Los innombrados, las innombradas: Marcelo Verd, Sara Palacio; Mirta Misetich y Juan Pablo Maestre

La represión durante la dictadura de Lanusse como antesala del genocidio en “Nuevo
Hombre”

“Nuevo Hombre” fue una revista vinculada al FAS (Frente Antimperialista por el
Socialismo), frente que nucleó el peronismo revolucionario, campo de Rodolfo Ortega Peña y
Eduardo Luis Duhalde, la izquierda revolucionaria del PRT y sectores maoístas del PC (M-L)
(Partido Comunista Marxista Leninista), más un espectro amplio de intelectuales como Silvio
Frondizi, Enrique Walker, Rodolfo Matarollo, Alicia Eguren; poetas y escritores como
Haroldo Conti, Roberto Santoro y Miguel Ángel Bustos; obreros revolucionarios como
Agustín Tosco, o Armando Jaime.
En los artículos en ella escritos en 1971, por Ortega Peña y Duhalde, se denuncia cómo
actúan los escuadrones de la muerte paraestatales durante la dictadura que impera en
Argentina en ese momento: la de Alejandro Agustín Lanusse. Se pone en evidencia una
nueva metodología de eliminación del insurgente: la del secuestro y desaparición de persona
llevada adelante por grupos parapoliciales. Ha comenzado con el secuestro de Felipe Vallese
el 23 de agosto de 1962, durante el gobierno de facto de José María Guido, pero desde fines
del 70 y durante 1971 hay una escalada notable de este tipo de ataques contra insurgentes.
Estos, los insurgentes, están encriptados, debido a que deben actuar en la clandestinidad, a
veces porque han dado un carácter de secretas a sus organizaciones y otras, llevados por la
necesidad al estar en proceso de formación y acumulación de fuerzas. Así es como algunos
secuestrados y desaparecidos (Marcelo Verd y Sara Palacio el 2 de Julio, Mirta Misetich el 13
de Julio) o asesinados en vía pública (Juan Pablo Maestre el 13 de Julio), o detenidos,
(Roberto Quieto, el 7 de Julio), todos en 1971, eran partícipes incipientes de las proto FAR
que en 1969 han realizado el atentado a los supermercados Minimax de Nelson Rockefeller,
en oportunidad de la visita del magnate al país, y luego, para dar a conocer públicamente la
organización como Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), protagonizado la toma del
pueblo de Garín, en 1970. En la revista Nuevo Hombre se da a entender que son
combatientes, a través del discurso de despedida del mayor Bernardo Alberte en las exequias
de Maestre en nombre de las FAR. También elusivamente, en notas laterales que se refieren a
los carteles y los cánticos: Perón, Montoneros, FAR, FAP, PRT-ERP. Nuestra mirada se

focalizará en los secuestros sucesivos de Verd y Palacio, en San Juan, y de Misetich, en
Buenos Aires; más el frustrado, porque intenta escapar y es asesinado, de Maestre.
Los autores de las notas escritas unos meses después fueron a su vez integrantes del equipo
de abogados defensores de perseguidos políticos junto con Silvio Frondizi, Susana Delgado,
Mario Hernández y Roberto Sinigaglia. Este equipo aportó pruebas de la participación en el
asesinato de Maestre, de organismos de seguridad del Estado: el anuncio del procedimiento
había sido escuchado por radioaficionados en la frecuencia policial y, en la mañana del día
del secuestro, una comisión de la Superintendencia de Seguridad Federal se había presentado,
a fin de detenerlo, en la firma Gillette donde había trabajado Maestre. El miércoles 14, el
cadáver de Juan Pablo Maestre fue arrojado en un zanjón, cerca de Escobar. De este grupo de
abogados aparecen en Nuevo Hombre declaraciones colectivas señalando la responsabilidad
de las fuerzas represivas del Estado en las operaciones que se estaban extendiendo en otros
lugares de América latina, tales Brasil o Guatemala.
El discurso de Nuevo Hombre a través de las notas de Ortega Peña y Duhalde como otras
notas y entrevistas, está orientado a acompañar a la insurgencia armada y defenderla desde el
punto de vista político y legal debido a que consideran justa su rebelión; sostienen que la
violencia está impuesta por el sistema capitalista y el aparato del Estado represor que
garantiza la opresión y la explotación a la vez que hambrea y despoja a los sectores
populares. Su resistencia es legítima y se inscribe en aquellas luchas por la justicia y la
libertad, dadas en el siglo XIX, contra la colonia, los imperios, las monarquías, las
oligarquías y los usurpadores del poder. Sin embargo trabajan con cierto enmascaramiento
como puede notarse en la manera como denominan a algunas de las víctimas o de los
perseguidos como Roberto Quieto, al cual llaman doctor, refiriendo de esa manera su
profesión de abogado. Asimismo, Marcelo Verd es el odontólogo y Sara Palacio, la obstetra.
Es decir, son presentados en una de sus facetas, como profesionales, intelectuales y no
combatientes revolucionarios.
Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, cuando refieren el secuestro de Marcelo Verd
y Sara Palacio, evocan la rebelión de Felipe Varela y en las notas relativas a Juan Pablo
Maestre y Mirta Misetich, remiten al asesinato de Ángel Vicente Peñaloza quien había sido
colocado en la ilegalidad por el Estado liberal y tratado como delincuente común con la
intención de justificar el crimen.
Ortega Peña y Duhalde estudiaron y escribieron numerosos ensayos relativos a la historia
política de los caudillos federales, entre ellos Felipe Varela contra el Imperio Británico de
1965; Facundo y la montonera, Felipe Varela y la cuestión nacional en Manifiesto General

de Felipe Varela, Felipe Varela y la toma de Salta todos estos publicados por primera vez en 1968.

