Implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz

Implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz

24Jul21 0 Por Jhosman Barbosa

El acuerdo de paz, firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC-EP y el Gobierno colombiano en 2017, es monitoreado por la Secretaría Técnica de Verificación Internacional. Comentamos el resumen ejecutivo del informe de mayo de 2021 efectuado por CINEP – CERAC.

El Informe efectuado por el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, consta de 147 páginas, seis puntos más la bibliografía y los anexos. Nos proponemos acercar a los y las lectoras a lo señalado en su resumen ejecutivo e invitamos a revisarlo en su totalidad en: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/acuerdo%20de%20paz.html Es importante el acercamiento desde dentro y fuera de Colombia a un seguimiento mínimo del estado latente de este proceso, que lamentablemente muestra más retrocesos o estancamientos que avances hacia la paz.

En este sentido, en el ítem ‘reforma rural’, se aprecia la crisis de la implementación al advertir los apelativos: ‘no avances’, ‘mucha lentitud’, ‘retroceso’, ‘burocratización’, ‘cooptación’, ‘regresividad’ ‘confusión’, ‘agotamiento’, ‘limitada implementación’, ‘falta de garantías’, ‘estigmatización’, ‘criminalización, entre otros.

Como se aprecia en el nombre del informe, se monitorea el impacto del acuerdo en comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (comunidades de Palenque o colimbo que se hicieron autónomas desde el siglo XVII), y Rrom (comunidad gitana), donde el problema del acceso a tierras fértiles continúa estancado. Pero, ¿es acaso esto nuevo? René Zavaleta ya señalaba en su ensayo sobre el Estado en América Latina, a la violencia como una forma de acumulación de capital a la cual varios Estados debían sus fases de mediocre inserción en un capitalismo tardío o pre moderno. Como se sabe, el acuerdo es un fracaso a estas alturas y la constante de acumulación se da desde el recrudecimiento de la guerra, la recomposición militar que ocupa y disputa antiguos territorios dominados por las FARC-EP. El narcotráfico como una constante geopolítica y regional de control territorial, también priva el feliz término de la implementación de los acuerdos. El Informe señala que dentro de su corte de balance hay tres factores que ‘condicionan’ [sic] la implementación del acuerdo final y el capítulo étnico: i) el proceso de reconfiguración y recrudecimiento del conflicto armado; ii) los impactos de la pandemia del COVID-19 y las medidas para evitar su propagación y iii) la reactivación de la protesta y movilización social en el país.

Cuando entra a detallar el ítem Reforma rural integral, que emana del acuerdo de paz en general, señala que no hay avance en la entrega de tierras porque no se ha creado una sub cuenta étnica. Es decir, cabe una pregunta quizá ingenua a la luz de los expertos, pero, ¿hay una cuenta para mestizos, blancos y otros ‘no étnicos’? ¿Mientras se cumple a los mestizos(as) y blancos(as) no se cumple a los segmentos denominados étnicos en el acuerdo? Lo que se puede apreciar es que no hay implementación significativa de los acuerdos y punto. Magaly Belalcázar, lideresa de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales del departamento de Caquetá, señalaba en un foro virtual programado por la USAID acerca de la implementación de los acuerdos durante la pandemia, https://www.youtube.com/watch?v=8DtQyK-CTvw&t=3172s que en los territorios no se ve la implementación del enfoque de género, y nunca se refiere a un enfoque diferenciado a segmentos étnicos; eso sí, señala que los funcionarios del Estado, ‘gerentes’ de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, mienten sobre los logros o avances en tanto necesitan mostrar resultados como funcionarios asalariados. Critica la no vinculación de las comunidades en la implementación y balance de los proyectos y la continuidad de la guerra, la militarización, la suma de actores armados, asesinatos, amenazas a líderes sociales y asesinatos de los mismos, feminicidios y la concentración de tierras de más de 2’440.000 Hectáreas de tierra en sólo 21 personas.

Señala algo fundamental: una cosa es que yo implemente un proyecto y otra cosa es que yo entienda un proceso de lo que es el acuerdo de paz. Es decir, estamos ante una fractura, tampoco nueva, entre funcionarios estatales apresurando resultados que no involucran a las comunidades y comunidades que aprecian la mentira de la aparente implementación. Es importante resaltar que no son ex guerrilleros ni Magaly es ex miliciana de las FACR EP. En esto es clave señalar que el acuerdo intenta tener un alcance general en la sociedad, no es sólo para ex combatientes y su fracaso en marcha provoca re victimización de la sociedad rural y su estigmatización como pobres, marginales y ex guerrilleros. Es decir, el enfoque étnico, no nos está diciendo mucho. No puede. El informe va más allá, aunque diga ‘étnico’ consideramos que su espectro es más amplio y no se le cumple a nadie, ni mujer, ni campesino, blanco, mestizo u otro.

