Un DNU para Pfizer, de lo inaceptable a lo necesario

Lo innecesario se transformó en imprescindible con un decreto presidencial e información secreta que sólo puede beneficiar a los laboratorios de Estados Unidos.

Cuando el año pasado el Congreso aprobó, de manera exprés, la ley N° 27573, sancionada el 29 de Octubre de 2020, que daba cumplimiento a las exigencias y chantajes de las corporaciones farmacéuticas para el envió de vacunas,  el entonces Ministro de Salud, Ginés González García, declaraba que las concesiones hechas eran  el único camino posible, pero  que las pretensiones de los laboratorios de EEUU, particularmente de Pfizer, eran inaceptables. Como todo lo relativo a este tema,  a pesar de su vital importancia, se maneja en secreto, nunca se supo cuáles eran estas demandas.

¿Qué cambió para que lo inaceptable se convirtiera en necesario, para que el presidente Fernández  emitiera  un decreto que contiene clausulas aún más lesivas para la sociedad y el derecho consagrado?¿Por qué lo que era suficiente resguardo  para otras empresas fabricantes de vacunas no lo era  para las estadounidenses?

Desde principio de año, aunque con retraso, se ha ido incrementando el ritmo de vacunación con la llegada de millones de dosis de distintos orígenes,  también se están  por incorporar las vacunas de producción nacional. El plan anunciado habla de terminar de vacunar a la mayor parte de la población en uno o dos meses, por  tanto  las vacunas de Pfizer no son  imprescindibles para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Por otra parte, no existe aval científico suficiente para afirmar que las vacunas de Pfitzer, Moderna y Jansen, son aptas para los niños y  las otras no, sobre todo teniendo en cuenta que operan sobre el sistema inmunológico de los que las reciben.

El DECNU-2021-431-APN-PTE  establece que se libera a las  farmacéuticas de toda responsabilidad por negligencia y  los daños que puedan ocasionar sus vacunas  y se les otorga  indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas.  También se creará el Fondo de Reparación COVID-19 que tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas  que hayan padecido un daño en la salud física o a familiares de los  fallecidos, como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.

¿Cuál es la razón y la urgencia para tamaño disparate jurídico y la violación flagrante de nuestra soberanía? Los editoriales de la prensa oficialista lo expresaron sin pudor alguno, uno de los objetivos centrales  es desarmar la campaña de la oposición, que  acusa al gobierno de   irresponsable. Una oposición de derecha que viene realizando un descarado lobbysmo a favor de los laboratorios de EEUU, al tiempo que se oponía a la aplicación de las provistas por Rusia y China.  Es decir, sin tapujos,  se vuelve a ceder ante la presión de la derecha y sus medios. Esta política no hace más que seguir  sumando opacidad  y porosidad en la línea que separa al gobierno de la oposición.  Nuevamente se adaptan los argumentos a la coyuntura, electoral en estos casos, mientras que las razones de ayer se volatilizan rápidamente hoy. En ese sentido no quedan dudas que también la actividad a favor de las corporaciones tiene muchos promotores  y adeptos en las filas del oficialismo.

Cómo se puede usar la necesidad de vacunar a menores de edad cuando los  mismos  laboratorios, que ofrecen la vacuna salvadora, exigen como condición excluyente la  inmunidad por daños físicos y fallecimientos que pueda ocurrir por su aplicación. Peor  aún, el gobierno ofrece hacerse cargo de las indemnizaciones.  ¿Quién está dispuesto a poner en  riesgo una vida, joven en este caso, a cambio de una suma de dinero?  Muy contradictorio para  quienes plantean que  la vida es más importante que la economía.

Por otra parte, el gobierno está dispuesto a crear un fondo con recursos que se deberían volcar a ampliar y multiplicar los servicios de hospitales y clínicas, ante las cifras escalofriantes de muertes por el COVID  19; hace semanas que el país se halla en los nefastos primeros lugares entre los que más muertes tienen por millón de habitantes.  Se siguen poniendo patas arriba las prioridades.