Armas y municiones para Bolivia: una puntada más en el tejido de la conspiración

El descubrimiento de que el gobierno de Mauricio Macri envió materiales militares para pertrechar a las fuerzas que reprimían a las protestas populares contra el golpe de Estado en Bolivia, saca a la luz apenas un hecho de los muchos cometidos por el gobierno de Estados Unidos y el Grupo de Lima en los últimos años.

La aparición de la carta de un general de la Fuerza Aérea Boliviana agradeciendo al gobierno de Muricio Macri por el envio de material de uso represivo (balas de goma, granadas lacrimógenas, etc.) a pocos días de haberse producido el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, ha provocado un escándalo político en la Argentina. Tirando de ese hilo se puede conjeturar que el envío no fue solamente de material antidisturbios, sino que tambíen se enviaron espías, quienes permanecieron durante un tiempo prolongado en territorio boliviano. Y que el extraño viaje realizado por Ivanka Trump a Jujuy en setiembre de 2019, no fue producto de la repentina admiración de la hija del presidente de Estados Unidos por la quebrada de Humahuaca, ni para promover un plan global de empoderamiento de las mujeres.
La aparición de otros documentos que revelan que Lenin Moreno, entonces presidente de Ecuador, tambíen mandó material militar a los golpistas y la descarada participación del Secretario de la OEA Luis Almagro, avalando las nunca demostradas acusaciones de fraude, develan que la trama golpista era mucho más extensa. La conspiración que desalojó del gobierno a Evo Morales, excedía a la derecha política y a algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policia boliviana. Contó con la participación efectiva del Grupo de Lima y la OEA, y la inspiración del gobierno de Estados Unidos.
Este tipos de hechos en los que países vecinos intervienen contra gobiernos de países considerados poco afines con Estados Unidos, tienen otros antecedentes cercanos. Mencionamos sólo algunos.
EL 31 de agosto de 2016 el Senado de Brasil destituyó a la Presidenta Dilma Rouseff, acusándola de cargos que en ningún país democratico pueden validarse como causa para despedir a un presidente. Consumado el golpe parlamentario, las nuevas autoridades fueron reconocidas inmediatamente por Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Colombia.
El 4 de agosto de 2018 se intentó asesinar al presidente de Venezuela Nicolas Maduro y a buena parte de la plana mayor militar de ese país con la utilización de dos drones. La investigación precisó que quienes participaron del ataque fueron entrenados en una granja llama Atalanta, municipio Chinacota, en en norte de Santander, Cúcuta, Colombia y que recibieron financiamiento desde el estado de Florida, Estados Unidos.
En mayo de 2020 fue detenido en Venezuela un grupo de mercenarios organizados por la contratista estadounidense Silvercorp.USA, cuyo dueño Jordan Goudreau, se hizo cargo de la operación militar, confirmando que la acción fue preparada durante meses desde territorio colombiano, en la zona de La Guajira.
En los últimos días se produjo el asesinato del presidente de Haiti, Jovenel Moïse. Resultaba difícil identificar quiénes habían sido los responsables del magnicidio, porque el presidente tenía muchos enemigos entre los que se contaban las fuerzas populares de oposición, bandas armadas de delincuentes que había intentado desarticular y, también, el gobierno de Estados Unidos que había apadrinado su candidatura, pero que en los últimos tiempos lo estaba caracterizando como un obstáculo por su decisión de perpetuarse en el poder. Se ha detenido a los autores materiales del asesinato y se comprobó que son mercenarios colombianos y estadounidenses, que habían ingresado desde República Dominicana.
Como se advertirá, en los hechos mencionados algunos actores se repiten. Desde lo operativo se confirma que, desde hace años, Estados Unidos no aplica sus politicas intervencionistas apelando a sus marines, sino que prefiere recurrir a mercenarios y a la participación de países vecinos cómplices. Pero la trama conspirativa, que algunos analistas han denominado “Nuevo Plan Condor”, no se reduce a financistas y mercenarios. También intervienen altos funcionarios como el secretario de la OEA, gobernantes de distintos países, medios monopólicos de prensa que desinforman en cadena y personajes supuestamente progresistas como la Alta ComIsionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
El gobierno argentino ha actuado correctamente, disculpándose ante el gobierno y el pueblo de Bolivia. También anunciando que investigará la responsabilidad de funcionarios y distintos organismos del Estado argentino en el apoyo al golpe en Bolivia. La investigación tiene que hacerla por una cuestión de autodefensa. Si lo hace se encontrará con algunas sorpresas que lo obligarán a revisar algunas posiciones de su Cancillería y del presidente de la Cámara de Diputados, siempre muy interesado en parecer amigable con los Estados Unidos.