El gobierno uribista de Duque no da garantías al Comité Nacional de Paro

El gobierno uribista de Duque no da garantías al Comité Nacional de Paro

9Jun21 0 Por Admin

La  embestida fascista sin paralelo en la historia reciente colombiana, con números vergonzantes de desaparecidos, asesinados, torturados y toda una serie de aberraciones en cuanto a la violación de derechos humanos…

Por Carlos Alberto Munévar Ortiz* (corresponsal en Bogotá, Colombia)

La  embestida fascista sin paralelo en la historia reciente colombiana, con números vergonzantes de desaparecidos, asesinados, torturados y toda una serie de aberraciones en cuanto a la violación de derechos humanos que en cualquier país del mundo sería motivo suficiente para la caída de un régimen o por lo menos ocasionarían las  sanciones respectivas por parte de los Estados Unidos, quienes suelen posar de defensores de la democracia mundial, pero que a la hora de referirse a Colombia, le bajan la temperatura al asunto atendiendo a que la guerra y la cooperación militar  es un jugoso negocio entre los dos países, siendo el gobierno uribista un modelo que sirve a los intereses de la otrora superpotencia mundial en Latinoamérica.

En medio de ese contexto, el gobierno de Iván Duque a pesar de la visita de la CIDH continúa sin asumir la situación crítica de violación reiterativa de derechos humanos y niega insistentemente los crímenes de Estado que se vienen cometiendo y que han sido documentados extensamente por videos en redes sociales y sistematizados por diversas ONG. Incluso  la vicepresidenta y ahora canciller colombiana, Martha Lucía Ramírez, en conjunto con algunos senadores del Centro Democrático, partido de gobierno y expresidentes como Andrés Pastrana,  adelantan una agresiva campaña de difamación y manipulación de la realidad en medios tanto  internacionales, con visitas a “amigos” del uribismo en los Estados Unidos; como nacionales, manejando la matriz mediática de que los convocantes al paro nacional han venido destruyendo al país desde hace un mes y medio y que, además, las manifestaciones son parte de un complot internacional liderado y financiado desde Venezuela y la izquierda latinoamericana en confabulación con las guerrillas colombianas.

En otras palabras, el pueblo colombiano en las calles no sólo debe resistir la represión brutal de militares y policías al servicio del partido de gobierno, sino que también se encuentra en disputa el relato de la situación que hábilmente el uribismo maneja con miras a las elecciones del 2022.

A la par de esta situación, el gobierno uribista dilata la negociación del pliego de emergencia radicado en junio de 2020 por el  Comité Nacional de Paro, se niega a derogar el decreto 575 que autoriza la “asistencia” militar para el manejo de la protesta social, que en otras palabras es la existencia del  estado de conmoción interior que le permite reprimir violentamente a la población y continúa avalando el uso excesivo de la fuerza por parte de policía, ejército y grupos paramilitares urbanos que actúan  en presencia de los uniformados con total descaro y que a la fecha de 6 de junio suman 77 homicidios, 1246 heridos, 2808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual, 74 lesiones oculares y un número indeterminado de desaparecidos, dada la dificultad de hacer seguimiento a los casos, debido al hostigamiento y amenazas directas a sus familias y por ello a la negativa de muchas de ellas a establecer la denuncia.

Toda esta situación tuvo como consecuencia este 6 de junio,  la suspensión de manera unilateral por parte del CNP (Comité Nacional de Paro) del proceso de negociación con el gobierno nacional, no existen las garantías por parte del gobierno de Duque que se empeña en profundizar la violencia y la barbarie agudizando una situación de crisis social profunda con una  situación de pandemia con 3.600.000 casos confirmados, 92.000 fallecidos y 21.000 casos de contagio diarios en promedio. Con un proceso de vacunación lento y desorganizado que coloca al país entre los cuatro peores en el manejo de la pandemia a nivel global.

Así mismo vienen fortaleciéndose procesos de movilización y organización populares y territoriales que se vienen  articulando en la Asamblea nacional popular, allí existen debates profundos  con el CNP siendo una construcción que abre nuevas posibilidades para la democracia participativa, encarnando nuevos caminos   con  reivindicaciones y  agenda propia, pero que corre el riesgo de que al no ser capaza de  articular la movilización  y la lucha de manera unificada, puede ser utilizada por gobierno nacional para  fisurar, dividir y debilitar el paro.

Este panorama tendrá un nuevo termómetro este 9 de junio cuando el CNP ha convocado la toma de Bogotá en donde se  prevé una manifestación multitudinaria de miles y miles de protestantes indignados  que aprovecharán la visita de la CIDH  para hacer presencia en la capital colombiana y seguir resistiendo y denunciando a un regimen que se ha declarado enemigo de su pueblo y que está resuelto a crear una situación de zozobra y miedo con miras a las elecciones de 2022,  para utilizar en ellas la misma fórmula de campaña del 2002 cuando Uribe Vélez llegó al poder ofreciendo “seguridad democrática”, “confianza inversionista” y “avances sociales”, veinte años después de gobiernos uribistas dan como resultado un  país más inseguro, con una democracia agonizante, sin confianza en las instituciones, con la inversión privada generando una desigualdad social aberrante y con una situación insostenible de pobreza, exclusión y problemáticas sociales, lo que implica que los alcances del paro nacional, mas allá de las mesas de negociación que se instalen, tendrá que seguir acumulando fuerzas para derrotar en las urnas a las fuerzas retardatarias y fascistas, enemigas de la democracia.  

*Licenciado en Ciencias Sociales – Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

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