Alerta feminista ante una detención injusta

Alerta feminista ante una detención injusta

5Sep21 0 Por Andrea Nieva y Yanina Waldhorn

El viernes detuvieron y posteriormente liberaron – tras la fuerte presión de los activismos feministas y de derechos humanos- a una médica de Tartagal, provincia de Salta, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Ella garantizó el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo de una mujer de 21 años.

En el día de ayer el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías II la detención de la médica (L.M.R) del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, quien intervino en el procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE).  La práctica fue solicitada por una paciente mayor de edad, que cursaba 22 semanas de gestación y que en pleno ejercicio de su autonomía llevó a cabo la interrupción en el marco de la causal salud integral. El procedimiento ocurrió el pasado 24 de agosto. Según trascendidos, profesionales objetores de conciencia violaron el derecho a la confidencialidad y convocaron a la familia, que posteriormente denunció a la profesional por el delito de aborto (artículo 85 inciso 2 del Código Penal).

Desde la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud  por el Derecho a Decidir emitieron un comunicado que expresa: “La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia Clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”.

A su vez integrantes de la Red informaron que el equipo interdisciplinario que atendió a la joven estuvo conformado por una médica, una trabajadora social y una psicóloga, quienes certificaron que se trataba de la causal salud y que estaba debidamente justificada según lo establecido en el  Artículo 86 del Código Penal.

El acceso a la ley 27610, al aborto legal, seguro y gratuito

El 24 de enero del año en curso entró en vigencia en todo el país la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, la misma dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: “… no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante: 1. Si el embarazo fuere producto de una violación. 2. Si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante”. Este último fue la causal de la joven salteña.

En horas de la tarde de ayer el Juez de Garantías II de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, ordenó la libertad de M.L.R. La decisión del Juez fue adoptada luego de realizada la audiencia en sede fiscal en presencia de la defensa técnica de la médica y el letrado de la querella. El Juez le impuso a M.L.R. como medida sustitutiva, mientras dure el proceso, presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y la  prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del Tribunal.

M.L.R. sería la única médica no objetora de conciencia del Hospital en mención, lo cual implica que recibe toda la presión y hostigamiento de sectores antiderechos que quieren desconocer la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

En lo que va del año los sectores antiderechos han desplegado más de treinta estrategias fallidas en la justicia para obstaculizar el acceso a este derecho. Tal es el caso de la provincia de Córdoba que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia rechazó una medida cautelar impulsada por el fiscal Juan Manuel Delgado que avalaba la suspensión del aborto en la provincia.

La presión de los activismos feministas y de derechos humanos

Apenas conocida la noticia de la detención fue la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con cientos de activismos y organizaciones feministas y de derechos humanos que se pronunciaron en solidaridad y exigiendo la inmediata liberación de M.L.R.

Circularon comunicados en las redes y se convocaron acciones en las casas de la provincia de Salta de distintos puntos del país. En la ciudad de Salta se llevó a cabo un pañuelazo frente al Ministerio Público Fiscal y en el Hospital Materno Infantil de Tartagal.

Una vez más los activismos feministas estuvieron alertas y organizados para no retroceder en los derechos conquistados.

Andrea Nieva y Yanina Waldhorn

Foto elDiarioAR.com

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