La lucha de calles en medio de la crisis

La lucha de calles en medio de la crisis

19Ago21 1 Por Daniel Campione

En un lapso de poco más de diez días, el gobierno nacional se vio enfrentado a dos protestas callejeras de variadas organizaciones sociales. Ambas marchas impresionaron por su masividad. La respuesta desde el poder sigue diversos senderos, ninguno orientado a brindar soluciones de fondo.

Las dos movilizaciones tuvieron un rasgo en común en la elección de sus respectivos itinerarios: Ambas  partieron de un lugar alejado del centro de la ciudad y real y simbólicamente más cercano a sus bases, para avanzar desde allí a alguna de las sedes del poder político. Entre el santuario de San Cayetano en Liniers y la Plaza de Mayo transcurrió la primera. La del día de ayer se concentró en Puente Pueyrredón para dirigirse al ministerio de Desarrollo Social (ver nota de ayer en tramas)

Padecimientos y movilización

A riesgo de simplificar en demasía, puede afirmarse que la manifestación del siete de agosto convocó a las organizaciones integradas en el Frente de Todos. Y la del 18 a movimientos muy diversos entre sí, que tienen en común un alineamiento opositor al gobierno actual. Las que partieron de San Cayetano no sólo comparten su pertenencia frentista, sino que hace años que integran una estrecha alianza, anterior a la convergencia de todas ellas en el FdT.

Sin duda no puede apreciarse el significado de estas acciones de masas sin hacer referencia a la acuciante situación social. Allí están los salarios reales que enhebran ya cuatro años de declive. Y la inflación que sólo desciende en algunas décimas y se ensaña en particular con los alimentos y otros bienes esenciales. La misma que erosiona las jubilaciones y otras prestaciones abonadas por el ANSES.

La situación es más aterradora, si cabe, si se dirige la mirada a la situación del empleo. Con desocupación de dos dígitos, un porcentaje similar de desalentados que ya no buscan trabajo, una porción importante de subempleados, y un “precariado” que se incrementa por distintas vías, como los asalariados informales y el multiforme “cuentapropismo”.

Esas circunstancias han tenido la paradójica virtud de desatar un incipiente debate público acerca de qué políticas sociales deberían adoptarse. Las propuestas y reclamos son múltiples. Ambas vertientes de la protesta convergen en algunas y discrepan en otras: Un salario universal de magros 9 mil pesos, el paulatino reemplazo de planes asistenciales por trabajo, que a veces se define como “genuino” y otras como “digno”, atención prioritaria a comedores y merenderos, mejora en los importes de todas las prestaciones sociales, etc.  

Como puede verse, se entremezclan demandas orientadas a paliar la urgencia, con otras que insinúan debates de fondo cuya vigencia puede desplegarse en el mediano plazo. Sin perjuicio de que las vísperas electorales tiñan la discusión, el debate tiene aristas interesantes.

Desde arriba contestan

Las respuestas del lado del gobierno no son muy claras. Por empezar coexisten en las áreas estatales vinculadas a políticas sociales, dirigentes de las organizaciones territoriales oficialistas, como Emilio Pérsico; intendentes municipales, así como dirigentes de La Cámpora y otras organizaciones militantes situadas por fuera del universo “piquetero”. En ese cuadro se dio el reemplazo en el gabinete de un experto en políticas sociales de amplia trayectoria académica, Daniel Arroyo; por un intendente del conurbano, Juan Zabaleta.

Habrá que ver como el nuevo funcionario se sitúa en la disputa por el manejo de las prestaciones sociales. Se suele atribuir a su par de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, una posición a favor de “suprimir intermediarios” y colocar la administración de planes y asignaciones directamente en cabeza de técnicos y funcionarios. Habrá que ver si el nuevo ministro la comparte y, en ese caso, si la lleva adelante.

Sería la expresión de un sueño ya añejo de los punteros del Partido Justicialista y, a mayor distancia, de la derecha en general: Sacarse de encima  a los movimientos sociales que tuvieron protagonismo en la resistencia a las políticas del presidente Carlos Menem; para consolidarse desde la crisis de 2001 hasta el presente.

