Salud pública, soberanía nacional y complicidades ocultas

Salud pública, soberanía nacional y complicidades ocultas

21Jul21 0 Por Liliana Costante

La pugna por la compra de vacunas contra el virus Covid-19 desarrolladas por laboratorios extranjeros que ofertaron sus productos en el mercado internacional, mostró los intereses económicos y políticos en disputa.

Mientras tanto entidades privadas y gobiernos nacionales juegan con las necesidades insatisfechas de la población, que padece y muere a consecuencia de esto en medio de la crisis sistémica -civilizatoria- sobre la que se montó la pandemia.

Los primeros acopios de la preciada “mercancía” -las vacunas- la llevaron a cabo Estados “fuertes” como EEUU, Alemania o Israel, para lo cual desembolsaron miles de millones de dólares para asegurarse la provisión en cantidades más que necesarias para el número de habitantes a vacunar. Tomaron esa decisión y la concretaron no sólo porque tenían la disponibilidad de recursos financieros para hacerlo. También como exhibición de fuerza de esa misma capacidad de acción que, como lógica consecuencia, dejaba sin stock suficiente para la población de otras partes del mundo.

 Esas poblaciones quedaron relegadas a la espera del buen fruto de las negociaciones que se comenzaron a desarrollar entre los privados y cada Estado. La curva de datos sobre cantidad de infectados y de muertos a causa del COVID-19 fue en ascenso mientras comenzaba a manifestarse un creciente malestar social por el impacto del cierre de la actividad empresarial, productiva y del comercio minorista y mayorista. No pasó mucho tiempo para que las presentaciones mediáticas conjuntas entre el presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kiciloff informando decisiones políticas acordadas, quedaran en agua de borrajas. El debate, azuzado por distintos formadores mediáticos de opinión, puso sobre el tapete la confrontación entre  “salud o economía”. Oficialismo y oposición entraron a discurrir sus respectivos enojos con las decisiones tomadas por el otro, tratando de dirigir la creciente tensión social hacia el logro de un apoyo acrítico frente a las posiciones adoptadas por el gobierno nacional respecto a la situación pandémica.

Hacia finales del 2020, la falta de producción de vacunas creó un “cuello de botella” particularmente para Estados en los que, como en el nuestro, la población permanecía inmersa en el debate político tanto por la cantidad de infectados y fallecidos que las fases de cuarentena programadas no lograban hacer decrecer, como por las negociaciones del gobierno nacional con el FMI por el pago de los servicios de la deuda externa, que el gobierno de Mauricio Macri había contraído con dicho organismo financiero internacional. 

Fernández hizo oídos sordos al reclamo de vastos sectores sociales que planteaban que había que suspender el pago hasta que se realice una auditoría con participación popular que dirimiera la legalidad y legitimidad de dicho endeudamiento. Mientras los sectores más afectados por la crisis económica planetaria profundizada por la pandemia requerían la urgente satisfacción de necesidades básicas estructuralmente insatisfechas. Aún no llegaban las dosis necesarias de vacunas para la generación de anticuerpos contra la enfermedad desencadenada a nivel global.

Bipartidismo y derecho a la salud

Nunca como en estos tiempos de pandemia se exhibe tan claramente que, cuando hablamos del derecho a la salud, a lo que nos referimos es al derecho a la vida en términos integrales -o sea, de lo bio-psico-social-ecosistémico-.

Nunca como en estos tiempos de pandemia se exhibe tan claramente que la desigualdad real resulta el producto necesario para sostener la dominación social dentro del sistema socio-económico-político vigente a nivel planetario. Hubo momentos disruptivos, es cierto. Momentos en que el poder de época consideró necesario reconocer derechos o concretarlos, aun aceptando bajar su tasa de ganancia. Esas disrupciones no atacaban al sistema. Antes bien, lo profundizaban, permitiendo que la maquinaria de producción, distribución y consumo volviera a ponerse en movimiento. También en esto, el relato funcional estigmatizó a quienes tenían y tienen otro proyecto político por fuera del capitalismo y contrario a él. Buscan lograr la deslegitimación de toda crítica política a la gestión progresista del gobierno imprimiendo a aquélla el carácter de “funcional a la derecha”. 

En nuestro país, el bipartidismo ha asumido el lugar por antonomasia en el debate político. Oficialismo y oposición remiten cada una de dos alianzas creadas para dar la batalla en las urnas: la del Frente de Todos y la de Juntos por el Cambio. Cada una de ellas ha quedado sintetizada en el discurso de los medios y de la calle como kirchnerismo y macrismo. Ello a pesar de haber fuerzas y partidos dentro de dichas alianzas que exceden en principio ese límite personalizado de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner por un lado, y de Mauricio Macri por el otro.

