En casa de herrero, cuchillo de palo

En casa de herrero, cuchillo de palo

16Jul21 0 Por Tramas

Por Hugo Antonio Blasco*

Se supone que una de las funciones fundamentales de la llamada “justicia”, es decir el poder judicial, es la de verificar el cumplimiento de las leyes y la constitución por parte de las personas y las instituciones. Sin embargo parece ser que en esa delicada e importante tarea incurre en algunas excepciones.

La constitución nacional incorpora, a partir de la reforma de 1994, una serie de derechos sociales entre los que se encuentra el derecho a la negociación colectiva para las y los trabajadores estatales.

Ese derecho surge de la aplicación del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Estado argentino había suscripto con anterioridad y que incluye entre sus destinatarios a las y los trabajadores judiciales.

La pregunta es: ¿por qué el gremio judicial no tiene negociación paritaria como cualquier otro gremio incluso estatal? ¿Por qué eso ocurre en provincias como la de Buenos Aires donde la Constitución provincial también reformada en el año 1994 “garantiza” ese derecho (artículo 39)?

Por estos días se habla mucho de la necesidad de una reforma judicial… Estamos totalmente de acuerdo. El tema es de qué reforma hablamos. No se trata de una reforma que simplemente ordene un cambio de nombres, o que se limite a modificar el número de juzgados y fiscalías, por ejemplo.

El poder judicial es el sector más conservador del Estado. Las juezas y los jueces al igual que las y los fiscales son elegidos mediante procesos dudosamente transparentes y no públicos por parte de representantes de los poderes legislativos y ejecutivos y de las y los abogados.

¿Puede llamar la atención entonces que sea un poder estatal absolutamente desacreditado y repudiado mayoritariamente por la ciudadanía de a pie? ¿A quiénes se deben, al pueblo o a quienes los eligieron mediante esos procedimientos?

Si pudiéramos definirlo con algunos calificativos diríamos que ese poder es autoritario, verticalista, jerárquico, elitista, antidemocrático, machista, patriarcal. Lo verificamos con sus fallos, su soberbia, su desprecio por quien reclama justicia alargando innecesariamente los tiempos procesales y también con lo que describíamos al principio de esta nota, es decir, en la relación con sus trabajadoras y trabajadores.

Eso es lo que explica la obstinada negativa de la Corte nacional y de la enorme mayoría de los Superiores Tribunales de Justicia y Cortes provinciales a rechazar la negociación colectiva en el sistema judicial argentino. Sólo en seis de veinticuatro jurisdicciones hay negociación colectiva y en una sola, convenio colectivo de trabajo.

La demanda de la hora es impulsar una profunda reforma judicial de la que participen los más amplios sectores de la sociedad que incluya a organismos de derechos humanos, sindicatos, la universidad, gremios profesionales, partidos políticos. Sólo así podremos lograr un sistema judicial sustentado en prácticas democrática.,

A comenzar por el sistema de selección de magistrados, que dé las mejores respuestas a las demandas de justicia de la población y que además democratice la relación del poder judicial como representante del estado empleador y sus trabajadoras y trabajadores.

*Secretario general de la Federación Judicial Argentina- Coordinador de La Carlos Chile

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