A la hora de cuestionar la irrupción de los “piqueteros” en las calles, burócratas y militantes del PJ no se privan de ciertos argumentos tan reutilizados como elementales: Se los acusa de “politizar” la protesta social. A su turno, los medios de comunicación siembran sus sempiternas   sospechas de “clientelismo”, pagos bajo cuerda a  los manifestantes, maniobras extorsivas para que concurran a las marchas. 

Los primeros sólo le asignan legitimidad a las acciones dirigidas desde la cúspide del aparato estatal y/o desde las estructuras partidarias más rancias. Los segundos se la adjudican en exclusiva a la supuesta “clase media republicana”, a la que le justifican todo, con algunas tropelías incluidas.

Algún caracterizado miembro del Poder Judicial corre a dar cobertura, con el paso de las objeciones de  hecho al hostigamiento por la vía del derecho. Criminalización de la protesta, como se llama con justicia a esa actividad. En los diarios de hoy puede leerse que el fiscal Guillermo Marijuan, de “calificada” trayectoria en la materia, enfila contra el Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria, “quienes fueron denunciadas por la presunta realización de maniobras ilícitas de coacción contra personas que participaron de la movilización”. (Perfil, edición digital, 19/08//2021, que reproduce información de la agencia Noticias Argentinas)

El fiscal Marijuán denunció por extorsión a dirigentes piqueteros | Perfil
El fiscal federal Guillermo Marijuan

Más allá de consideraciones jurídicas, el propósito político es claro: Instaurar o reproducir la creencia de que los pobres que marchan son “arreados” por dirigentes guiados por consideraciones partidistas, o peor aún, por intereses inconfesables. Y marcarlos como “en conflicto con la ley”.

Reacciones de este tipo encolerizan incluso a parte de la dirigencia afín al gobierno. La semana pasada se asistió a la agria respuesta de Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, a insidiosas afirmaciones del director del portal El Cohete a la Luna, que subestimaban en su alcance, y cuestionaban en su finalidad, a la movilización del día de San Cayetano.

Mirando al futuro de lucha

Queda como posible reflexión la urgente necesidad de poner la mira en las acciones de las distintas expresiones del poder; con amplitud y en profundidad. Como el “ahorro” en “beneficios” del ANSES para mejor proveer a cercanos pagos de la deuda externa. O la proclamación por la vicepresidente de la Nación de que cuatro mil millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG) serán utilizados para pagarle al Fondo Monetario Internacional.

Son sólo ejemplos de cómo algo perversamente naturalizado,  la necesidad de “honrar la deuda”, se traduce en ingentes recursos que toman destinos opuestos al de la atención a las crecientes necesidades de las mayorías populares.

Subsidios directos e indirectos a las grandes empresas que se mantienen o incrementan son otra vertiente de acciones estatales que desprotegen a millones casi al mismo tiempo que benefician a multimillonarios locales y del exterior.

Los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, del presidente para abajo, fueron verdaderos maestros en el arte de culpar a los explotados y excluidos de que Argentina no pudiera “entrar en el mundo” o de que no llegara una “lluvia de inversiones”. La organización popular y la protesta, era sabido, afectaban la “seguridad jurídica” y el “buen clima de negocios”, los eufemismos habituales para cubrir el propósito de que el gran capital haga más o menos lo que quiera.

Hoy vivimos bajo un gobierno muy crítico de las políticas del período presidencial anterior. Sin embargo, las diferencias en el terreno práctico no tienen el carácter rotundo que una gestión genuinamente popular impondría.

El camino de la protesta en las calles, de  la denuncia de los padecimientos sociales por múltiples vías está siendo recorrido, más allá de matices, incluso de aquellos que a veces derivan en antagonismos. Faltan días para las PASO. Ni ellas ni las elecciones de noviembre representarán ningún giro importante, sobre todo si se mira la escena desde abajo.

La lucha es un sendero indispensable a recorrer.  Una mayor articulación de las organizaciones de diverso tipo, a comenzar por las de carácter sindical y territorial, es un objetivo deseable y factible. El despliegue en el espacio público de una base social amplia será un requisito necesario para que alcance a ser realidad.

Daniel Campione

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