Universidad de Luján: venderían parte de su campo experimental

Universidad de Luján: venderían parte de su campo experimental

28Oct21 0 Por Ivana Muzzolon y Sebastian Bazan

Desde el sindicato de trabajadorxs no docentes (ATUNLu) y un sindicato docente minoritario (ADIUL) proponen fraccionar parte del campo experimental de la Universidad Nacional de Luján para realizar un plan de viviendas. ¿Es esto viable?

Hace varias semanas  existe en el ámbito de la UNLu un acalorado debate en torno a la propuesta de venta de una fracción de los campos que son destinados a tareas académicas.  La noticia se hizo pública cuando se conoció que uno de los sectores interesados en privatizar dichas tierras ya había convocado a un agrimensor que había realizado mediciones para avanzar con las acciones de loteo sin el debido tratamiento en los órganos de decisión de la universidad. Hecho que despertó la indignación del resto de la comunidad universitaria y se extendió como “corredero de pólvora” dentro y fuera de la universidad.

En el contexto de la pandemia, la universidad como otras instituciones educativas suspendió sus actividades académicas presenciales durante todo el 2020. Las actividades educativas y el funcionamiento de los órganos colegiados de decisión, aún hoy, siguen funcionando por medio de la virtualidad. A pesar de ello, los/as dirigentes de dos sindicatos de trabajadores/as de la universidad promueven un proyecto para vender al menos 20 de las 254 hectáreas que posee la institución, donde hoy se desarrollan proyectos de investigación, docencia y extensión (actividades destinadas a la relación con las comunidades).

La propuesta presentada por estos sectores prevé armar un fideicomiso. Esto significa que, la universidad debería traspasar bienes propios a terceros para que lo administren y puedan realizar inversiones en beneficio propio. Además, estima que la Universidad se haga cargo de los costos de infraestructura para lotear las tierras a las que podrían acceder de forma mayoritaria no docentes y  docentes pertenecientes a la UNLu y en forma minoritaria personas de la comunidad en general.

No obstante, si bien, no hay una presentación formal del proyecto por vía administrativa de la universidad para que pueda ser tratado en los órganos de toma de decisión colectiva representados por docentes, estudiantes y no docentes se conoció el proyecto preliminar. Por otra parte, los gremios ATUNLu y ADIUL que impulsan la privatización de las tierras permitieron el acceso de un agrimensor a la zona que sería parte de los loteos e iniciaron una primera campaña para que sus afiliados/as se inscribieran en el plan de viviendas que incluye la construcción de 350 viviendas.

A raíz de que el proyecto preliminar y la campaña de los gremios recibieran el pronto rechazo del sindicato docente ADUNLu (con mayor cantidad de afiliados/as); un pronunciamiento público en contra del proyecto elaborado por docentes e investigadores/as que juntó más de 2.200 adhesiones en el lapso de una semana; como acciones de rechazo de organizaciones de estudiantes y de la Asamblea de Estudiantes Autoconvocados/as contra la privatización de las tierras de la universidad, ATUNLu y ADIUL ampliaron la campaña fuera de la universidad por medio de diferentes medios locales e invitando a otras personas de la comunidad en general hacerlo.

De esta manera, ATUNLu y ADIUL no solo redoblaron los esfuerzos de campaña sino, también, los esfuerzos por imponer un proyecto privatista de la universidad pública. Karina López, secretaria de capacitación de ATUNLu, expresó en algunos medios que este proyecto es “una oportunidad única” asemejándose a una vendedora de emprendimientos y desarrollos inmobiliarios en una zona que además cuenta con una arboleda añeja que incrementa su valor. Aunque, la apuesta por sembrar apoyo social fuera de la universidad cosechó más rechazo e indignación y como consecuencia, se sumaron otras voces  disidentes al plan de viviendas.

