El ministro Ferraresi deja afuera del Pro.Cre.Ar a quienes más sufren el déficit habitacional

El ministro Ferraresi deja afuera del Pro.Cre.Ar a quienes más sufren el déficit habitacional

16Jul21 0 Por Tramas

Tramas tuvo oportunidad de conversar con militantes territoriales de CABA. Hablamos acerca de la política de exclusión que se lleva a cabo con los sectores más pobres de la ciudad, en materia de acceso a vivienda. Un acuerdo tácito entre funcionarios nacionales y de la ciudad obra como cobertura de la misma. Siguen a continuación algunas opiniones compartidas.

El lunes 5 de julio comenzó la inscripción para 603 viviendas de un total de 711 que integran el desarrollo de PRO.CRE.AR Estación Sáenz (Nueva Pompeya, CABA). Si bien el discurso del gobierno de Alberto Fernández es que se reimpulsa lo que Mauricio Macri dejó parado durante su mandato (lo cual no deja de ser verdad), desde el kirchnerismo no se hacen cargo, ni con el Pro.Cre.ar de Estación Saenz ni con el de la Estación Buenos Aires (en el límite entre Parque Patricios y Barracas, CABA), de que generan una revalorización del suelo en barrios obreros que perjudica a sus pobladores. Esto termina siendo no sólo excluyente en cuanto a condiciones de ingreso a los desarrollos urbanísticos del PRO.CRE.AR. También resulta ser una política expulsiva de los sectores que más sufren la emergencia habitacional en CABA. Los mismos que son históricamente desoídos en su demanda por tierra y vivienda, dignas y definitivas.

Vale la pena historiar cómo surge la posibilidad de la construcción de los planes habitacionales más grandes de los últimos años en CABA. Corría el 3 de noviembre de 2012, Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y Macri, jefe de gobierno de CABA. Bajo las órdenes de ambxs, en la legislatura porteña se firmaba uno de los tantos pactos entre macristas y kirchneristas. A cambio de tener los votos del PRO para rezonificar terrenos ferroviarios y emplazar allí emprendimientos estatales y privados, legisladores kirchneristas votaron a favor de proyectos del gobierno porteño: La creación de los distritos del diseño y de las artes así como un centro de transferencia de 38 hectáreas en Parque Roca. Y la venta del edificio del Plata (Carlos Pellegrini entre Sarmiento y Presidente Perón, CABA), para que el gobierno macrista financie la construcción de un Centro Cívico en terrenos del Hospital Borda (lo que devino en la brutal represión de unos meses más tarde).

Como si esto no fuese suficiente, uno de los grandes favorecidos con esta colusión fue Eduardo Elsztain, cabeza de Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA) y principal accionista del Banco Hipotecario. Fue quien ganó el remate del edificio del Plata, y con eso aumentó sus ya extensas posesiones de tierra en la ciudad y el país. Además de seguir engrosando sus arcas a través de los desarrollos urbanísticos de los PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires y Estación Sáenz. Para favorecer a amigues empresaries, claramente no hay “grieta”.

El emplazamiento de los planes PRO.CRE.AR en CABA, y el acuerdo para la creación de los distritos de las artes y del diseño dan para pensar. Es evidente que al entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y al actual gobierno de Alberto Fernández no les importan las tremendas consecuencias, en términos de expulsión que estos movimientos generan. Por ejemplo, el PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires se ubica en medio de una zona con casas colectivas que resisten al desalojo (siendo Casa Santa Cruz la más emblemática) y la villa 21-24-Zavaleta. Sin embargo, con tanta urgencia habitacional alrededor, se optó por un plan de 2476 viviendas destinadas a la clase media y  media-alta.

Hoy, vivimos un triste deja vú, ya que los requisitos de ingreso al PRO.CRE.AR de Estación Sáenz claramente dejan afuera a les vecines del Bajo Flores. Es allí donde 50 mil personas sufren hacinamiento y falta de servicios básicos. En números del propio Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), al 64% de las viviendas se accede sobre pasillo, el 97% están conectadas a la red eléctrica sin medidor, el 98% desagotan en la red cloacal con conexiones informales, y el promedio indica que hay más de dos familias por vivienda habitada. Si ya leerlo suena a injusticia, agreguemos el contexto de pandemia por COVID y pensemos cuánto valen, para el Estado en todas sus formas, las vidas de les vecines de las barriadas pobres de la ciudad.