Otro ítem, sobre Participación política, señala que se están disponiendo leyes para contemplar una mayor accesibilidad al sufragio de parte de las comunidades indígenas dentro de la categorización enfoque étnico, pues les van a traducir los cartones electorales a sus idiomas nativos. Vaya forma de comprender la participación política. A esto se suma la amenaza cernida sobre los líderes y lideresas para poder presentar una deliberación pública de sus ideas, más cuando estamos al a vuelta de las campañas electorales de 2022. En esto el gobierno y los medios de comunicación privados hacen grueso favor a la delincuencia y sectores para estatales, al estigmatizar las actuales protestas nacionales bajo adjetivos como vandalismo, comunismo, revolución molecular disipada, terrorista y el Informe señala exactamente que en el marco de las actuales movilizaciones se acrecienta el estigma a los y las figuras referentes comunitarios.

Invitamos nuevamente a la lectura completa del Informe y concluimos con el ítem a cerca del Fin del conflicto, que señala dos cosas. Por un lado, no se ha logrado hacer una efectiva reincorporación con garantías a ex guerrilleros que pertenecen a grupos étnicos. Por otro, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad autóctonos, como la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona. En este aspecto, el Informe señala como avance’, la caracterización que está realizando la Unidad Nacional de Protección -UNP- de las Guardias Indígenas. En nuestro concepto este bien puede ser un ‘avance’ de la inteligencia militar y el llamado perfilamiento de ciudadanos considerados hostiles al Estado. La UNP, tiene ya un preocupante historial en la protección a víctimas; hecho que es apreciable en las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, quien extendió medidas cautelares para protección de líderes sociales, comunales, indígenas y afrodescendientes. El informe sobre masacres y asesinatos desarrollados por Indepaz, www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Masacres señala que, En Colombia ya han ocurrido 86 masacres hasta el 20 de diciembre de 2020. Más de 360 personas han muerto en total. Hay que sumar las 55 masacres del año en curso con más de 180 muertos. Si bien estos asesinatos se han encarnizado con los jóvenes, niños y niñas, toda población civil, también hay muchos que se dan contra líderes sociales y que tienen o deberían tener escoltas de la UNP. El mismo informe de Indepaz señala que: En un oficio enviado el 24 de noviembre de 2020 al Subdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana del CIPRAT15, Luis Fernando Pinzón Galindo, la Defensoría del Pueblo llama la atención sobre la consumación de hechos advertidos en diferentes Alertas Tempranas en el departamento del Cauca. El documento señala que las masacres del Cauca, habían sido advertidas.

Con esto, afirmamos la idea de que no es alentador el ‘avance’ de la caracterización que hace de las comunidades la UNP. De hecho, En marzo de 2018 el procurador General, Fernando Carrillo Flórez dijo: Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Con esto criticó el modelo de prevención y protección que hacia la UNP.

Quedaron pendientes aspectos como es el territorio y los cultivos ilícitos, las políticas de desminado que afectan a estas comunidades nativas y autóctonas con el sempiterno lío del tráfico de drogas y el despojo que las impulsa monte a dentro para vivir apenas de cultivos llamados ‘ilícitos’ y en donde se constituyen dichas comunidades como el eslabón peor pago de la cadena. En general es positivo que la comunidad internacional efectúe este tipo de seguimientos, en tanto ella misma a través de sus garantes creyeron en el proceso y en el Acuerdo Final y son quienes subsidian mediante multi donantes una parte importante de una implementación de Acuerdos de paz que día a día se enfrenta con los problemas estructurales del Narco-Estado colombiano y su persistencia a vivir de una acumulación económica desde la violencia y para beneficios de élites locales y extranjeras.

Al país le conviene enterarse de estos aspectos y apoyar al menos desde una opinión argumentada que no naufrague o se salven cosas del naufragio. Pensar que esas implementaciones están allá a los lejos en la selva, una barbarie lejos de la ‘civilización’ nos lleva inexorablemente a la repetida vivencia de una violencia que se traslada del campo a la ciudad, tanto en su forma de cinturones de miseria, como de conflicto social que ya se ve en las movilizaciones gestadas tras décadas de indiferencia social en general. Al continente suramericano le conviene igualmente que el proceso de degradación no se agudice y devenga en violencia explícita o migraciones ya no como hasta ahora internas, sino a extra muros de la nación colombiana.

Jhosman Barbosa1

Perfil en Twitter: @gerliud7

Link de licencia de imagen: https://pixabay.com/es/photos/cuota-uno-para-todos-y-todos-para-uno-1411235/

1 Historiador, latinoamericanista y economista político del desarrollo.

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