Sobrevivientes del brote de hantavirus activaron causa federal contra el Estado

Vecinxs de la comarca andina de Chubut iniciaron causa federal en Esquel por responsabilidades por el brote de hanta del verano 2018/2019. Una vecina que adquirió el virus inició la querella. El juzgado es el mismo que intervino en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Fabiola Salerno Schmuck, docente de Epuyén, noroeste de Chubut, declaró como querellante en la causa que inició ante la justicia federal por presuntas responsabilidades estatales en la propagación del brote de hantavirus que se registró en la comarca andina entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. En la primera ronda de declaraciones la semana pasada, también declararon dos integrantes de otras tantas familias de las 34 personas que adquirieron el virus del hanta, enfermedad endémica de los Andes del sur de Chile y Argentina.

Víctimas sobrevivientes del último brote impulsan el expediente por el delito de acción pública de propagación de peligro sanitario, por la omisión dañina en el ocultamiento en que el brote de hanta virus se propaga por contagio interpersonal -pudiendo causar la muerte- y la falta de implementación de una política pública para mitigar el contagio. Lxs sobrevivientes y lxs familiares de las víctimas fatales iniciaron el aporte de pruebas sobre la intervención de las áreas de salud de Nación y provincia; la Jefatura de Policía, Turismo y Educación de Chubut; y los gobiernos municipales de la comarca andina (Epuyén, El Hoyo, Puelo, Maitén y Esquel) por su intervención en la emergencia sanitaria.

A fines del año pasado fue admitida la querella de lxs vecinxs sobrevivientes. El miércoles 15 se realizó una audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Esquel, ya que la Fiscalía Federal declaró su incompetencia parcial. En esa audiencia declararon Facundo Quinteros, pareja de Loreley Valle, una de las víctimas fatales, y Lorena Vargas Ampuero, con once familiares alcanzados por el virus, algunos sobrevivientes y otros que perdieron la vida. Entienden en la causa el juez Rubén Otranto y el fiscal Federico Baquioni.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la negación del contagio interpersonal por parte de funcionarixs públicos que actuaron en ese momento, a pesar que desde 1996 investigaciones epidemiológicas publicadas afirman que el hanta se contagia de persona a persona.

Salerno, Quinteros y Vargas Ampuero son parte de un grupo de la comarca andina que brindó su testimonio desde el primer momento, rompió el cerco de silencio y participó de diferentes actividades comunitarias de debate público sobre el caso. La pandemia Covid-19 posterior confirma el valor social y político de la posición comunitaria.

En la foto: Fabiola Salerno y Sebastian Valle (sobrevivientes)