Convenios colectivos. Reajuste parcial en medio de la crisis

Distintas organizaciones sindicales, han renegociado durante las últimas semanas sus convenios colectivos de trabajo para que las trabajadoras y trabajadoras perciban aumentos adicionales a los pactados originalmente.

Se supone que se trata de adaptar los porcentajes de incremento salarial a las cifras reales de inflación que se han registrado en lo que va del año y a la proyección para los  meses que restan. Esta línea de acción de algún modo fue señalada por el propio gobierno, cuando hizo circular la consigna de que “los salarios deben ganarle a la inflación” o más ampliamente de “poner plata en el bolsillo de la gente”.

En gran medida el gobierno se mueve con una intención de autopreservación. En la situación de doble crisis, económica y pandémica, seguir dando vía libre al deterioro salarial se vuelve peligroso con vistas a las perspectivas electorales para setiembre y noviembre.

De a poco los distintos sindicatos van acordando los nuevos aumentos. El último fue la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, de peso fundamental porque tiene nada menos que 1.200.000 afiliados. En estos días se resolvería la renegociación de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y se anuncia la reapertura de paritarias en el sector de empleados del estado nacional, con la participación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En todos los casos, los gremios habían aceptado hace unos pocos meses aumentos en torno al 29% de inflación que se preveía en el presupuesto, y ahora le adicionan algunos puntos, que en general lleva a quedar apenas por arriba del 40% para el año, con un incremento que se paga en cuotas.

Hay algunas observaciones fundamentales para hacer. La primera es que dadas las proyecciones de inflación para todo el año, que se acercan al 50%, la evolución de los salarios en 2021 quedaría algunos puntos por debajo de la inflación aún con esta nueva ronda de aumentos.

Otra es que la tendencia al deterioro salarial no es de este año, sino que viene al menos de  2018 y los años sucesivos. Al aceptar aumentos que no incluyen una recomposición retroactiva de los salarios,  que alcance a las pérdidas de los años anteriores, los sindicatos convalidan una pérdida de poder adquisitivo de importancia.

Un aspecto  significativo es que, aún con la última ronda de aumentos, las categorías más bajas de los convenios respectivos suelen quedar por debajo de la canasta de pobreza, que hoy se encuentra por encima de $ 60.000.

También cabe resaltar que las trabajadoras y trabajadores viven en un escenario de paulatina precarización laboral, por lo que cada vez es mayor la proporción de asalariados que no quedan comprendidos en los convenios colectivos de trabajo. No hay paritarias para ellos, no hay organizaciones que defiendan sus intereses, y por lo tanto suelen quedar sometidos a pérdidas salariales aún mayores.

La conclusión a sacar es que en esta situación de prolongada pandemia y con una terrible caída del producto bruto interno como la experimentada el año pasado, la realidad de los trabajadores es cada vez más difícil. Lo que entre otros factores se percibe a través de los crecientes índices de pobreza. Mientras los sindicatos, las autoridades del Ministerio de Trabajo e incluso el Presidente de la Nación, aparecen como protectores del salario, la realidad es la opuesta. Todos se hacen cómplices, por acción u omisión, de un persistente deterioro de la situación económica de los asalariados.