¿Quién busca suspender derechos?

¿Quién busca suspender derechos?

10Jun21 0 Por editor

La 27.610 es ley en todo el territorio de nuestra Nación.

Yanina Waldhorn

Este lunes 7 de junio, el Juez Federal Alfredo Eugenio López, admitió darle tratamiento a la demanda presentada por Héctor Seri, conocido militante y legislador del espacio político de derecha MODIN, para declarar la inconstitucionalidad de la Ley de IVE (Ley Nacional N° 27.610) y la inaplicabilidad del protocolo reglamentario presentado el pasado 28 de mayo, en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud Integral de las Mujeres.

Seri, quien pretende erigirse en voz autorizada para la interpretación de la máxima ley nacional, cuenta con dudosos antecedentes en su haber. En 2019, fue sindicado como responsable de una estafa millonaria al Estado, causa por la cual estuvo prófugo y debió ser localizado a través de un pedido de captura internacional. Por su parte, el Juez que avala semejante artilugio legal para invalidar una normativa nacida del debate ciudadano, también tiene trayectoria en otras causas de obstaculización de derechos a la libertad sexual y reproductiva. Su accionar demuestra un absoluto desconocimiento del marco normativo vigente, además de incurrir en evidentes intromisiones en la autonomía sexual de la ciudadanía.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación anunció a través de una gacetilla de prensa que realizarán acciones para asegurar el cumplimiento de la ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños. La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata aclararon que: “los abortos se van a seguir realizando dentro y fuera del sistema de salud, porque las mujeres y disidencias con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, reconocido por ley nacional. El debate nacional está saldado. La democracia, por medio de las instituciones correspondientes, analizó la cuestión y resolvió una ley que contó con el análisis pormenorizado de aspectos sanitarios y constitucionales. No sorprende que sectores minoritarios antidemocráticos quieran obturar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, valiéndose de alianzas misóginas.”

López pretende desconocer una normativa sancionada conforme a derecho y discutida en el Congreso mediante procedimientos democráticos sin precedentes, lo cual socava gravemente el principio republicano de división de poderes. La evidente maniobra antidemocrática hace lugar a una medida cautelar, actuando por fuera de sus competencias y atribuyéndose funciones legislativas.

Esta semana fue de rechazo generalizado desde los feminismos a las estrategias de funcionarios judiciales que en nombre de Estado eligen clandestinizar la práctica de aborto, vulnerando los derechos de las personas gestantes a acceder a la práctica en condiciones seguras y dignas.

Una justicia que suspende derechos, es una justicia que retrocede. A la clandestinidad, no volvemos nunca más. La 27.610 es ley en todo el territorio de nuestra Nación.

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