Colombia: una fábrica de muerte

Colombia: una fábrica de muerte

11Oct21 0 Por Carlos Munevar

Por estos días la naturaleza inhumana de la barbarie colombiana es tan atroz, que incluso los titulares de la pandemia que dominaron un año y medio el escenario pasaron a un segundo plano, ya nadie habla de fallecidos por la Covid19, de número de contagios, menos de normas de bioseguridad; la deshumanización de la sociedad colombiana a manos de un régimen narcoparamilitar con marcados rasgos fascistas tiene serias consecuencias en las dinámicas sociales y sus diferentes expresiones.

El país está enfermo de odio y miedo, secuestrado por un desgobierno en donde las instituciones que conforman el Estado están totalmente desprestigiadas, asunto que no es fortuito, día tras día los titulares en periódicos, noticieros y portales web dan cuenta de  una corrupción desbordada que  inunda todos los escenarios, con  la impunidad como bandera de gobierno en una fratricida   cruzada que inició el partido de gobierno y sus aliados en contra del estado social de derecho instaurado en la constitución de 1991 y de todo vestigio de oposición política.

La reacción ante el descontento generalizado, producto de la precaria situación social y económica aumentada por la pandemia y expresado en el gran paro nacional de la primera mitad de año, ocasionó que la desacreditada extrema derecha, cual fiera acorralada por sus propios errores, enfilara  todas sus baterías contra los sectores políticos democráticos, progresistas, sindicales, barriales y juveniles, persiguiéndolos y culpándolos de la debacle, para impedir un cambio de modelo y su derrota en las elecciones del 2022.

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la respuesta del establecimiento contra los movimientos sociales ha sido salvaje y propia de las peores dictaduras que han existido en el mundo, persecución y criminalización hacia quienes lideraron el movimiento barrial son pan de cada día y son llevadas a cabo  de manera despiadada, no hay caminos de encuentro social y construcción de escenarios de diálogo, prueba de ello es el discurso radicalizado oficialista y el de sus precandidatos con miras a los próximos comicios.

Mientras tanto, Iván Duque atraviesa sus últimos meses en la presidencia afanado por seguir haciendo trizas el acuerdo de La Habana, afrontando toda una novela de escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios de su gobierno, tal es el caso de Karen Abudinen, exministra de las TIC, enredada con 70 mil millones perdidos en contratos de conectividad para las escuelas públicas más vulnerables; Luis Gustavo Moreno, exfiscal de corrupción, hoy preso por corrupción; Lisandro Junco Riveira, director de la DIAN (Dirección de impuestos y aduanas nacionales), involucrado por evasión de “impuestos” en paraísos fiscales según la investigación periodística de los “Pandora papers”; María Victoria Angulo, ministra de educación, de discreta gestión en su cartera, ahora en problemas gracias a las revelaciones hechas por el periodista Daniel Coronell en su columna del domingo en el portal “Los Danieles”, dando a conocer una serie de reuniones que la funcionaria llevó a cabo en su momento con el  hoy condenado excongresista, Eduardo Pulgar en donde se  trataron temas por los cuales el político perdió su investidura y hoy se encuentra detenido. Estos entre muchos otros, dan muestra de la degradación de la política uribista,  además las  cifras económicas y sociales son  contundentes y demuestran el fracaso de su gestión, un ejemplo entre muchos es el caso del peso colombiano que pasa a ser  la moneda más devaluada del mundo en lo corrido del año, con una caída de 14,20%, por encima de Turquía (-14,03%) y Argentina (13,25%).  La estrategia del gobierno de Duque es generar el caos, la anarquía y la sensación de inseguridad para vender el discurso añejo y recalcitrante de “seguridad democrática” y asegurar la victoria electoral de la ultraderecha en las próximas elecciones.

Paralelamente a la degradación del discurso, como es el caso de la precandidata presidencial uribista, María Fernanda Cabal, quien sin el más mínimo rasgo de vergüenza niega los falsos positivos, manifiesta que la salud es un negocio, insulta abiertamente a la izquierda, al movimiento social, reduciendo el debate político a un escenario de odio, discriminación e incluso legitimación de la muerte de todo aquel que no sea uribista y “gente de bien”, está la degradación de la violencia, si es que  se puede utilizar esta expresión, pues  en Colombia pareciera ser que cuando uno cree que no se  puede caer más bajo, la realidad supera la ficción y demuestra que los límites de la barbarie no existen.

Tres situaciones lo comprueban, primer caso, 4 niños mueren en el Chocó tras bombardeo ejecutado por el ejército nacional  en un ataque al ELN y lejos de mostrar algún signo de empatía o solidaridad, el gobierno Duque los trata como daños colaterales y en palabras del mismo presidente se advierte cínicamente:  “ahí no había civiles”; segundo caso, más de 100 familias de recicladores en condiciones de vulnerabilidad son desalojadas en Bogotá por mandato de la alcaldesa, Claudia López, sus casas son incendiadas, pierden todo y no hay soluciones; tercer caso:  un niño de 12 años  y un joven de nacionalidad venezolana son apresados por comerciantes en la población de Tibú (Norte de Santander) al parecer por intentar robar, son grabados con vida en el momento de su captura, pero unos minutos después sus cuerpos yacen en un charco de sangre al lado de un camino, amarrados y con un letrero donde se lee “LADRONES”, asesinados a sangre fría presuntamente a manos de paramilitares.   

Cualquiera esperaría un rotundo rechazo social ante estos actos de barbarie, pero el discurso de odio ha calado tanto entre la gente que muchos aplauden y legitiman estas acciones salvajes, además del habitual señalamiento de terroristas, vándalos, guerrilleros, etc. hacia quienes manifiestan rechazo y búsqueda de justicia.  Motivos suficientes para asegurar que Colombia es una sociedad enferma de miedo: aporofobia, racismo, xenofobia, violencia política, violencia de clase, incluso hasta intolerancia religiosa,  todo un cóctel elaborado a partir del discurso del enemigo interno, el castrochavismo, la amenaza terrorista, la invasión venezolana, la inseguridad, temas que se vienen repitiendo desde hace más de 20 años como matriz mediática para justificar un modelo policivo, antidemocrático, de culto a la muerte, con legitimación de la violencia y la eliminación física del contradictor o de todo aquel que levante banderas por la reivindicación de derechos. Para muchos colombianos hay muertes “buenas” y “malas”, es la ley de la selva, devolviéndonos a épocas pretéritas incluso anteriores al mismo derecho burgués.

En esas condiciones el proceso electoral  del 2022 es apenas uno de los escenarios en disputa, lo que está en juego no sólo es el poder político e institucional, más allá de todo ese “espectáculo de la democracia” está la lucha por  el espíritu democrático y plural de la nación, la concepción ética de la existencia humana, la posibilidad de pasar la página  oscura  de la tragedia colombiana, la lucha por construir una nación viable, dos visiones se encuentran enfrentadas: esos que naturalizan la barbarie como herramienta de dominación necrocapitalista y quienes creemos que la defensa y dignificación de la vida en  todas sus formas es un imperativo categórico como paso fundamental para la construcción de una sociedad diferente.

¿De qué sirve cambiar las fichas del ajedrez si el tablero esta untado de sangre? Un pueblo en donde muchos celebran la muerte de sus niños señalándolos de máquinas de guerra, como si fueran goles que se le hicieran a la justicia, es un pueblo enfermo de odio, una sociedad camino a su autodestrucción.  

Carlos Munevar, corresponsal en Colombia.

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