Lo electoral como rito divorciado de la esperanza

Lo electoral como rito divorciado de la esperanza

2Sep21 0 Por Jorge Falcone

Jorge Falcone

Casi cuatro décadas de esta democracia de bajísima intensidad no han demostrado que la noria electoral sirva para acercarnos siquiera un poco a la anhelada Justicia Social.

“Instituciones e ideas como el saber, el trabajo, la familia, el esfuerzo (…) han dejado de resultar trascendentes. Nadie cree más en ellas. Sin embargo, el sistema funciona, las instituciones continúan. Pero lo hacen en el vacío. Solo por inercia (…) Y esta misma apatía que todo lo neutraliza aparece en el campo político, donde los porcentajes de abstención en la participación electoral no hacen más que crecer. Los partidos políticos interesan a la población de la misma manera que el pronóstico meteorológico o los resultados deportivos. La política también ha entrado en la era de lo espectacular, liquidando el rigor y la ideología. Y allí es donde ocupan su lugar protagónico los medios”. 

Gilles Lipovetsky.

“La era del vacío”

Si algún tema preocupa en el ámbito de la gran política, es cuál será la configuración que adquirirá el sistema – mundo en ciernes durante esa postpandemia que la inmunidad de rebaño permite avizorar.

Como se sabe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas ha proporcionado algunos datos relevantes al respecto, en su reciente informe sobre cómo el calentamiento global cambiará nuestro planeta en las próximas décadas. Se trata del análisis de más de 14.000 artículos científicos, el más completo hasta la fecha. Según las conclusiones de los científicos, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. También creen que “no es posible descartar” una subida del nivel del mar que se acerque a los 2 metros a finales de este siglo. 

Dicha información ha generado que numerosas personalidades de nuestro país estén solicitando a viva voz un cupo socioambiental en los hasta ahora irrelevantes “debates” a que nos tienen acostumbradxs en tiempo de elecciones. 

Quienes peinamos canas aún conservamos el recuerdo fresco del entusiasmo que despertara ejercer el voto al cabo de casi 8 años de gobierno de facto. Muchxs hasta asistieron al comicio con sus hijxs, para que estxs conocieran qué era una urna y qué un cuarto oscuro. 

Cierto es que, derrotado en el mundo y aquí el proyecto revolucionario que campeó en años los 60 y 70s, no nos dio la nafta para expulsar a los genocidas imponiendo las reglas de juego de una democracia social y participativa, sino que la transición estuvo signada por un pacto de gobernabilidad entre los personeros del golpe y la partidocracia que aún rige nuestros destinos, lo cual facilitó la retirada ordenada de los primeros, hasta que los Juicios de la Verdad llevaron a desfilar por los tribunales a algunos verdugos, librados a su suerte por esos grupos económicos de la oligarquía que ordenaron un baño de sangre a fin de lobotomizar la conciencia crítica de nuestro pueblo y atar la suerte de la Nación al  Nuevo Orden Internacional en gestación. 

Pero, aún así, a considerable distancia de tales “sutilezas”, para la mayoría de la población las elecciones del 30 de octubre de 1983 fueron una fiesta. 

Hoy, en todo el orbe ha predominado un capitalismo apocalíptico que desprecia a los Estados Nacionales y se fortalece en el caos e irrespeto por cualquier tipo de institucionalidad, indiferente a que tal modus operandi enfrente a nuestra especie con la posibilidad cierta de su extinción en un plazo no remoto.

En nuestro país, a 37 años de la recuperación del orden constitucional, período en el que ha  desfilado por la Casa Rosada prácticamente todo el arco político existente (con primacía del peronismo, aquel movimiento nacido bajo la promesa de redimir al pobrerío), está a la vista que con la democracia – “el mejor de los sistemas posibles” – no se come, no se sana, ni se educa.

