La presencialidad escolar en pandemia: entre los sótanos del infierno y el olimpo de la estupidez

La presencialidad escolar en pandemia: entre los sótanos del infierno y el olimpo de la estupidez

10Ago21 0 Por Carlos Munevar

El mal llamado regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad escolar presentado con bombos y platillos por el gobierno nacional en cabeza del MEN (Ministerio de Educación Nacional) y ejecutado por las diferentes secretarías de educación a lo largo y ancho del país, se ha convertido en un nuevo escenario de la disputa por el modelo de país y educación en Colombia.

Por un lado se encuentran las posiciones del establishment, en donde convergen las fuerzas retardatarias y oligárquicas enquistadas históricamente en el Estado y confabuladas con los diferentes  organismos multilaterales exponentes del capitalismo cognitivo que desde Jomtien 1990, Dakar 2000 e Incheon 2015, con su Agenda 2030 en educación,  vienen profundizando el modelo neoliberal en la educación, imponiendo el capitalismo cognitivo a través de la privatización endógena y exógena, los modelos evaluativos estandarizados, la degradación de las condiciones laborales del magisterio, la desfinanciación, la tercerización y flexibilización laboral, el subsidio a la demanda, la despedagogización y despolitización de la labor docente.

Al igual que lo que pasó con la salud de los colombianos en la década de los noventa, estos sectores corruptos y retrógrados adelantan toda una estrategia calculada de desprestigio y desfinanciación para privatizar la educación pública y entregarla a empresarios y multinacionales que ven en ella un espacio de ganancia inmediata, pero además una necesidad apremiante en aras de seguir reproduciendo una sociedad al servicio de sus intereses económicos y políticos.

La pandemia/sindemia  de Covid19  develó los profundos errores de la política social y profundizó la crisis multidimensional del sistema neoliberal colombiano, que con sus disparidades frente a otros países, fruto del narcotráfico, la paramilitarización institucional, la imposibilidad por el momento de una solución pacífica del conflicto armado – debido a la cooptación que existe del Estado por parte de actores del conflicto a los que no les conviene la JEP, la verdad y la reparación pues han acumulado poder político y económico a costa de la guerra, el desplazamiento, la corrupción y la impunidad – enfrenta una profunda crisis social con la violencia y el terrorismo de Estado como única respuesta. Se reafirma la tesis según la cual la salud y la educación de los habitantes nunca han sido una prioridad de las políticas del Estado colombiano durante el periodo de consolidación fascista llevado a cabo por el uribismo, 20 años de privatizaciones y desfinanciación estructural de los sistemas de salud y educación son la causa de principal para que el país esté en este momento disputando los 3 primeros lugares en mas decesos por 100 mil habitantes en Suramérica y entre los 10 primeros del planeta en números de contagio y muertes, pero además con proceso de inmunización del 10.9% de la población de un total de 50 millones de habitantes aproximadamente.

Hay que puntualizar que  el sector educativo en esos 20 años ha dejado de recibir   U$48,4 mil millones de dólares producto de  las argucias y leguleyadas  de los gobiernos de turno que han servido para recortar recursos multimillonarios, que ha sido una de las principales causas de la movilización magisterial durante las dos últimas décadas, agudizada esta situación con la falta de inversión en infraestructura y la negativa de decretar la emergencia educativa durante la pandemia ocasionando que directivos y docentes trabajen con las uñas además de afrontar un clima de estigmatización y amenaza permanente.

 Ante este panorama, quienes defienden ese paradigma necrocapitalista han promovido el retorno a clases aprovechando el escenario post – paro  ambientado en el desgaste de la movilización, debido a pugnas internas entre el movimiento social y las tensiones en contra de  un aparato represivo estatal que actúa con total impunidad, financiado y apoyado desde los micrófonos del periodismo progobiernista, para imponer la agenda de negocios dispuesta para la educación pública, para ello utilizan la vieja pero eficaz herramienta de repetir mentiras para convertirlas en opinión y luego en verdades, difamación, estigmatización, persecución y todo tipo de bajezas para posicionar en el discurso institucional y en amplios círculos sociales la idea nefasta de que FECODE y sus filiales sindicales son los causantes del estado de postración de la educación colombiana y que además la intención de la federación es atentar contra el derecho a la educación de los niños y niñas colombianos, negándose a volver a clases presenciales simplemente porque se avala la supuesta pereza del magisterio o porque “tienen el monopolio y el adoctrinamiento en las escuelas” y utilizan esta estrategia como una coartada para presionar y aumentar salarios y beneficios sin importarles para nada la dignidad de sus estudiantes.

