Sin licencia social pero con protección judicial

Sin licencia social pero con protección judicial

30Sep21 1 Por Darío Balvidares

En Catamarca, más concretamente la ciudad de Andalgalá se ha llegado a las 600 marchas que le dicen NO a la megaminería, sin embargo en los últimos días cinco mujeres han sido imputadas por la fiscalía, por  una “pintada” contra el proyecto megaminero MARA.

El proyecto MARA surge de la fusión de Minera Agua Rica con la infraestructura de lo que fueron años de explotación de la Alumbrera. Explotación que conocen y sufren los habitantes de Andalgalá y otras localidades como Belén y Santa María.

Las varias roturas del mineraloducto tiempo atrás había contaminado las aguas, el aire y la tierra, esto que en 2004 fue descubierto, llevó a la minera Alumbrera a perder el juicio.  La sentencia dictada por el juez Eduardo Dip Tártalo determinó que la empresa minera debía realizar “todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas”.

Aun así y con interrupciones en su producción, la Alumbrera continuó y amplió su proyecto fusionándose con el otro, el proyecto Agua Rica que nunca tuvo licencia social, aunque poco le interesa a las empresas operadoras del proyecto.  La compañía canadiense Yamana Gold, con una participación del 56,25%, Glencore International  y Newmont que mantienen el resto de la participación accionaria con el 25% y el 18,75% respectivamente.

Desde tramas conversamos con el abogado Juan Figueroa, defensor de las mujeres imputadas por la fiscalía que hizo lugar a la denuncia de la empresa  por “pintadas” a un establecimiento en junio de este año. En total con las 12 personas judicializadas por la protesta de abril, también de este año, suman 17 defensores y defensoras del ambiente judicializados, mientras la minera avanza con sus proyectos probadamente depredadores.

Nos cuenta el Dr. Figueroa que “las mujeres han sido imputadas por el delito de daños en calidad de coautoras. El hecho lo denuncia la empresa minera basándose en que en junio, estas mujeres se habrían apersonado y pintado esa propiedad que ellos tienen en el distrito Chaquiago. No hay muchas pruebas, sólo la denuncia por parte de la minera, un par de fotos y testimonios de los propios miembros de seguridad, contratados por Agua Rica. El hecho es que esta imputación por daños simples en calidad de coautoras nunca existió, porque las señoras pusieron carteles pero nunca pintaron”.

En la protesta de los acontecimientos de abril, cuando los asambleístas  impedían que se subiera al cerro Aconquija la maquinaria pesada para evitar que se trabaje sobre el ambiente periglaciar, principal fuente de agua, fue la fiscal Soledad Rodríguez quien actuó en la detención de los 12 asambleístas y su posterior judicialización.

Por supuesto que es la misma que ahora imputa a las 5 mujeres por defender la degradación del ambiente y la destrucción paulatina de la tierra, el agua y el aire.

La misma fiscal, Soledad Rodríguez, que actúo como síndico y abogada de la minera El Altiplano, es quien judicializa e imputa a quienes se opongan a la actividad contaminante que produce la megaminería a cielo abierto, la misma fiscal que no investiga los procesos de contaminación crecientes que produce la empresa con la anuencia de funcionarios,  gobiernos y la suya propia, en su carácter de representante de la megaminería del gobierno provincial, como lo ilustra el video (2013) en el que desafía y descalifica al entonces intendente de Andalgalá por apoyar la decisión de los vecinos en contra de la megaminería y que reproducimos acá.

Pero al mismo tiempo que esto ocurre, el pueblo de Andalgalá no se queda quieto como lo prueba su continuo estado de movilización con la Asamblea El Algarrobo en la vanguardia, que hoy jueves 30 de septiembre, a las 11 estarán reclamando frente a los tribunales de Comodoro Py por la denuncia presentada, el 25 de octubre de 2019, ante la Cámara Federal Criminal y Correccional por la posible comisión de delito de incumplimiento de funcionario público a los denunciados miembros del  Directorio de YMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que es una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional. YMAD ha formado una “unión transitoria” con la empresa La Alumbrera, por la cual percibe el 20% de las utilidades.

Los denunciados pertenecen al Directorio de YMAD:
Lic. Ángel de Jesús Mercado; C.N Luis de Miguel; Justo Daniel Barros; el Dr. Domingo Mario Marchese; el Dr. Alfredo Grau; el Dr. Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaria de Minería de la Nación; la Dra. Irma Miranda y el Ing. Ignacio Díaz Zavala de la Sindicatura General de la Nación.
Los andalgalenses merecemos saber cuál fue el motivo por el cual los funcionarios denunciados al firmar los acuerdos comerciales para la integración de los yacimientos mineros Bajo La Alumbrera y Agua Rica desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglaciar en la Cuenca del Río Andalgalá habida cuenta de la existencia científica sobre ello.
Esto se debe a que ningún funcionario viola la ley gratuitamente.
En ese sentido pedimos el Cierre Definitivo del yacimiento minero y por lo tanto que BAJEN LAS MÁQUINAS
”. Expresan en el Comunicado de la Asamblea El Algarrobo.

Darío Balvidares

Imagen destacada La vaca MU

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