Y, aunque no siempre alcance con un botón de muestra, la información suministrada por la Junta Electoral de Corrientes acerca de las recientes elecciones provinciales a Gobernador, senadorxs y diputadxs provinciales, algo dice respecto del humor colectivo. Escrutado el 99% de los votos, los resultados fueron los siguientes: 

A gobernador: 

Padrón provincial

868.259 

Votaron

568.334

65.46% Total Padrón Provincial 

No votaron

299.925

34.54% TPP

Blanco

40.070

4.61%  TPP 

Nulos

31.284

3.60%  TPP

Eco + Vamos Corrientes

(Ucr / JxC)

461.209

53.11%  TPP

Frente Corrientes con Todos

(FDT)

139.669

16.08%  TPP

No voto + blanco

330.995

39.15%   TPP

No voto+blanco+nulos

371.279

42.76%  TPP 

Vale la pena aclarar que estos indicadores no apuntan a tensar ninguna “grieta” – en la que por otra parte descreemos – sino a poner de relieve el creciente desencanto con la política institucional, que últimamente también se verificó en Salta y en Córdoba. 

Desde luego que consideraciones como estas suelen hacerse acreedoras a que quien las esgrime sea acusado de practicar la antipolítica, profesar una vocación destituyente, o – en el mejor de los casos – ser funcional a la derecha. Pero lo cierto es que, detrás de las promesas más alentadoras del oficialismo, asoman los datos duros de la realidad: 

Entre enero y julio, el Gobierno pisó un paquete de gastos enorme que impactó, entre otras cosas, sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Gastos que de acuerdo a los montos que registran las últimas planillas oficiales van hoy desde $ 1,7 billón en jubilaciones hasta casi $ 700.000 millones en partidas para enfrentar el Covid y que, con asignaciones familiares incorporadas, totalizan alrededor de $ 2,7 billones. O sea, US$ 27.000 millones al dólar oficial así como aparecen. 

No estaría de más preguntarse cuánto habría sumado el paquete, si durante esos meses se lo hubiese actualizado por la inflación. Entonces, las planillas dirían cerca de $ 3,4 billones. También pegarían en el centro de esta cuestión: dirían que gracias a los malabares y a la poda del Ministerio de Economía se esfumaron $ 680.000 millones reales de un año al otro.

Resulta incontrastable que se trata de un ajuste del gasto público con todas las de la ley,aunque no forme parte explícitamente de un acuerdo con el FMI. En realidad lo estará de hecho, en la larga lista de compromisos que a la brevedad  asumirá el kirchnerismo parabajar el déficit fiscal a cero en cuatro años. 

Por lo pronto, también entran en la movida los recortes que se han aplicado sobre las transferencias a ciertas provincias para gastos corrientes, como sueldos y funcionamiento, que la Casa Rosada maneja a dedo. Aquí la poda dice $ 141.000 millones. Y alrededor de $ 190.000 millones, si se le añade el rédito fiscal que deja el método de hacer correr los salarios estatales detrás de la inflación sin alcanzarla. 

El acumulado entre grandes montañas de plata y montañas de plata medianas que el Gobierno se “ahorró” camino al arreglo con el FMI asciende, en lo que va de 2021, a la descomunal suma de $ 870.000 millones. Al tipo de cambio oficial,8.700 millones de dólares en sólo siete meses.

Cabe destacar, a propósito de esta historia poblada de cifras, que los $ 100.000 millones que días atrás el Gobierno metió en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social fueron algo más que un acto de campaña y una manera de contener la presión de las organizaciones piqueteras para prevenir disturbios. La causa de tal decisión tampoco estriba, solamente, en el agotamiento del cupo que se le había fijado al organismo. 

Ocurre que por esas cosas del ajuste, el presupuesto 2021 de Desarrollo Social había nacido en realidad agotado: sin anestesia, con un muy módico incremento del 8% respecto del ejecutado en 2020, y era francamente insostenible frente a una inflación que ya avanzaba hacia el 50%. 

Quedó firme, eso sí, el ajuste que por todos lados fue acumulándose de enero a julio y, seguidamente, un espacio para manejar los recursos del Estado a la manera que dicte la campaña electoral o al modo medio confuso y exitista en que lo relató Martín Guzmán ante empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, expresando: “En los primeros siete meses del añose registró el 0,7% del Producto en cuanto al déficit primario”. 

Así, el desequilibrio anual resultaría inferior al 4,5% del PBI que Economía se había propuesto como meta; quizás menor al 4% o ser, incluso, el más bajo desde 2013.Es parte del perfil ortodoxo que la realidad impuso al gobierno kirchnerista. 

