Paritaria estatal: revisión pre-electoral para amortiguar la caída del salario

Las urgencias del gobierno nacional para afrontar las inminentes elecciones legislativas impusieron una rectificación de casi 10 puntos de las expectativas paritarias promovidas desde la Casa Rosada, llevando de 35% a 40/45% el horizonte de incremento avalado por el Poder Ejecutivo para los acuerdos salariales de los distintos sectores.

En el caso de la paritaria del Estado Nacional este enfoque se materializa en el anuncio que semanas atrás el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, realizó junto al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, y la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, que fijó para el 19 de agosto la reunión de revisión del acuerdo paritario estatal, inicialmente prevista para noviembre. 

Se supone que allí el gobierno concederá alguna recomposición adicional que levante por arriba del 40% el magro acuerdo de 35% en 6 cuotas hasta 2022 firmado en mayo por las conducciones nacionales de UPCN y ATE. Esta última fue sumada para la foto de la entrega salarial de mayo pero excluida de la imagen del anuncio de adelantamiento “obsequiado” en exclusividad al siempre oficialista, gobierne quien gobierne, “Centauro” Rodríguez. Una constante de los sucesivos gobiernos.

No está claro aún si el mecanismo paliativo será mediante la incorporación de un nuevo porcentaje que se adicione a las cuotas ya fijadas o se apelará al recurso de adelantar alguna cuota, maniobra que apenas sirve para inyectar una leve mejora en una coyuntura determinada pero que al final del ciclo paritario presenta un mínimo o nulo impacto en términos de recomposición. 

Al contrario de lo que agitan medios de comunicación hegemónicos -que en estos días vienen operando con diversos artículos que de manera falaz presentan una evolución de los salarios estatales por arriba de los del sector privado-, desde hace largos años la paritaria del Estado Nacional funciona, en verdad, como una especie de “ancla” para el resto de las negociaciones paritarias sectoriales. 

En los hechos la paritaria estatal nacional fija una suerte de referencia global para ordenar la puja distributiva en su conjunto. Así, es sistemáticamente superada en algunos puntos porcentuales por los sectores de mayor poder de fuego del movimiento obrero (e incluso en diversos organismos estatales descentralizados que manejan cajas propias); mientras que para las fracciones corporativamente más débiles del movimiento sindical establece una cifra que se traslada prácticamente como un trámite para la rúbrica de los acuerdos sectoriales.

Desde el punto de vista de la política salarial general de los gobiernos de turno, esta doble función es una eficaz forma de canalización institucional de la conflictividad social y ésa es su razón de ser fundamental.

Días atrás, el INDEC hizo público que la inflación interanual superó el 50%, cifra redonda de alto impacto que lesiona brutalmente los bolsillos de las y los asalariados, es decir, de los millones de trabajadores y trabajadoras formales y no registrados que viven de un salario que cada vez vale menos.

En cambio, para las cuentas públicas el alza sostenida de la inflación sirve para implementar en sordina una severa licuación de gasto público, esa bandera inclaudicable de la ortodoxia económica, que deviene en estratégica en el marco de la renegociación con el FMI de la ilegal y fraudulenta deuda con dicho organismo. 

Según datos oficiales del período enero-mayo el gasto de seguridad social (jubilaciones) quedó un 13% por debajo de la evolución de la inflación anual y en una tendencia similar se ubican los salarios estatales. Las bondades inconfesables del impuesto inflacionario permitieron un “ahorro” de $250.000 millones en los primeros cinco meses del año, lo que habla a las claras del volumen del ajuste en curso en estos rubros.

Una distancia creciente entre los despachos y la base

Las conducciones de ambos gremios estatales (UPCN y ATE), por razones de alineamiento político general, acompañan sin mayores matices esta política salarial del gobierno nacional, en algún caso con la fantasía de que tanta pleitesía iba a ser retribuida con algunos lugares en las listas legislativas del oficialismo, cosa que no ocurrió.

Sin embargo, el amistoso vínculo que las dirigencias de UPCN y ATE garantizan en los niveles superestructurales no resuelve el malestar ni las necesidades que se viven por abajo. Para el último mes, la Junta Interna de ATE-INDEC estimó en $103.128 el ingreso mínimo necesario (no el óptimo ni deseable) para una familia de 2 adultos y 2 niños/as y la realidad es que hoy la gran mayoría de las y los estatales nacionales está a años luz de ese monto, con salarios de entre $40.000 y $60.000, en una franja que integra funciones administrativas y profesionales retribuidas con esos números de pobreza.

Ante la total pasividad dirigencial, la denuncia y visibilización de esta pauperización salarial sigue recayendo en la acción de diversas juntas internas y cuerpos de delegados/as de organismos nacionales (Trabajo, INDEC, MECON, INCAA, INTI, CONICET, SENASA, entre otros) que a través de una coordinación práctica vienen levantando la exigencia de una verdadera recomposición salarial y el fin de los salarios de pobreza en el Estado. Un aumento de 50% en una sola cuota y la implementación de una cláusula gatillo mensual en adelante, son los principales puntos de la exigencia salarial

La semana pasada realizaron una radio abierta frente al INDEC y presentaron en Gestión Pública una nota dirigida a su titular, Ana Castellani, con los principales reclamos sectoriales. También algunas seccionales de ATE como Córdoba y Rosario manifestaron su inconformidad y realizaron acciones de protesta con similares puntos reivindicativos. 

Dentro de los procesos de lucha, sin duda la pelea de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan es la más importante, con medidas de fuerza escalonadas y sostenidas, en puja con una administración integrada por los gobiernos nacional y porteño. 

Sin duda agosto será un mes clave para el sector. El 19 se vuelve a reunir la comisión negociadora de la paritaria estatal y mientras los funcionarios propondrán algún paliativo menor que otorgue algún rédito electoral, desde los sectores en lucha se procurará que en la mesa de negociaciones logre irrumpir e imponer condiciones la realidad cotidiana que vive la gran mayoría de las y los estatales, a quienes el salario les alcanza para llegar a la segunda o tercera semana del mes, con suerte.

Hernán “Vasco” Izurieta es Delegado General de ATE en la Junta Interna del Ministerio de Trabajo