Vi LUC y subí. El pueblo uruguayo logra llamar a referéndum

En 2020 el gobierno de Lacalle Pou logró aprobar la Ley de Urgente Consideración (LUC), una ley ómnibus para pasar casi sin debate y de manera express una serie de reformas represivas. Luego de un trabajo de hormiga en medio de la pandemia, el pueblo organizado consiguió 800 mil firmas para obligar la convocatoria de un referéndum revocatorio de dicha ley.

En Julio de 2020, el gobierno de Lacalle Pou (del Partido Nacional) logró aprobar una una ley ómnibus a través del proceso de LUC (Ley de Urgente Consideración), creado para situaciones de excepcionalidad y que permite que una ley sea votada de manera exprés en menos de 90 días. El gobierno de derecha intentó a través de esta ley poner en acción su propuesta electoral, en especial su intención de limitar el derecho a la protesta, entre otros objetivos. Esta ley ómnibus modifica muchos códigos y leyes anteriores, lo cual hizo difícil el debate y comprensión para el conjunto de la población.

Según nos explicó Alicia Migliaro (docente de la Universidad de la República y militante social) las organizaciones populares rechazaron desde su inicio la LUC por varios motivos principales. Por un lado, por el abuso jurídico y anti democrático que significaba. El estatuto constitucional que habilita la posibilidad de usar esta figura legal para situaciones de emergencia. Sin embargo, el gobierno uruguayo no impulsó la ley, por ejemplo, para atender la pandemia; de hecho, el proyecto de ley ómnibus fue presentado antes de la pandemia y votado prácticamente como si la misma no existiera. Al contrario, el objetivo era poner orden y marcar una nueva agenda conservadora sin el debate correspondiente. En este sentido, Cecilia Matonte (docente de la Universidad de la República y militante de base en el Frente Amplio y cooperativista de vivienda) nos explicó que el gobierno avanzó rápidamente con esta iniciativa por la debilidad de su propia alianza, construida a partir de la segunda vuelta en las elecciones nacionales de noviembre de 2019.

Por otra parte, Migliaro nos señaló que, desde el punto de vista del contenido, la LUC vino a restringir las libertades sindicales y el derecho a la protesta, permitir los allanamientos nocturnos en las casas, modificar el código de niñez y adolescencia, o habilitar el desalojo en solo 3 dias de alguien que no pague el alquiler de su vivienda. Estas reformas se impulsan en medio de la actual situación de crisis económica y pandemia. Es una ley “antipopular, antidemocrática y que precariza la vida” afirmó.

Desde el campo del pueblo se organizó una campaña para derogar la ley por la vía de un referéndum, en la amplia tradición del pueblo uruguayo de convocar a referéndums y consultas populares. Matonte nos explicó que se organizó una Intersocial ampliada, sumando a la mayor parte de las organizaciones populares del Uruguay. La Intersocial histórica estaba integrada por la Central Sindical PIT-CNT, la Federación de Viviendas por Ayuda Mutua -FUCVAM- y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay -FEUU-, entre otras organizaciones, a las cuales para impulsar la convocatoria del referéndum, en un principio se sumaron otras organizaciones como el Mercado Popular de Subsistencia (organización barrial de consumo que ha crecido durante la pandemia, y moviliza a un pluralidad de fuerzas militantes por fuera de las organizaciones tradicionales), así como organizaciones ambientalistas y feministas (tanto autónomas como institucionales).

Finalmente por diferencias al interior de la Intersocial, se impulsaron dos convocatorias de juntada de firmas para impulsar la derogación. Por un lado, un conjunto de organizaciones convocaron a la derogación completa de la LUC por considerarla viciada de nulidad. Por otra parte, otras organizaciones (el Frente Amplio más las organizaciones que históricamente integraron la Intersocial) plantearon la necesidad de lograr la derogación de una serie de 135 artículos específicos de la ley. Varias organizaciones, entre ellas el Mercado Popular de Subsistencia, impulsaron la firma de ambas propuestas. Finalmente, el 8 de julio a las 17 horas se realizó una reunión en la que se anunció que se habían logrado 797.000 firmas para habilitar el referéndum de derogación de los 135 artículos (la propuesta que más apoyos recibió). El día y horario de la conferencia de prensa no fue casual: el 8 de Julio de 1973 “a las cinco de la tarde”, en medio de la dictadura cívico-militar (1973-1985), se convocó una movilización multitudinaria reclamando el retorno de la democracia y la República.

Todo esto fue logrado en el difícil contexto de la pandemia, con restricciones a la circulación y reuniones masivas. El objetivo de llegar al 25% del padrón se superó con creces. Con un trabajo de mucha capilaridad militante, se alcanzó un masivo apoyo, cercano al 30% del padrón electoral. Según nos explica Matonte, se dio un fenómeno de gran movilización de base no orgánica para la recolección de firmas, mientras las organizaciones políticas y sociales tendieron a concentrar la acumulación de las papeletas firmadas.

A partir de ahora, la Corte Electoral tiene 150 días hábiles para validar las firmas. A partir de allí, tiene 4 meses para fijar la fecha del referéndum con voto obligatorio. Comienza una nueva etapa. La administración de Lacalle Pou ha puesto en riesgo toda su estrategia de gobierno al negarse a debatir abiertamente el contenido de su propuesta política. Al buscar imponer su agenda a través de la LUC sin debate público, ahora juega todo su capital político en el referéndum. Por otra parte, el campo progresista apuesta esta disputa para poder recomponerse en el campo electoral y  recuperar el gobierno en 2024. En ese contexto, se abre un debate al interior del Frente Amplio, pues -como nos cuenta Matonte- algunos de sus diputados apoyaron varios de los 135 artículos que ahora se ponen en cuestión. El Pueblo uruguayo y sus organizaciones tienen ahora la última palabra.

Foto destacada Verónica Caballero