Un párrafo aparte merece la respuesta de espionaje, persecución y censura  que algunos no docentes responsables de la plataforma educativa de la UNLu llevaron adelante contra un estudiante y docente de la carrera de Ingeniería industrial al informarle, por medio de una llamada telefónica, que  sería dado de baja de la misma. Esta medida, fuera de cualquier instancia democrática de la universidad se debió a que, por correo del interno de la plataforma el estudiante y docente círculo declaraciones de rechazo al proyecto. La situación se hizo pública y se logró su reincorporación efectiva e inmediata con el apoyo inmediato de la comunidad. Esto muestra el escenario de tensión que se vive entre quienes quieren llevar adelante un proyecto privatista de los bienes del Estado y quienes buscan defender la Educación pública. No es novedosa este tipo de prácticas impulsadas desde la conducción del gremio no docente que registra, como antecedente inmediato, el uso de patotas para levantar una toma del Consejo Superior en 2017. Allí se discutía la adhesión al Sistema Nacional de Reconocimiento Académico impulsada por el rector de turno y la patota actuó como fuerza de choque contra lxs estudiantes que manifestaban su rechazo.

Antecedentes del Proyecto.

Quienes promueven este proyecto mantienen los mismos principios del “achicamiento del Estado” que imperó en la década de los ’90 y que aún sigue vigente, con la privatización de los bienes públicos. En el caso de la UNLu se la comenzó a mutilar con la construcción de la autopista Luján- Mercedes, que conectó la ruta 5 con el Acceso Oeste y consecuentemente la dividió en dos partes. Las obras comenzaron en enero del  año 2007 con lo que se perdieron alrededor de 26.500 metros cuadrados.

Izquierda: una foto de la UNLu previo al paso de la autopista Luján – Mercedes. Derecha: Imagen satelital de parte del campo experimental con el paso de la autopista.

Aunque la medida fue rechazada por docentes, estudiantes y la comunidad en general con “una toma” de la universidad en rechazo a las medidas, la puja contra las autoridades de la universidad a cargo del entonces Rector Osvaldo Arizio, el Gobierno Nacional de Néstor Kirchner  y Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) fue cerrada con un el anuncio de 16 millones de pesos que se informó  iban a llegar a la UNLu.

Tanto en el año 2007 como en el año 2021 no hubo controles serios del impacto ambiental. Y en el caso del paso de la autopista, además, “el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue aprobado el 27 de diciembre de 2006 sin haber sido leído y analizado correspondientemente en el consejo superior de la universidad. Dando muestras de la irresponsabilidad de la toma de decisiones, de pactos previos por fuera de la universidad y de sus órganos colegiados.

“Ahora viene otro desguace. A futuro, quizás solo nos queden las aulas y algunas vacas” (expresión de una docente en  asamblea de ADUNLu).

Detalles del proyecto

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat presentó una línea de acceso al programa PROCREAR II denominado “Lotes con servicios – Línea Asociaciones Sindicales, Mutuales y Cooperativas”. Esta  línea de financiamiento promueve 4 alternativas:

1-  Lotes de propiedad de afiliados/as de sindicato, mutual o cooperativa, aptos para la construcción de vivienda.

2-  Lotes de propiedad de sindicato, mutual o cooperativa que cuentan con infraestructura y subdivisión de lotes realizada, apto para ser escriturado.

3-  Inmuebles con o sin subdivisión y sin infraestructura de servicios o con infraestructura parcial.

4-  Inmuebles aptos para la construcción de vivienda multifamiliar (con o sin subdivisión y sin infraestructura de servicios o con infraestructura parcial).

Es decir, de existir estas condiciones, las asociaciones sindicales, mutuales y cooperativas podrían gestionar, de modo directo, a través del ministerio el acceso a créditos para la construcción de viviendas para sus afiliados/as o miembros/as. En este caso, las asociaciones sindicales ATUNLu y ADUIL consideran que, pueden aplicar a la línea 3 en la zona de la universidad de denominan “tierras ociosas”.

¿Cuál es el punto aquí?

Primero las tierras que dicen poseer no pertenecen a las asociaciones sindicales sino que estas son propiedad pública pertenecientes (de manera precaria) a la Universidad Nacional de Luján a partir de una cesión de derechos por parte de la familia Carlos María de Alvear.

