Conflicto territorial en Santiago del Estero: patota destrozó alambradas

Una comunidad del pueblo Guaycurú resiste nueva embestida del empresario Orlando Canido protegido por la justicia provincial. El dueño de la marca de gaseosas Manaos llegó en 2012 a la zona y mantiene numerosos conflictos.

Por Susana Lara

La justicia ordinaria de Santiago del Estero frenó el desalojo dispuesto contra una comunidad del pueblo originario Guaycurú en el paraje Bajo Hondo, se retiró la policía provincial del lugar y personal del empresario Orlando Canido destruyó alambradas del espacio en conflicto el domingo y este lunes. Desde 2012, Canido pretende apropiarse del territorio de la comunidad Yaku Cachi, lo que ha podido hacer en algunas fracciones, donde desmontó el bosque nativo y sembró soja. La comunidad resiste las amenazas y acciones de violencia acompañada por organizaciones hermanas, mientras en la capital provincial sus representantes legales hicieron presentaciones ante la justicia.

María José Venancio, representante legal de la comunidad, y Julián Fernández, director del Departamento Jurídico del INAI, nos dieron precisiones sobre el conflicto que recrudeció el fin de semana a unos 80 kilómetros de la localidad Quimili, sobre ruta provincial 116, en el predio que la comunidad identifica históricamente como lote 5 y el capital privado llama establecimiento “La gran hondonada”.

“La policía se retiró el sábado y la comunidad quedó cercada por los empleados del privado que cortaron y tiraron alambrados. Son unas 150 familias las que ejercen la ocupación tradicional en mil hectáreas que son parte del conflicto actual, de las 2000 que pretende Canido en ese lugar. Las que sufrieron el atropello directo el fin de semana son entre ocho y diez familias. El desalojo se pretendió hacer con una orden de 2019 en un expediente que tampoco correspondería, ya que es un amparo interpuesto por la propia comunidad ante los numerosos actos de violencia que sufre. La misma jueza Rosa Hortensia Falco, titular del Juzgado de Transición Nº 1, reconoció en su fallo que ella no está facultada para entender en el conflicto de fondo por el derecho al territorio. El empresario dice que compró en 2012 derechos sucesorios, pero jamás acreditó en ningún expediente esa supuesta compra ni inició la causa civil correspondiente. Ingresaron en varias oportunidades años anteriores, con bandas a los tiros –hubo un compañero herido-, envenenaron los pozos de agua, prendieron fuego las viviendas. Vecino al territorio de la comunidad tiene una plantación de soja, que fumiga dañando la vida de la gente”.

Esa descripción se completa con la documentación aportada por Fernández, quien durante años intervino en estos expedientes, incluso antes de asumir el cargo actual en el INAI. 2016 fue un año de mucha violencia ejercida por el empresario (junio, julio y setiembre) y 2019, de acuerdo a documentos presentados en los expedientes como ante ministros del gobierno santiagueño.

“La justicia jamás nos notificó de esa orden pendiente de hace dos años”, aseguró Venancio. Incluso, ese expediente se perdió –supuestamente- y fue reconstruído sólo con el aporte de Canido, sin que la comunidad tuviera la oportunidad de intervenir. “Esta jueza no sólo desconoció el derecho de fondo de los pueblos originarios en Argentina, sino también las mínimas garantías de derecho a la defensa”. El conflicto fue planteado en el comité de emergencia para los conflictos de tierras, espacio creado por ley provincial en la órbita de la Jefatura de Gabinete, especialmente ante el uso sistemático de patotas armadas. En ocasiones contrataron gente de la capital provincial; en otras, mano de obra especializada de barras bravas de Buenos Aires, aseguró la abogada.

El sábado 12 se presentaron para ejecutar el desalojo unos 50 efectivos de la policía común. Para la tarde eran unos cien polícias de la división Canes y de las comisarías cercanas a Quimili. “El dispositivo fue totalmente desproporcionado”, evaluó Venancio.

La documentación facilitada por el INAI permite identificar distintos momentos del proceso de despojo. Con un fallo anterior, Canido logró que se disponga el retiro de animales vacunos del campo para facilitar la fumigación de 300 hectáreas de soja y/o los trabajos necesarios para mantener la siembra hasta su cosecha. El empresario consideró que la policía debía estar al servicio de su proyecto privado, reclamando “que personal policial se constituyan en el inmueble y garanticen el ingreso del denunciante al terreno, como así la protección de operarios y personal a cargo y maquinarias utilizadas por el tiempo necesario hasta que culminen los trabajos”. Fue denunciado tanto él como el personal a su cargo perfectamente identificado por numerosos ataques a la Yaku Kachi, entre ellos incendios, matanza de animales, disparos intimidatorios en presencia del empresario que “dirigió un operativo” de 2016, según se denunció formalmente. En una oportunidad, la policía local advirtió a la banda parapolicial que llegaría la policía de la capital, lo que les permitió retirarse a tiempo y esconder las armas de fuego en el monte.

El INAI, al igual que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y Greenpace Argentina (Ong ambientalista), denunciaron que Canido desmontó alrededor de 500 hectáreas de bosque nativo, los que se encuentran protegidos por la ley N° 26.331. Pero, sobre todo son fundamentales para el desarrollo de la economía tradicional comunitaria y su autoabastecimiento. Después, sembró soja y maíz comenzó a fumigar con glifosato contaminando el ambiente y envenenando a la población y animales.

Fotos MOCASE