La marcha de San Cayetano. Peregrinaje hasta la sede de un poder ajeno

Una masiva marcha constituyó una oportunidad para que un conjunto de organizaciones sociales mostraran la amplitud de su influencia y su capacidad de movilización. Ese éxito no atenúa las dificultades que les provoca su alianza con el gobierno.

Las organizaciones sociales integradas al Frente de Todos salieron a la calle. El Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa; y varias agrupaciones más pequeñas y menos conocidas marcharon desde el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, al epicentro del poder formal, en Plaza de Mayo.

Sea adecuada o no la cifra de 200.000 personas que proporcionaron los organizadores, lo indiscutible es que la manifestación fue multitudinaria. Si, como afirmaron muchos comentaristas, las organizaciones convocantes quisieron hacer una demostración de fuerza a partir de su capacidad para ocupar las calles, no hay duda de que lo consiguieron.

En estos días sufrieron un traspié, al quedar muy relegadas en las listas de candidatos presentadas por el frente que integran. El dirigente de Barrios de Pie Daniel Menéndez fue el postulante de relativa mejor ubicación, en un lejano 16º puesto en la nómina bonaerense para la cámara de diputados.

Esta postergación en el terreno político tuvo una compensación en el ámbito sindical. El ministerio de Trabajo de la Nación emitió una decisión favorable para el próximo otorgamiento de personería gremial a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Es el sindicato que aspira a representar al  conjunto de los trabajadores precarios. La nueva entidad esper  superar pronto el millón y medio de afiliados. De cumplirse ese propósito, podría superar en afiliaciones incluso al sindicato más numeroso hasta ahora,  la Federación de Empleados de Comercio y Servicios.

La relación de este conjunto de agrupaciones con el gobierno es la de una alianza tensa. En medio de indicadores desastrosos para el conjunto de la economía, el aumento de los niveles de pobreza y la elevada inflación golpean de lleno a sus representados.

De prolongarse las circunstancias actuales, el papel que les queda es el de afianzarse como “administradores de la pobreza” a través de los planes y comedores,  y en el rol de barrera de contención a un crecimiento del conflicto social. Ya juegan ese papel, al frenar el avance de propuestas más radicalizadas y dispuestas a ir al choque con el gobierno actual.

Quizás por eso sacan a relucir algunos proyectos de aristas más o menos innovadoras. Así el proyecto de implantar un “salario básico universal”, que atendería  a personas en situación de indigencia y equivaldría a un tercio del salario mínimo. A cifras de hoy unos 9000 pesos que podrían morigerar los sufrimientos más extremos. Otra de sus demandas, de alcance más general, es que se refuercen los planes que tienen contraprestaciones en trabajo y la asistencia a proyectos productivos.

La consigna es la de “trabajo digno” o “trabajo genuino”. Algo difícil de obtener en medio del océano de precariedad laboral en que se ha convertido la sociedad argentina en los últimos años. Situación hoy agravada por la pandemia y el derrumbe económico. Y con los empresarios a la ofensiva para lograr reformas que le permitan  administrar esa precariedad en su beneficio.

Es de señalar el lugar algo contradictorio en que estas organizaciones se han colocado. Por ejemplo, en la plaza se escucharon consignas y se vieron carteles contrarios al pago de la deuda y críticos del Fondo Monetario Internacional. Eso mientras el gobierno al que apoyan sigue una larga negociación que sólo puede tener como punto de llegada gravosos pagos al organismo mencionado.

Como contrapartida, el gobierno no toma medidas para preservar los escasos ingresos de los trabajadores precarizados, devorados por la inflación sin que los proteja un convenio colectivo que pueda al menos morigerar su deterioro. Poco antes de la marcha, Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la CTEP, advirtió sobre el posible estallido del conflicto social si esta realidad agobiante se prolonga.

Estas contradicciones constituyen muestras de los problemas que ofrece para las organizaciones sociales el hacer frente a la doble crisis que vive nuestro país, pandémica y económica. Eso sin una perspectiva que cuestione a fondo el orden social que provoca los padecimientos de sus representados. E integrados a una alianza gobernante que sólo propone la administración de lo existente, apenas matizada por algunos socorros y concesiones a les trabajadores y a los sectores más necesitados.