Bolivia: los golpistas no descansan, el pueblo vigila

Mientras la fiscalía boliviana imparte órdenes de detención contra distintos ex golpistas en fuga , y al mismo tiempo se descubre un intento de magnicidio contra Luis Arce a los pocos días de ser elegido presidente; la derecha, con su baluarte en Santa Cruz, intenta desestabilizar al gobierno con acciones de calle, huelgas que se frustran.

“Ante los intentos de dividirnos y de nuevas aventuras golpistas, la unidad del pueblo boliviano, la unidad de la patria es la respuesta por encima de colores y preferencias políticas.” Afirmó el presidente de Bolivia, Luis Arce el 29 de octubre.

Después de fracasar el paro del 21 de octubre para que el gobierno anule la Ley 1386, de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la derecha continúa preparando acciones de desestabilización. En Santa Cruz, diversos sectores golpistas liderados por el dirigente Francisco Figueroa resolvieron ir a un paro indefinido de actividades a partir del 8 de noviembre si el gobierno no deroga la norma. El dirigente Figueroa dijo que en el encuentro también participaron representantes de transportistas e incluso de los médicos. Asimismo, adelantó que pedirán “apoyo de los comités cívicos” y de otros sectores para que la medida de presión tenga mayor fuerza.

Pero otros sectores gremiales afirman que la medida de fuerza del 21/10 y la que se prevee para el 8/11  tiene fines políticos y desestabilizadores. Estos representantes aseguraron que la ley 1386 no afecta sus intereses ya que la normativa está destinada a combatir negocios ilícitos vinculados al narcotráfico y a la trata de personas.

En los hechos, este paro no es más que otro capítulo de las maniobras desestabilizadoras impulsadas por la derecha local y Washington a través de sus agencias.

Intento de magnicidio

Mientras estos intentos golpistas se desarrollan, el ministro del Interrior, Eduardo Del Castillo informó que sicarios y paramilitares colombianos que participaron del reciente asesinato del presidente de Haití Jovenal Moise ingresaron a Bolivia con planes para matar al mandatario Luis Arce días antes y después de su elección, en 2020. Luego de que se conociera la información que sindicaba al ex ministro de la autoproclamada Jeanine Añez, Luis Fernando López por su presunta responsabilidad en el “intento de magnicidio” el Gobierno de Bolivia anunció que pedirá a Brasil la extradición. Hay que remarcar que la extradición ya había sido pedida por un caso de corrupción, como se verá más abajo.

Militares y funcionarios detenidos y otros en fuga

Jeanine Añez, la autoproclamada presidenta, que entró al Palacio del Quemado portando una inmensa Biblia para “exorcizar” el paso de los “indígenas” por el lugar, se encuentra detenida a la espera de ser llevada a juicio por el golpe de Estado de noviembre de 2019.

El ex ministro López se encuentra fugado de la justicia boliviana y ya está acusado por el Golpe de Estado perpetrado contra el expresidente Evo Morales y por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. También está acusado, junto con el exministro y ex hombre fuerte del régimen golpista, Arturo Murillo en otro proceso por sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad.

Murillo fue detenido el 22 de mayo en EEUU por la justicia de ese país acusado por los delitos de lavado de dinero y sobornos, dentro de la compra irregular de gases lacrimógenos. Luego fue liberado y desde ese momento la audiencia en su contra se postergó tres veces, ahora para el 8 de noviembre. Todo hace suponer que Washington está “armando” una causa paralela para juzgar y condenar a Murillo en EEUU y evitar su extradición a Bolivia.

Murillo y López lograron fugarse a través de la frontera brasileña y gracias a la logística que les brindó la Fuerza Aérea Boliviana.

Por otra parte, las autoridades bolivianas emitieron también órdenes de arresto contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón tras no presentarse a una audiencia por el Golpe de Estado.

El caso se enmarca en una investigación, tras la denuncia de una exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) que acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales de 2020, de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida del poder de Evo Morales tras las elecciones de 2019. Luis Fernando Camacho admitió en un video difundido a principios de este mes que su padre, el empresario José Luis Camacho, había “cerrado un acuerdo” con militares y policías para “tumbar” a Evo Morales en 2019.

El Juez Segundo Anticorrupción de La Paz determinó el 28 de octubre, la detención preventiva para cuatro exjefes militares, integrantes del Alto Mando durante los conflictos de 2019, en el caso denominado “golpe de Estado II”. Los cuatro exjefes militares, el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury ya están detenidos en diferentes centros penitenciarios por el caso “golpe de Estado I” donde fueron acusados de terrorismo, sedición y conspiración. Con esta decisión quedarán privados de libertad por al menos seis meses más mientras se realizan las investigaciones. Además junto al resto de la cúpula de las FFAA se les imputa haber avalado la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia”

Bolivia y el Proceso de Cambio, a pesar de los errores cometidos, continúan siendo una referencia para los pueblos de Nuestra América. La derecha oligárquica y el imperialismo no descansan, como no lo hacen en ninguno de nuestros países. Serán los pueblos y les trabajadores quienes pararán definitivamente estos intentos de restauración pro imperialista.