Es decir, tienen, en 1971, desarrollado un camino específico en la antihistoria liberal y
son pioneros en el descubrimiento del valor político estratégico del pensamiento y práctica de
Felipe Varela. Este, con su levantamiento producido en 1866 y convocatoria a las armas
dirigida a los “compatriotas nacionalistas”, propició la rebelión contra la guerra del Paraguay
en nombre de la Unión Americana y contra el Estado centralista presidido por Bartolomé
Mitre.
A semejanza de estos militantes, abogados, escritores y periodistas, José Hernández, en 1863,
había denunciado al aparato estatal mitrista, en particular a su representante en el gobierno de
San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, por el asesinato a traición y exhibición pública en
una pica, de la cabeza de Ángel Vicente Peñaloza, en Olta, el pueblo natal del caudillo
riojano. Y el propio texto autojustificador que Sarmiento publica en EEUU en 1868, titulado,
“Ángel Vicente Peñaloza, último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863”,
en la tercera edición de “Facundo”, es el que permite establecer las continuidades en las
políticas asumidas por el Estado nacional en relación a los insurgentes, su política de
considerarlos delincuentes pero aun así infringir todas las posibles reglas a tener cuenta,
porque el Chacho fue asesinado mientras descansaba, lanceado y degollado y los insurgentes
guerrilleros fueron secuestrados y no se sabe de ellos aún. Sarmiento debe encubrir el crimen
horrendo porque ni las prácticas que enunció como lícitas para tratar a los outlaw fueron las
aplicadas contra el Chacho; los responsables de los primeros secuestros en 1971, fueron los
responsables del terrorismo de Estado último que concluyó inscribiéndose en una práctica
social de genocidio. Algunos de ellos, luego de un largo período de impunidad en Argentina,
alcanzaron a ser juzgados como Luciano Benjamín Menéndez.
Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde sostienen, en 1971, que la dictadura de
Lanusse se ha constituido en criminal de guerra al recurrir al método del secuestro y asesinato
por vía de los escuadrones de la muerte y no respetar los derechos de los insurgentes armados
en caso de ser vencidos, en los términos que la teoría de la guerra de guerrillas
contemporánea. Recuerdan en este sentido la “Teoría del partisano” de Carl Smith quien, a
pesar de ser un nacionalsocialista, reconoce el carácter superior desde el punto vista moral
que posee alguien convocado a la guerra desde un partido político, tal el caso de los
guerrilleros de diversos lugares del mundo durante el siglo XX.
Los de Garín convocan, en Argentina en 1970, a la guerra revolucionaria contra el estado
injusto de las cosas causado por el capitalismo y su capacidad de cubrir de telarañas la
totalidad de la vida a través de sus discursos y aparatos ideológicos. Felipe Varela había

convocado a la toma de las armas a los compatriotas nacionalistas para revelarse contra el
estado mitrista y su decisión de llevar adelante la guerra contra el Paraguay en alianza con los
colorados uruguayos y el imperio del Brasil.
Entonces, este escrito remite al pasado del siglo XIX pero también al presente, o mejor, a
todo el proceso posterior a 1971, año en el que se anclan los artículos de Nuevo Hombre que
se analizan. Cuando caracterizamos y contextualizamos la época: los 70 del siglo XX en
Argentina, los sujetos convocados que lucharon por una nueva sociedad, son los muertos,
baleados, secuestrados, torturados con posterioridad; los que debieron y pudieron exiliarse;
también vemos cómo de algunos y algunas no hubo ni enunciación de justicia, no aparecieron
en las listas del “Nunca Más”; sus familiares y descendientes recién en la segunda década del
presente siglo pudieron iniciar un pedido de justicia, como en el caso de Sara Palacio y
Marcelo Verd por cuyos secuestros y asesinatos se inició el juicio en 2019 (ver “Audiencia
13/ Continuidad innegable. 27-9-2019 en juicios mendoza 9. word press.com). Han sido por
medio siglo los innombrados, las innombradas.
Leer en “Nuevo Hombre” de 1971 los dichos de Luciano Menéndez hablando de traidores a
la patria al referirse a los insurgentes y saber que es el que ha sido juzgado por crímenes de
lesa humanidad redundantemente, da razón al concepto del largo plazo en la construcción del
enemigo por parte del Estado, de la imagen monstruosa que se ha asignado al revolucionario.
A su vez, se pone en evidencia el nivel de conocimiento por parte del campo revolucionario,
de la peligrosidad del enemigo del pueblo constituido en escuadrón de la muerte; también
reconocemos las tempranas advertencias, que resuenan hoy desesperantes, realizadas desde
“Nuevo Hombre”.
Finalmente emociona que se realicen los juicios por delitos de lesa humanidad y práctica
social de genocidio, incorporando en un largo plazo que se remonta mucho antes y mucho
después que la última dictadura militar de Argentina. Que no se oculte u omita la militancia
de los insurgentes y que se condene la represión sistemática que se caracterizó por
“inteligencia previa, intervención de varias fuerzas y grupos de tareas, secuestros, tortura y, en
algunos casos, la desaparición forzada” como sostiene el texto de la fiscalía en el juicio por los
secuestros de Marcelo Verd y Sara Palacio, que se está desarrollado en Mendoza en nuestro
presente cercano (https://www.anred.org/2019/09/16/el-secuestro-y-asesinato-de-sara-palacio-y-
marcelo-verd-en-julio-1971-a-juicio-en-mendoza/).