Segundo, ¿Tierras ociosas?:

A partir de la filtración del proyecto preliminar, comenzaron a emerger las voces de preocupación y rechazo al proyecto. Científicos/as, investigadores/as, becarios/as, estudiantes, docentes, no docentes y personas de la comunidad alzaron su voz ante una iniciativa que desconoce el trabajo, en algunos casos, de más de 20 años de existencia. Es que en campo experimental de la UNLu se realizan actividades académicas de las carreras que allí se dictan. Estudiantes de biología, de física, de ingeniería agronómica, en alimentos e industrial, de información ambiental, de las tecnicaturas en industrias lácteas entre otras, desarrollan actividades allí. La propuesta preliminar, además, impactaba de lleno a distintos grupos de trabajo. Tanto al Jardín Botánico de la UNLu como también al Instituto de ecología y desarrollo sustentable (INEDES – CONICET), al Grupo de investigación AGROECOUNLu y también al Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar). No sólo pone en jaque su desarrollo sino también pone en peligro su trabajo inmediato. Para graficar la situación, el GERSolar desarrolla allí calibraciones de instrumentos de medición fabricados por la Comisión Nacional de Energía Atómica y trabaja bajo rigurosas normas internacionales que le permiten acreditar dichas calibraciones. A su vez, posee el único patrón nacional para calibración de piranómetros y pirheliómetros (Instrumentos de medición del recurso solar) y ha sido seleccionado en uno de los 4 proyectos estratégicos aprobados por el ministerio de ciencia y técnica. Si el proyecto avanza, esto dejaría de realizarse por no cumplir con las normas que rigen la actividad. Es decir, un proyecto de relevancia nacional tendría un impacto directo por el posible desarrollo de un plan de viviendas en una zona periurbana.

Uno de los puntos más importantes a destacar es el rol del Gobierno Nacional, que ha utilizado las banderas de la defensa de la ciencia y haber repatriado científicos/as a nuestro país  promueve negocios inmobiliarios en tierras destinadas a los fines que dice defender. 

Ingreso al campo experimental de la UNLu.

Voces de rechazo

Ante el estado público del debate, aparecen distintos actores de la comunidad universitaria y extra universitaria que se posicionan al respecto. El denominador común de ellos es, por un lado, el reconocimiento de  una problemática acuciante para millones de familias trabajadoras. Y por otro, el rechazo a cualquier tipo de privatización del patrimonio universitario. En otras palabras, no existe un rechazo a la generación de un plan de viviendas sino todo lo contrario: hay reconocimiento y, en algunos casos, propuestas alternativas.

En octubre se cumple un año de los desalojos violentos de Guernica, provincia de  Bs.As a cargo de Sergio Berni, ministro de seguridad, que dejó a más de 140 familias sin acceso a la tierra y promesas incumplidas. Hace un mes el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires desalojó con topadoras a cerca de 100 familias en el Barrio 31 de Retiro. En septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la  pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7% de la población. De esta manera, casi 19 millones de personas son consideradas pobres por no poder cubrir el costo de la canasta básica que se calcula en  $62.989.

Resulta evidente que, en un escenario de pandemia, crisis económica, salarios a la baja y altos niveles de pobreza, la crisis social aumenta, sin lugar a dudas. Y el problema de acceso a la vivienda se profundiza. Pero, ¿Cuál es la propuesta para las necesidades de tierra y vivienda desde el Gobierno? ¿Un plan para seguir mutilando a la universidad y a los bienes comunes del Estado? ¿No será hora de revisar los títulos de propiedad de las grandes inmobiliarias o de los/as grandes terratenientes? ¿No será la oportunidad de poner a disposición de las familias trabajadoras tierras y viviendas ociosas que existen a lo largo y a lo ancho del país para paliar esta situación angustiante?

Para que la crisis de vivienda pueda ser atendida sin destruir el futuro de la Educación Pública, ¿No es más viable suspender el pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta y colocar esos recursos para resolver los verdaderos problemas de nuestro pueblo?

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