Los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria – CNU

1Ago21 0 Por Luís Angio

Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares otra vez en el banquillo de los acusados como coautores de secuestros y asesinatos cometidos entre fines de 1975 y abril de 1976 junto a Antonio Agustín Jesús, apodado “Tony Jesús”.

La nueva causa

Carlos “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi”PomaresyAntonio Agustín Jesús han sido procesados e indagados pordelitoscalificados prima facie de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y simulando autoridad pública u orden de autoridad pública, homicidio agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, robo agravado por haberse cometido con armas y daños, por el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata. Los hechos son considerados en principio de lesa humanidad, Castillo y Jesús se negaron a declarar y Pomares alegó estar recuperándose de las secuelas que le dejó el COVID . Posteriormente se comprobó a través de una pericia médica que estaba en buenas condiciones de salud. En este caso deberá presentarse nuevamente a declarar. En esta causa las víctimas son Jorge Rosendo Ruga, Ricardo Arturo Rave, Alcides Emilio Méndez Paz, Daniel Rawson, Elia Zanata, Walter Martini, Horacio Urrera y Carlos Sathicq, hechos producidos entre el 8 de diciembre de 1975 y 20 de abril de 1976.

Estos crímenes están siendo juzgados después de 47 años de cometidos, y la Justicia los lleva adelante en forma muy lenta y a diferencia de los cometidos después del 24 de marzo de 1976 donde luego de una lucha llevada adelante por las víctimas y familiares, se han logrado unificar algunas causas, en los de CNU/Triple A están tratados en forma aislada, más allá que el modus operandi y demás pruebas de testigos demuestran la conectividad de los hechos por una sola banda terrorista de ultraderecha.

QUE FUE LA CNU

Fue una organización terrorista de ultraderecha llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU) que se dedicó a asesinar a delegados, activistas y luchadores populares de la izquierda, fueran o no peronistas. Estaba vinculada a la Juventud Peronista y a la Triple A y actuaron principalmente en las universidades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Nacida a mediados de los años 60 “como una organización universitaria de la ultraderecha peronista inspirada en el catolicismo preconciliar y el falangismo español, con una fuerte impronta antisemita y anticomunista…la masacre de Ezeiza-en la que participaron no pocos integrantes de la CNU, algunos de los cuales fueron fotografiados disparando contra las columnas que querían llegar al palco-, la renuncia de Héctor J. Cámpora, la presidencia provisional de Raúl Lastiri-yerno de José López Rega-y la conformación de la fórmula Juan Domino Perón-Estela Martínez de Perón para las elecciones de septiembre de 1973 terminaron de volcar al peronismo en el poder hacia la derecha. Pero el ala izquierda del Movimiento resistía y el gobierno tomó la decisión de neutralizarla”” (1)

Para que no quedaran dudas que esta banda asesina operaba bajo el paraguas del estado nacional y donde sus integrantes tenían una íntima relación con el poder político y sindical, lo demuestra una “ ´orden reservada´ del Consejo Superior Justicialista para los delegados del Movimiento del 1º de octubre de 1973… demuestran que tenían un objetivo claramente definido: acabar con la llamada ¨heterodoxia marxista¨´” (2). Quienes firman esa “orden reservada” son las más altas autoridades del gobierno ene se momento, el presidente electo, Juan Domingo Perón, el presidente interino, Raúl Lastiri y José López Rega entre otros ministros. Estos lazos a 47 años de aquellos hechos hacen que al día de hoy los crímenes de la CNU y la Triple A quedé oculta en los pliegues de la justicia y de los poderes de los partidos políticos, principalmente del peronismo.

CARLOS “INDIO” CASTILLO

Carlos “El Indio” Castillo fue el jefe de esa organización criminal que actuó entre 1974 y 1976 principalmente en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Se encuentra preso en la Unidad Penal Nº 34 – Instituto Penal Federal “Campo de Mayo” por haber sido encontrado culpable en 2017 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 compuesto por los jueces Pablo Vega, Alejandro Esmoris y Germán Castelli, de los secuestros y asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini y el secuestro de Úrsula Baron y Daniel Pastorino. Está implicado además en la banda de Aníbal Gordon y luego del golpe de estado de marzo de 1976 fue detenido por “excesos en la lucha antisubversiva” y posteriormente fue parte del Servicio Penitenciario Federal y con la democracia participó en el MODIN de la carapintada Aldo Rico.

JUAN JOSÉ “PIPI” POMARES

El segundo en la organización, Juan José “Pipi” Pomares fue absuelto en la misma causa que fue condenado Castillo por el “beneficio de la duda”, pero la Sala IV de la Cámara de Casación Penal anuló su absolución. Y ordenó al Tribunal Oral federal Nº 1 de La Plata dictar una nueva sentencia, teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas en ese juicio. Luego de este fallo la Unidad de Derechos Humanos de La Plata solicitó que se le prohíba salir del país a Pomares, por lo que el TOF platense aceptó ese pedido. “Pipi” Pomares a los inicios de la democracia recaló en el Partido Justicialista, cumpliendo tareas en la administración pública llegando a ser funcionario de los intendentes peronistas Julio Alak y de Pablo Bruera. Por la causa en la cual fue juzgado y absuelto, y estuvo preso desde 2011 era asesor del senador provincial Carlos Mosse. En el año 2012 se pudo comprobar que varios testigos sobrevivientes habían sido amenazados por llamadas telefónicas desde la Contaduría General de la Municipalidad de La Plata, por lo que se resolvió que pasaran a ser testigos protegidos.

En este juicio además de la querella, representada por las abogadas Marta Vedio y Guadalupe Godoy de la Unión por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Shapiro habían pedido la prisión perpetua para ambos, pero ante la absolución de Pomares por parte del Tribunal estos últimos no apelaron, dejando vencer los plazos. Las y los familiares de víctimas de la banda parapolicial CNU presentaron posteriormente un recurso ante casación. En un acto en las escalinatas de los Tribunales Federales de La Plata, cuando acompañaron la presentación de la apelación, Susana Zaldúa, hermana de Adriana, una de las ocho víctimas de la Masacre de la Plata, manifestó; “Nosotros creemos que es incomprensible que la fiscalía no haya apelado. Iremos ahora a pedirle a Molina y Shapiro explicaciones de por qué no apelaron, porque es incomprensible lo que han hecho: en los alegatos del juicio pidieron perpetua para los dos y después cuando el juez dice que lo absuelve, no hacen nada”.