A este pasoantes de fin de año podría anunciarse un acuerdo con el Fondo Monetario. O, cuanto menos, algo bastante más concreto que las declaraciones, generalmente formales y visiblemente apuntadas a mantener vivas las expectativas, que hace meses desparraman el Ministro de Economía y la directora del organismo. 

Ha trascendido, además, que las negociaciones en marcha contemplan un plazo de pago de diez años con cuatro o cuatro y medio de graciapara los US$ 45.000 millones que se le deben. También, que no habrá punitorios ni sobretasa del 4 % por morasino un digamos normal 2% y, añadida, una cláusula según la cual si aparece una reforma al FMI que mejore las condiciones del arreglo será aplicada al caso argentino. 

Previsiblemente, habrá algún párrafo en la Carta de Intención,algún compromiso asociado a la brecha cambiaria, porque la del 80% que tenemos hoy esimpresentable. Lo mismo ocurrirá con laabultada factura de subsidiosque va acumulándose de mes en mes, para sostener sobre todo el congelamiento de las tarifas de luz y gas y funcionar, así, parecido a un ancla que se supone antiinflacionaria.

Aquí las planillas anotan que el paquete de subvenciones o compensaciones del Estado redondeó, entre enero y julio, $ 646.000 millones y $ 467.000 millones la parte que le tocó al retraso de las tarifas de la energía eléctrica. Ambas cuentas crecen al 80% y, al revés de las otras, marchan 30 puntos porcentuales por arriba de la inflación. 

Todo va camino del billón de pesos, al cierre del año. Y lo que viene, ahora sí o sí, es un ajuste tarifario que vaya achicando la factura fiscal y alineando las cuentas detrás del objetivo de la meta del déficit cero. Se lo llame como se lo llame, será ajuste y ajuste a la FMI. 

Mientras tanto tenemos para entretenernos al viejo y muy desigual ajuste que siembra una inflación del 50% que, en el primer semestre, provocó una caída del salario real del 6% que lo mandó debajo de los niveles de 2013. Acompaña la música plana de una economía que duerme hace una década y que en lugar de crear empleo lo destruye y, al fin, una orquesta oficial desafinada. En tal circunstancia Guzmán pretende hacer campaña con el 8% que afirma crecería el PBI este año.

Así, en la era del “Fin del Trabajo” (en Japón se propone una semana laboral de cuatro días para evitar estrés y reactivar la economía), mientras el grueso de lxs argentinxs se muestra permeado por el sentido común hegemónico, que supone que – si no la única – la principal forma de participación política del ciudadano de a pie consiste en introducir un papelito en una caja de cartón corrugado cada 2 o 4 años y mirar por TV qué hace la dirigencia con la decisión mayoritaria, el debate en el seno de la militancia (oficialista o no,  pero comprometida con la suerte de lxs de abajo) se libra entre las distintas variantes del asistencialismo y las de la autogestión.

En tanto el gobierno recibe el apoyo de los movimientos sociales afines – abocados de lleno a la campaña del Frente de Todxs -, e intenta contener a los opositores, unos y otros coinciden en un mismo diagnóstico: la única forma de reducir el gasto social, que involucra a más del 60% de presupuesto nacional, y trasformar los planes en trabajo es abriendo fábricas y unidades productivas. Mientras ello no ocurra, achicar el gasto social a través de recortes, como aspira el Ministro de Economía, será casi una misión imposible y “apagará” el fuego con nafta. 

De este modo, al mismo tiempo que las grandes organizaciones que participan del Estado (el Movimiento Evita, que mayormente alineado con la prédica social del Sumo Pontífice mantiene un pie en la administración central y otro en el territorio; y La Cámpora, surgida desde los despachos oficiales construyendo poder institucional de arriba hacia abajo) disputan una tajada del poder constituido, en muchos de los agrupamientos extraparlamentarios germina un poder constituyente que fomenta  circuitos virtuosos de producción – distribución – comercialización en manos del pueblo, de cara a un horizonte que no descarta la eclosión de un nuevo Argentinazo, y abreva en las experiencias más avanzadas de la Década Larga Progresista de Nuestra América, apostando por fortalecer los Estados Comunales  con el protagonismo de las mujeres, Primera Línea de todas las batallas. 

Porque casi cuatro décadas de esta democracia de bajísima intensidad no han demostrado que la noria electoral sirva para acercarnos siquiera un poco a la anhelada Justicia Social.-

JORGE FALCONE