Plomo en la sangre y los fantasmas de la corrupción anunciada

Plomo en la sangre y los fantasmas de la corrupción anunciada

7Oct21 0 Por Darío Balvidares

La realidad de los que habitan las márgenes no goza de buena salud ambiental. Los años pasan, la contaminación se agrava, las soluciones son sólo promesas incumplidas y las acciones gubernamentales poco transparentes.

Plomo en la sangre es el documental que desnuda la realidad de las familias que viven en algunos de los “barrios” asentados en las orillas del Riachuelo. En suelos contaminados con líquidos cloacales, plomo y mercurio y que quien escribe esta nota lo utiliza como disparador para completar la temática.

Las familias y sobre todo les niñes padecen enfermedades que van desde la contaminación por vía inhalatoria, digestiva y cutánea, según refiere Mirta Borrás, pediatra-toxicóloga,  en el video.

La plombemia es el denominador común,  es decir intoxicación con plomo, que tiene como posibles consecuencias, según el grado de toxicidad, la producción de anemia, hipertensión, disfunción renal, entre otras; pero la gravedad en las cuestiones neurológicas se cree irreversible con problemáticas conductuales y cognitivas.

No parece poco el terrible daño al que están expuestas de manera constante la totalidad de las comunas que habitan ese territorio como muestra el documental. Rellenado con basura y desechos industriales, que con las lluvias amalgaman un barro tóxico, que además de enfermar, impide que les niñes puedan  salir para ir a la escuela.

En el documental intervienen la ingeniera hidráulica, María Eva Koutsovitis (colaboradora de Tramas) y Sergio Val, educador popular, ambos entrevistando a los vecinos y por supuesto, recogiendo información que opaca cualquier discurso oficial sobre el tema. Entre otros, sobresale un testimonio que desde la serenidad da cuenta de la carencia ética de quienes dicen tomar un compromiso social.

El testimonio de una vecina del barrio El Paredón en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, sintetiza y caracteriza la actuación de buena parte del espectro político: “Los políticos, vienen, se informan, hacen campaña, se llenan la boca y después no vuelven a traer devoluciones, las respuestas que una necesita, mismo te das cuenta cómo vivimos, que necesitamos luz, necesitamos agua, no nos dan recolección de basura…”.

En el barrio Unidad y Lucha, Sarandí, Partido de Avellaneda, existen fundidoras de aluminio, de plomo y fábricas de ácido, que trabajan a partir de las 6 de la tarde, durante toda la noche para burlar de alguna manera los escasos controles sobre la producción y los desechos, el humo que exhalan las chimeneas ventean olores insoportables que afectan la vista y la respiración, afirman los vecinos.

En Villa Lamadrid, Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, analizaron a 17 familias y todos tenían plomo en sangre.

Miles de personas que habitan la zona “ribereña” están afectados por el propio hábitat, ya no se trata de hacer “evaluaciones” sino de tomar decisiones político/sanitarias urgentes.

ACUMAR y la burocracia consumada más el Banco Mundial

La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) es un ente público, autónomo, autárquico e  interjurisdiccional en el que intervienen la Nación, la provincia de Buenos Aires y La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo Consejo Directivo está presidido por el ministerio de Obras Públicas y representantes de las tres jurisdicciones y un Consejo Municipal con representantes de los 15 municipios que componen la cuenca, es decir 14 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma con sus 9 comunas, además de las vinculaciones con universidades, etc. etc.

El ente se crea en 2006 mediante la ley 26.168, pero no porque alguno de los gobiernos, que  tienen responsabilidades directas,  haya visibilizado la situación de extrema precariedad socio-ambiental en la que estaban y están quienes habitan las márgenes de la cuenca Matanza-Riachuelo. La creación del ACUMAR responde a una denuncia  “consecuencia de la demanda cursada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como “Causa Mendoza”. En 2004, un grupo de vecinas y vecinos de Villa Inflamable, en Avellaneda, reclamaron para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.  En esta demanda -dirigida contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas- pedían por la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la Cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego, la acción judicial incluyó a los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca”, dice la propia página web del ente.

Sucede entonces que en 2008 la Corte Suprema de la Nación dictó sentencia definitiva en el caso Mendoza, sentencia colectiva  de carácter declarativa y de ejecución, ya que contiene una condena general, que recae sobre la ACUMAR,  el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “igualmente responsables en modo concurrente”, por el cumplimiento del programa establecido en la resolución, “que debe perseguir tres objetivos simultáneos: 1) la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del ambiente en la Cuenca en todos sus componentes (agua, aire, y suelos) y 3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción…“.

Sin embargo, ACUMAR como responsable primigenio de los objetivos fijados por la Corte tiene, también, olor insalubre por las irregularidades y los puntos oscuros que salen “a la luz tras una serie de denuncias periodísticas, que derivaron en un pedido de investigación de la Corte Suprema a la Auditoría General de la Nación (AGN). Del informe realizado por la AGN se desprendió que las firmas Gildin S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Tierras Provinciales S.A., Compañía Constructora M&T S.A. y Kartonsec  S.A, beneficiadas en el saneamiento del Riachuelo, estaban vinculadas con (el juez) Luis Armella, ya sea por la composición de sus órganos, la alternancia de sus socios o la coincidencia de sus domicilios”.

ACUMAR como ente autárquico público ha sido un lugar de disputa de poder y escenario de corrupción. Su primera directora Romina Picolotti (2006-2008) acaba de ser condenada este 27 de septiembre pasado a 3 años de prisión en suspenso por defraudación de las arcas públicas. El resto de los funcionarios no llegaban a estar un año en el cargo. Otro de los casos notables fue el de Gladys González (enero-julio 2017)  “en su paso por ACUMAR  se realizó una fiesta para doscientas personas por el cumpleaños de Julio Urrutigoyti, cercano al político Sergio Bergman, en la que se denuncia el uso de recursos oficiales para su realización”. Esto sucede después de haber invertido solo en el 20% de lo que se debería haber cumplido.

De acuerdo con lo que dicen los vecinos de los municipios involucrados, ACUMAR, aparece, releva alguna información y desaparece.

Es necesario repasar que los dineros, lo miles de millones de dólares que se pidieron para remediar, recomponer y sanear el ambiente en el sentido amplio del concepto, son créditos del Banco Mundial, el primero es de junio de 2009 por 963 millones de dólares; en septiembre 2019 un primer financiamiento adicional por 245 millones de US$ y en 2021 el segundo financiamiento adicional por 265 US$, siempre en millones. A esas cifras hay que sumarle los consecuentes intereses y gastos de servicio de deuda (comisiones).

La pregunta final: ¿A 12 años del primer endeudamiento y 15 de la creación del ACUMAR, todavía el estado de las cosas es como vemos en el documental?

Algo huele a podrido en ACUMAR, porque en su propia página web, en el apartado “Transparencia”, dónde dice “Préstamo Banco Mundial”, al cliquear, aparece la leyenda: “NO SE ENCONTRÓ LA PÁGINA”.

Por suerte encontramos el documental que aquí  les dejamos.

Es importante que los funcionarios a cargo de las problemáticas socio-ambientales, producto de políticas corporativas y del capitalismo voraz vean el documental Plomo en la Sangre, producido por La Olla TV.

Darío Balvidares

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