Los términos del PRO.CRE.AR de Estación Sáenz son definitivamente excluyentes para las familias pobres. Ello se manifiesta a través de tres exigencias:

-Contar con un mínimo de dos salarios mínimos ($ 51840) por grupo familiar. Recordamos que en las barriadas se da un porcentaje muy alto de familias monomarentales que no cuentan con dichos ingresos.

-Llevar 12 meses de continuidad de trabajo “en blanco”. Esto exhibe un absoluto desconocimiento de la realidad laboral de gran parte de personas y familias pobres, duramente golpeadas por la pandemia. Y que difícilmente puedan sumar 12 meses de continuidad en el empleo. A lo que se agrega que el poco trabajo que hay se genera en condiciones de informalidad.

-Contar con una importante suma de dinero en calidad de anticipo, que puede llegar a superar el millón de pesos. Estamos hablando de personas que sólo pueden garantizar un plato de comida para sus hijes si concurren a comedores comunitarios.

La existencia de estas 711 viviendas en Pompeya no trascendió recién por la noticia del comienzo de la inscripción para sorteo de adjudicataries. Antes, en negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encabezado por Jorge Ferraresi, se ha planteado más de una vez la necesidad de contar con dichas viviendas. Se obtuvieron sólo respuestas negativas o la indiferencia. Por caso, Gabriel Barotanyi, asesor del ministro, dijo que no podrían ser destinadas a quienes menos tienen porque “al tener ascensor no van a poder pagar las expensas”.

De igual modo, a pesar de prometer un espacio de diálogo sobre el rediseño del PRO.CRE.AR, Juan Pablo Negro, que es Director Nacional de Desarrollos Urbanísticos, cortó el intercambio de manera unilateral. Además de insistir con la necesidad de criterios más flexibles de ingreso al PRO.CRE.AR, se le transmitó la preocupación de que se exijan terrenos a las organizaciones sociales (como si no fuera el mismo problema de la Ley 341, referente a vivienda para familias de bajos recursos). Esto deviene en que el ministerio sólo firme convenios con sindicatos, en su mayoría de tradición burocrática y de su mismo signo político. Y deja fuera de todo debate a las organizaciones que son críticas del gobierno nacional.

Como si soportar el ninguneo de parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fuese poco, Alberto Fernández, Ferraresi y amigues se “suben al tren” de no tomar en cuenta a les inquilines, precarizades y habitantes informales. En cada vez más ofertas de alquileres no aceptan niñes, y el Estado mira para otro lado. 9 millones de trabajadores en todo el país están en plena informalidad, pero no se tocan los intereses necesarios para frenar la explotación extrema. Se avanza con los desalojos en hoteles, pensiones, villas, casas colectivas y recuperaciones de tierra, mientras el gobierno nacional saca un protocolo para desalojos que sólo se aplica a contratos de alquileres formales.

Si miramos lo que pasa en la legislatura porteña, estamos a las puertas de un nuevo pacto PRO-K.  El kirchnerismo le permitiría al oficialismo de la ciudad votar una ley de modificación de catastro y de código de edificación. Lo que deja muy cercana la posibilidad de avanzar con “desarrollos inmobiliarios” en la costanera norte y con el emplazamiento de barrios cerrados en CABA. En trueque, el kirchnerismo plantea una “revitalización del microcentro”. Que en realidad consiste en créditos para reacondicionamiento con destino a vivienda de comercios y oficinas que han quedado ociosos a causa de la pandemia. Allí tampoco se  da prioridad a quienes más necesitan un techo. Las decisiones finales de a quién alquilar y a quién no quedan en manos de la “casta” propietaria. Y uno de los resultados será la  expulsión de quienes viven en los barrios porteños de Monserrat y San Cristóbal.

Hoy, más que nunca, exigimos vivienda para quienes más la necesitamos y no para encarecer nuestros barrios en beneficio del negocio inmobiliario. El gobierno nacional debe poner en pausa la inscripción al PRO.CRE.AR Estación Saenz, hasta rever esta situación. La militancia no descansará hasta que se garantice una vivienda digna y definitiva. Basta de invisibilización.

Foto de Agencia Télam.

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