APL, UPCN y ATE.
Un mensaje a varias bandas. Además de embarrar la autoridad de la Jefatura de Gabinete en su pretensión de regular las negociaciones salariales y tensionar el vínculo con el Ministerio de Economía, indirectamente el 40% en cuestión deja “pedaleando en el aire” a los titulares nacionales de UPCN y ATE que siete días antes estamparon su firma y balbucearon argumentos pobrísimos para justificar una entrega inocultable.
Sin embargo, sin un cuestionamiento integral a los condicionamientos que impone el FMI y el lastre que supone el reconocimiento y pago de una deuda ilegítima e ilegal, el episodio anterior no dejará de ser una anécdota más de la interna oficialista en torno a aspectos de la política macroeconómica y en la disputa por espacios de poder de cara a las elecciones de medio término.
El cumplimiento de las exigencias del FMI tiene como correlato inevitable el sostenimiento de los padecimientos populares, agravados al extremo de lo insoportable a raíz de la crisis sanitaria, económica y social potenciada por una pandemia devastadora.
Para las y los trabajadores estatales la batalla por la recomposición salarial y la recuperación del poder adquisitivo dependerá de la capacidad de desarrollar un proceso de lucha que desde las bases pueda multiplicarse con amplitud y pluralidad política, sobre la base de una defensa rigurosa de la autonomía de las herramientas sindicales y acciones unitarias en torno a los puntos reivindicativos más urgentes.
Si escapa al espejismo de la autoproclamación y la encerrona del sectarismo, la coordinación de Juntas Internas de ATE puede realizar un aporte significativo a esa perspectiva, que no es inmediata sino de mediano plazo.
Foto de Pepe Muinelo