El tema podría ser tomado por algunos de forma baladí, pero cobra fuerza cuando de por medio está la puja por la defensa de la vida, el modelo socio – cultural y la utilización de la educación como plataforma electorera de quienes nunca se han interesado en que los niños, niñas y jóvenes colombianos tengan una escuela financiada, con dotaciones, y las condiciones para desarrollar todo su potencial.

De un momento a otro María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Germán Vargas Lleras, entre otros actores del bestiario político nacional, que han sido identificados con la aspereza, la sandez, su efebifobia latente plasmada en sus comentarios denigrantes y de desprecio  hacia la juventud colombiana, avalando  el uso de la palabra “vándalo” para referirse a esas diversas juventudes descontentas con la política nacional, guardando silencio cómplice ante los bombardeos y asesinatos de niños por parte de las fuerzas armadas, incluso justificando toda esta aberración con argumentos como el expresado por la senadora Cabal en 2016 cuando afirmó en un foro realizado en Medellín: Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar ignorando de plano situaciones bien complejas de las fuerzas armadas relacionadas con su actuar, pasaron a ser “mecenas” preocupados por la educación y la formación de los niños y niñas colombianos; Ellos que han defendido siempre el trato autoritario, discriminante, peyorativo, casi inhumano, siempre a favor de la guerra y las políticas de la muerte, ahora se codean con Freire, Comenius, Pestalozzi y Montessori. ¡Hipócritas! Su afán verdadero es posicionar la idea, atendiendo a la manipulación y la mentira, que la educación pública no funciona y que por eso se le debe entregar en bandeja de plata a sus socios privados.

Pero sus tesis son vulgares y simples, fácilmente debatibles. En primer lugar los maestros colombianos nunca se fueron, por el contrario sostuvieron durante un año y medio con sus recursos económicos  y tecnológicos la educación de  doce millones de niños, así a muchos les cause incomodidad, si no hubiese sido por el pago mensual del internet, los datos, los servicios, las fotocopias o el whats app  que los maestros y familias asumieron, no habría funcionado ninguna escuela pública del país; en segundo lugar, maestros y maestras se vieron forzados a procesos de alfabetización digital forzada con un mínimo de apoyo institucional pero además tuvieron que alfabetizar digitalmente a miles de estudiantes a quienes equivocadamente algunos seudo intelectuales llamaban “nativos digitales”  pero que a la hora de la verdad, apenas hacían uso de redes sociales lo que no puede confundirse con el manejo de la educación virtual; en tercer lugar, el magisterio colombiano nunca ha promovido el no regreso definitivo a la escuela, por el contrario desde los mismos inicios de la pandemia se empezaron a exigir las condiciones mínimas y verificables de bioseguridad que garanticen el retorno de las comunidades educativas, sin embargo esos mismos que ahora atacan a los maestros y les cuelgan la lápida en el cuello han apoyado la compra de armas e insumos para el ESMAD, las millonarias inversiones en material de guerra para la represión de la protesta social, han callado o han estado vinculados a escandalosos casos de corrupción y nunca han reconocido la enorme deuda social del Estado con la educación pública, ni mucho menos se les ha visto exigir los recursos necesarios para un regreso de los niños y niñas a la escuela sin poner en riesgo su vida ante el Covid19.    

Su objetivo es claro, son los sepultureros de la educación pública colombiana, desean entregarla a sus socios, los mercaderes de la educación y para ellos necesitan debilitar a FECODE, la única organización sindical que aún tiene poder de convocatoria y movilización, hecho que quedó comprobado en el pasado Paro Nacional. Los educadores colombianos y algunos sectores afines con el cambio social tienen los argumentos y las cifras de su lado, solo en Bogotá la nefasta administración de Claudia López obtuvo en solo tres semanas de regreso presencial a la escuela mas de 1800 casos positivos de Covid19 entre estudiantes, docentes y personal administrativo, en medio de escándalos relacionados con el PAE  (plan de alimentación escolar) innegables errores en la garantía de condiciones y protocolos en las instituciones educativas y una política de amedrantamiento hacia los educadores, pareciera que ahora contagiarse de Covid19  o no tener la vacuna no es un problema de salud pública relacionado con una pandemia sino que se volvió una falta grave punible, que puede desencadenar procesos disciplinarios y descuentos salariales.

En resumen, utilizando la expresión del video de la “socialité” y seudo – humorista Alejandra Azcarate, en donde hace descargos de su presunta relación con el narcotráfico colombiano, la educación colombiana está a la deriva entre “los sótanos del infierno”, el olimpo de la estupidez – muchos tienen la de oro puesta – y el paraíso de la corrupción.

Carlos Munevar, corresponsal en Bogotá, Colombia.