Así, el Frente para Todos cobija al Partido Comunista, y Juntos por el Cambio a la Unión Cívica Radical. En CABA, la figura de Larreta aún no llega a conseguir se considere a sus simpatizantes como larretistas, aunque no es descartable que también llegue a esa personalización como posible candidato a la futura contienda electoral por la presidencial. El espectro en el que se mueven los integrantes de alianza “opositora” es el de la derecha.

Aquél en el que se mueve el oficialismo es el llamado “progresismo” vituperado por la izquierda en su carácter de posibilista y, por los sectores de la economía concentrada, por no asumir a ultranza su ya decidido apoyo a políticas de despojo como el pago de la deuda externa sin auditoría previa por lo menos respecto al último endeudamiento con el FMI que nos legó el ex presidente Macri.

El oficialismo se presenta como el sector “izquierdoso” o que contiene a aquella izquierda de pensamiento no revolucionario, para mantener dentro a todas las variantes del peronismo que lo sostiene de ese paraguas. La experiencia de la gestión gubernamental muestra que, en determinados temas de la agenda, para decisiones soberanas frente a reglas de derecho internacional favorables al inversor extranjero, las dos fuerzas que constituyen hoy las mayores alternativas para llegar a un triunfo electoral en primera vuelta o en segunda, coinciden en el voto parlamentario -particularmente en el Congreso nacional-. Veamos un ejemplo a partir de la necesidad de la compra de vacunas a laboratorios privados según el inicio de esta nota:

  1. el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27573 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19 el 06/11/2020. El 05/11/2020 el PEN había promulgado el Decreto 872/2020 al respecto.
  2. En la CABA, la ley N° 6424 a los mismos fines que la nacional, se sancionó el 03/06/21. Al día siguiente fue publicada en el Boletín Oficial y promulgada por Decreto 196/21.

Por dichas leyes, el Poder Ejecutivo Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -o sea, el oficialista y el opositor-, con el objeto de efectuar la adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, quedaron facultados a “incluir dentro de contratos que celebre y en la documentación complementaria, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a tal adquisición. En ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos” (art. 2 de la ley 27573).

La ley de la CABA, en el punto 2) de su artículo 1, describe la misma inclusión, “(…) en los contratos respectivos, incluidos los actos y documentos preparatorios: (i) cláusulas o acuerdos de confidencialidad, (ii) prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y a favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de vacunas; (iii) cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y aceptación de la ley extranjera aplicable; (iv) incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna para la prevención de la enfermedad COVID-19, debiendo contar con la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Hacienda y Finanzas o el organismo que en un futuro lo reemplace”. No es de menor importancia el haber ampliado, respecto a la ley nacional, la facultad de incluir la aceptación de la ley extranjera aplicable.

Un tema en el que no hay “grieta”.

Dejaremos para otro momento el desarrollo específico de las particularidades funcionales al sistema económico y político del Convenio CIADI incorporado al orden legal argentino a un mes escaso de la sanción de la última reforma constitucional de 1994. Fue en el marco de una ofensiva exponencial del capital sobre el trabajo. Baste decir que esto significa renunciar a que los jueces nacionales sean quienes intervengan en cuestiones litigiosas entre la empresa privada y el Estado. Implica renunciar a la soberanía, de la que la jurisdicción es parte (art. 116 de la Constitución Nacional).

Es la coronación de centros administrativos de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Inversiones (CIADI) que funciona en la órbita del Banco Mundial- en donde los únicos que pueden ser demandados por incumplimientos de contratos o modificación de las cláusulas del mismo, son los Estados. Este entramado legal que privilegia únicamente a les inversores privades frente a les habitantes del Estado vampirizado por aquélles, quedó plasmado en 1994 con la sanción por el Congreso Nacional de la ley que incorpora a nuestra legislación el Convenio Constitutivo del CIADI.

Interesa señalar las coincidencias de los votos oficialistas y de la oposición en estas leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a delegar soberanía nacional en materia de crédito público y de servicios públicos privatizados. Para el caso, la ley de la CABA fue aprobada por 53 votos positivos y la abstención de 4 diputados de izquierda mientras que un legislador del Frente para Todos, se abstuvo sólo respecto del inciso (ii) del punto 2 del art. 1 que he transcripto párrafos anteriores.

Cabe denunciar esa complicidad entre las dos fuerzas políticas que aparecen como contrapuestas “para la foto” mientras en el recinto hacen fuerza conjunta para lograr la mayoría necesaria destinada la sanción de normas que, como las que aquí se han señalado, responden a las políticas de despojo por parte de la arquitectura financiera internacional vigente que resultan avaladas por legisladores oficialistas y de la oposición.

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