La medición de la pobreza: datos, prejuicios y realidad

El 17 de Junio de 2021 fueron publicadas las más recientes estimaciones sobre el valor monetario de la llamada canasta básica total (CBT), comúnmente conocida como línea de pobreza. Asimismo, en el mismo informe se conoció el valor de la canasta básica alimentaria (CBA), o línea de indigencia.

La CBA estima el costo de adquirir los alimentos para que una persona pueda cubrir “los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles”. La CBT agrega a los requerimientos alimenticios una cantidad de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el valor de la canasta de indigencia (CBA) fue en Mayo de 2021 de $8875, mientras que la CBT fue de $20856 para una persona. Ese es el monto que se calcula para lo que el INDEC denomina “adulto equivalente” (varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada). A partir de ese parámetro, se estima la CBA y CBT para mujeres, niñes y adultes mayores.

A modo de ejemplo, si el “adulto equivalente” tiene un valor de 1, una mujer adulta (30-60 años de edad, de actividad moderada) equivale a 0,77, mientras un niño de 6 años equivale a 0,64, una niña de 8 años equivale a 0,68 (tabla de equivalencias, cuadro 4). Si estas cuatro personas constituyen un hogar, en lugar de representar a cuatro personas será sólo 3,09 adultos equivalentes (1 por el varón más 0,77 por la mujer más 0,64 por el niño, más 0,68 por la niña). De esa forma, para ese hogar se estima que la línea de indigencia llega a $ 27423,75 (3,09 x $8875) mientras que la línea de pobreza alcanzará a $ 64445,04 por mes (3,09 x $ 20856).

Varias críticas se han hecho a la forma de construir estos indicadores de privación material. Según la licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, Caroll Lema Cuesta, varios elementos son cuestionables. Por un lado, la estrategia de estimación de los consumos alimentarios mínimos “ha sido objeto de varias críticas en cuanto al valor nutricional de los alimentos incorporados, remarcando el déficit de frutas, verduras, y alimentos fuente de fibra”.

Por otro lado, Lema Cuesta (que integra el Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica) señaló que el gran faltante dentro de los consumos mínimos “son los bienes de gestión menstrual que para mujeres (y cuerpos gestantes) marcan un gasto necesario y constante a lo largo de toda la vida reproductiva. Según un estudio de Justicia Menstrual del Ministerio de Economía de la Nación, para el año 2020 el costo anual de utilizar toallitas fue de $ 3228 y el de usar tampones de $ 4327”. Esto representa entre 6,7% y 8,9% del ingreso mensual para las personas con capacidad de gestar en hogares que forman parte del 10% más pobre de la población.Según Lema Cuesta, estos productos debieran ser incluidos “de manera explícita en las canastas porque no es una opción utilizarlos o no sino que son de necesidad básica”.

Por otra parte, explica que al medir sólo los ingresos totales por hogar “se mantiene invisibilizada la distribución desigual que se da dentro de los mismos en función a la asimetría de relaciones de poder en base al género”. Dado que la violencia económica es una de las principales violencias sufridas por mujeres, es lógico pensar que los ingresos intrahogar no se distribuyen equitativamente. Esto quiere decir “que las mujeres pobres pueden vivir en hogares que no están bajo la línea de la pobreza”.

Por último, la Licenciada Lema Cuesta (que forma parte de CoPenCE – Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía/UNC) señaló que estas estimaciones del INDEC son unidimensionales, ya que sólo toman en cuenta los ingresos monetarios. En este sentido, indica que desde una perspectiva de género debiera considerarse que “las mujeres son las más propensas a sufrir pobreza de tiempo”, ya que dedican mucho tiempo a tareas de cuidado y reproducción no remuneradas. Esta carencia no sólo limita los momentos de tiempo libre, formación y autocuidado, sino que reduce la posibilidad de “acceso al mercado laboral, con la consecuente falta de ingresos, independencia económica, planificación económica de la vejez, etcétera”. En efecto, la Encuesta de Uso del Tiempo realizada por la Dirección de Estadísticas de Buenos Aires en 2016 indicó que las mujeres dedican en promedio 9 horas y media diarias al trabajo no remunerado mientras los varones sólo 5 horas y media por día, y “esta situación empeora en hogares con menores ingresos”.

Con estas y otras limitaciones, estas líneas de pobreza e indigencia deberían servir para orientar la política pública.

Nadie debiera pasar hambre (es decir, estar por debajo de la indigencia) ni ser pobre (estar por debajo de la CBT). Sin embargo, el Estado argentino no parece tener como prioridad evitarlo.

Dos ejemplos muestran la pauta de que lo que opera como política de Estado es “la miseria planificada”, que Rodolfo Walsh denunciaba en su Carta Abierta a la Junta Militar de 1977. En primer lugar, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM): según el último acuerdo del Consejo del SMVM, su valor es $ 24408. Es decir, para el hogar que ejemplificamos, si los dos adultos tienen un empleo y cobran el mínimo legal, estarán $ 15629,04 por debajo de la línea de pobreza. El SMVM debería subir al menos 32% para que ese hogar deje de ser pobre por ingresos. Por otro lado, si ambos adultxs están sin empleo formal y participan del programa Potenciar Trabajo, en Mayo de 2021 recibieron $ 12204 (equivalente a medio salario mínimo). Dado que la familia de nuestro ejemplo tiene dos niñes recibieron alrededor de $ 4017 por Asignación Universal por Hije (o $ 8034 en total por ambxs). Su ingreso total garantizado será de alrededor de $ 32442, es decir sólo 50% de la línea de pobreza, y apenas un 18,3% por encima de la línea de indigencia.

Trabajar en Argentina, formalmente o de manera informal en la economía popular, no evita la pobreza. Datos y realidad.

*Dr. en Economía, Dr. en Ciencias Sociales. Profesor UNLP. Investigador del CONICET.

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