El Lawfare: otra guerra más en el combate de fondo

El lawfare es una técnica de decapitación sustitutiva de medios militares (tradicionales) para detener un liderazgo o proyecto que afecte el interés de EEUU y de las grandes corporaciones a nivel mundial. La guerra judicial es una guerra política por la vía judicial.

De lo que es, del origen del concepto, de su función.

La aplicación de la guerra judicial -tanto en su génesis como en su ulterior desarrollo- permite señalar críticamente por lo menos dos puntos: 1) la función legitimadora que ocupa el sistema jurídico respecto al sistema socioeconómico; 2) el Lawfare como arma propia -no impropia- de ataque a un líder o lideresa o grupo político, a fin de desestabilizar su liderazgo o gobierno, e -incluso- para socavar su imagen con anterioridad a su postulación.  Se le atribuye pertenencia a la categoría de “guerras de bajo impacto” -de bajo impacto ¿para quién o quiénes?-. El marco son las llamadas “Guerras híbridas”, o “Guerras de 4ta o 5ta generación”, para generar o coadyuvar a la inestabilidad política en contextos de disputa de proyectos en América Latina. La experiencia conosureña y del Caribe, muestra la estrategia regional de judicialización de la política -guerra judicial así llamado el lawfare en Colombia- en Honduras contra el presidente Mel Zelaya, en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo, en Brasil contra los presidentes Lula da Silva y  Dilma Rousseff, en Ecuador contra el presidente Rafael Correa –casos claves del dispositivo para objetivos militares en función al interés de manipulación del mapa geopolítico-. Así en Argentina, la aplicación del lawfare en temas con amplias implicancias en la política internacional como el de la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. 

Respecto a su génesis, el concepto quedó formulado en el tratado “Guerra sin restricciones” (“Irrestricted wars”) escrito en 1999 por Quiao Liang y Wang Xiangsui -oficiales del Ejército de Liberación Popular de la República Popular de China, en donde los autores definían métodos y estrategias no convencionales, especificando tres escenarios simultáneos: la guerra psicológica; la guerra de opinión pública; la guerra legal o lawfare. Al ser traducido en EEUU, el título mutó a “Guerra irrestricta: Plan Maestro Chino para Destruir América” (”Unrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America”) y, en poco tiempo,el coronel de la aviación norteamericana Charles Dunlap pasa a ser considerado como “padre de la criatura” al asociar el concepto de lawfare a la defensa nacional con un marco teórico, desplegado especialmente hacia dentro de la cúpula de la Fuerza Aérea de EEUU. Esto explicitó que lo jurídico pertenece al imperativo estratégico militar de EEUU. Lo dicho no empece a que, abriendo la mirada de la investigación, podemos rastrear la función del lawfare en los 11 principios acuñados por Joseph Goebbels.

De lo obvio y más allá

  La guerra judicial importa la supremacía y abuso del aparato judicial y de dispositivos procesales como la prisión preventiva, articulada con la manipulación de la opinión operada por los medios de comunicación para deslegitimar proyectos políticos progresistas. Y a sus líderes o grupos de afinidad con el objetivo inmediato de “restaurar” el orden neoliberal capitalista. Tal articulación implica una red de estrechas relaciones entre jueces, fiscales, abogados, peritos y actores sociales relevantes, en enlace con determinado periodismo en un circuito de comunicación “por fuera de” y “en contra de” los derechos y garantías constitucionales.

Esta guerra amplía el proceso de destinación de la política hacia el Poder Judicial. Junto con un activismo mediático que pasa a ser una especie de contenedor o salvador de los problemas de lo social y político azuzado por el interés empresarial de esos medios con los que los poderes instituidos están comprometidos. Los medios de comunicación direccionan “el sentido común” con las redes sociales como disparadores emotivos y motivacionales. 

La judicialización de la política, para el caso, es aplicada por operadores de la lógica refractaria a la concreción de Derechos Humanos en cuanto lo que dicha concreción implica respecto a los poderes fácticos pertrechados en su contra. Se centra en territorio nacional y funciona en representación o afinidad de objetivos a los espacios internacionales de poder económico concentrado.

Los frentes sistemáticamente articulan operadores académicos y avezados conocedores de nuevas tecnologías publicitarias y de comunicación de masas. Sostenido con el soporte ya legitimado respecto al Estado, a la libertad individual y a la propiedad privada “por encima de” y “en contra de” los avances logrados para incorporar normativas progresivas o para aplicar algunas, en esta intervención no armada en el patio trasero donde movimientos populares y referentes expresen un ideario de resistencia, y/o con gobiernos que se sienten interpelados por esa lucha y ese ideario –incluso cuando la respuesta que aquéllos dan a dicha interpelación no sea anticapitalista-.

Carece de sentido “solicitar” a los medios de comunicación que funcionen como otra cosa que no son, cuando la propiedad privada de aquéllos responde en coherente consonancia con el principio de la lógica: si A es A, no es B. Lo dicho aplica tanto a los medios masivos de comunicación como a los de producción. El conflicto puesto de manifiesto en la guerra judicial sigue siendo el de dos lógicas opuestas respecto a la “idea de democracia” y a la democracia misma -por ende, a la función del Estado, la magistratura y de la propiedad privada de los medios de producción de bienes y sentidos-

Lawfare contra la Salud Pública

En Argentina, a más de casos donde funcionarios públicos kirchneristas quedaron involucrados en lo que resulta ostensible o, por lo menos, de legítima inferencia que se aplicó el lawfare.

El embate contra el gobierno nacional apeló a dicho mecanismo direccionado a lograr convicción social contra la cuarentena iniciada el 20/03/2020 y sus subsiguientes fases, poniendo en juego la salud pública en un contexto socioeconómico de profundo agravamiento de las condiciones de vida de los sectores histórica y progresivamente vulnerados, y de extrema sensibilidad social por las incertidumbres que padecimos como cuerpo social frente al Covid-19, cuando la muerte de lxs infectadxs nos sacudía de dolor y sin respiro.

El soporte sobre el que se ancló el fenómeno “anticuarentena” y, a posteriori aunque concomitante a aquél, el de la postura “antivacuna”, se entramó entre dos líneas argumentales desembozadamente de derecha: 1) la de la necesidad de proteger al mercado; 2) la de que las restricciones de la libertad ambulatoria atentaban contra la libertad individual. 

Los casos de referencia son: a) La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de judicializar el decreto presidencial que suspendió las clases presenciales en el AMBA en el marco de la gestión de la pandemia; b) la denuncia judicial contra el Presidente de la Nación y contra el entonces Ministro de Salud Ginés García, firmada por Elisa María Carrió y lxs diputadxs Juan Manuel López, Mariana Stilman y Mónica Edith Frade, del 23/12/2020, registrada como expediente CFP 9924/2020 y radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal, era “por envenenamiento o adulteración de aguas medicinales o alimenticias; defraudación a la Administración pública, incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 249)” y también abarcaba a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”. Tal era el absurdo que el Fiscal Guilermo Marijuan solicitó se la desestime por inexistencia de delito. Correcto, así como el archivo de la causa. Pero el lawfare ya había dado frutos como herramienta política.

Liliana Costante