Macri, el imputado: “el miércoles voy a ir”

El miércoles 3 de noviembre Mauricio Macri tiene una nueva citación a declaración indagatoria frente al juez Martín Bava en el Juzgado Federal de Dolores por la causa de espionaje ilegal llevada a cabo a los familiares de los 44 fallecidos en el submarino ARA San Juan, en la que está imputado.  

Después de tres intentos de realización de la indagatoria parece ser que  en el cuarto el ex presidente se presentará. Nada es tan extraño como no querer ejercer el derecho a defensa de una imputación que según el propio Macri es  “una medida intempestiva” y “sin fundamentos”, tal como la calificó en el programa del sábado, La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale.

Además en tono irónico, intentó ridiculizar “la rapidez del acto político” con que se resolvió el tema de ser relevado del secreto en asuntos de inteligencia de Estado y arremetió acusando al juez de haber prejuzgado  porque “dijo que tienen que sancionarme”, para rematar, mirando a cámara: “No espié a nadie, yo nunca mandé en mi gobierno a espiar a nadie”, afirmó y aseguró: “jamás vi ningún informe de ningún familiar del ARA San Juan ni de ningún otro buque”.

Eso es lo que repite el imputado sobre su condición de inocencia, es decir, nada que incluya ningún “secreto de Estado” por el que su abogado pidió el relevamiento, aunque, seguramente, se le preguntará el miércoles;  si no tiene otra excusa para continuar evadiendo la citación del  juez; dado que, su abogado defensor, Pablo Lanusse dijo en entrevista con radio Mitre: “Vamos a volver a recusar al juez Bava porque quedó en evidencia que estamos ante un juez militante. No respeta ni a las partes ni a la fiscalía. Lo quería sentar a Macri en indagatoria porque ya está escrito su procesamiento (…) Asistimos a un acto bochornoso que deshonra a la administración de justicia (…) No puede seguir a cargo de la investigación. Su presencia tiñe absolutamente la posible búsqueda de verdad”, lo que se realizaría durante las primeras horas de este lunes, según publica la agencia Télam.

El mismo día, las dos versiones, el abogado defensor va a presentar otra recusación al juez, pues la primera fue  negada por la Cámara Federal de Mar del Plata y esa misma noche en el programa de televisión, el propio Macri dice que el miércoles se va a presentar ante el juez que intentarán recusar el lunes. Cabe agregar que ante la nueva indagatoria este jueves pasado, el defensor Pablo Lanusse le pidió que esta nueva citación se concretara de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

A lo que el juez Bava respondió: “Como ya ha sostenido este juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y en la sede de este Juzgado”. Además, remarcó que el ex presidente tiene que volver en persona a Dolores porque en la causa hay “material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la AFI” que no pueden exhibirse en una audiencia virtual, según consignó la agencia Télam.

“Medida intempestiva y sin fundamentos”

La causa del hundimiento del submarino ARA San Juan es del todo compleja, por lo que, incluso, no es una sola, sino tres.  El imputado Macri, deberá defenderse de la acusación de espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos, utilizando a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para perpetrar lo que configura delito, según la legislación argentina, por la que fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, titulares de la AFI durante el gobierno del ahora imputado.

El juez Martín Bava, que en el mismo fallo cita a indagatoria al expresidente, dice: “Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”.

Pero no todo se reduce al delito de espionaje ilegal, la primera causa es la que se refiere al hundimiento y desaparición del submarino; cuáles fueron los motivos, qué averías de tanta gravedad produjeron el siniestro y cuáles eran las condiciones técnicas en las que se encontraba el submarino.

Valeria Carreras, representante de una parte de la querella,  señala que en octubre de 2019 solicitaron la imputación de Macri, Aguad y diez altos oficiales de la Armada (entre ellos el excomandante Marcelo Srur) “por homicidio con dolo eventual reiterado en 44 ocasiones. Ellos sabían que esto podía ocurrir, sin embargo, le restaron importancia y dieron la orden de zarpar –asegura la abogada–. La imputación la sostuvimos en base a tres pruebas: el estado deficiente y peligroso del submarino; la limitación de profundidad, es decir que a más de 100 metros no se podía sumergir, y la navegación anterior de julio de 2017 en donde les había pasado lo mismo, ingreso de agua al balcón de baterías y principio de incendio. Pero en esa ocasión lo pudieron arreglar porque el mar estaba calmo. Acá tenían una tormenta Mar 6, con olas de entre ocho y nueve metros, por lo que tuvieron que ir a una mayor profundidad, 40 metros, lo que provocó que algo fallara, perdieran la estabilidad y el submarino se viniera abajo”

La primera causa es la que efectúa la Armada Argentina cuando denuncia el 17 de noviembre de 2017 ante el juzgado federal de Caleta Olivia,  provincia de Santa Cruz, la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes luego de haber perdido el contacto con la nave.  Cabe destacar que la jueza federal Marta Yánez a cargo de la causa, “intentó dos veces, en febrero y marzo de 2020, dar por terminada la investigación a nivel procesal, por entender que no queda más por hacer. Quería cerrarla y elevarla a juicio, así como está, a lo que nos opusimos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (su instancia superior) estableció el 19 de noviembre pasado que la investigación debe continuar, ordenó a la jueza que realice las pericias que exigimos y que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur”, refiere Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata y víctima del naufragio, en diálogo con la agencia ANCCON.

Y la otra causa, que se encadena a las anteriores es la que se refiere al encubrimiento respecto de cuándo supo el gobierno dónde estaban los restos del submarino y por qué se dilató un año la información a los familiares de las víctimas.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017, el ex comandante del buque Cabo de Hornos de la Armada chilena, César Miranda, había pasado la información de la localización del naufragio, 11 días después de su desaparición, lo que queda confirmado cuando “la localización que realiza, efectivamente, el Ocean Infinity, es la misma”, dijo Miranda al diario El Mercurio.

La información del ex capitán chileno quedó confirmada cuando el entonces contraalmirante de la Armada Argentina, Enrique López Mazzeo, declara ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que el buque Cabo de Hornos había dado con la ubicación del San Juan 20 días después de su desaparición.  Incluso en esa misma audiencia,  López Mazzeo afirmó que si se revisa toda la documentación se podrá observar que cuando firmó “el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)” ya tenían “detectada la posición del submarino” y por eso habían “coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo”.

11 o 20 días no cambia mucho el panorama, sí lo cambia todo  lo “teatralizado” por el gobierno y la marina argentina, con sus partes de búsqueda y la movida mundial con un costo de 7.5 millones de dólares pagados a la empresa estadounidense, Ocean Infinity por una localización que se tenía desde hacía un año, a lo que se suma la innecesaria y perversa  incertidumbre provocada a los familiares de las víctimas.

Es entonces que se abre la causa por encubrimiento para que se investigue  al ex presidente, Mauricio Macri, al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y  al exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, justamente los tres que se negaba a investigar la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

Por su parte la abogada Valeria Carreras, el 18 de noviembre de 2020, es quien realiza la denuncia y presentación de la información suministrada por los dichos del ex comandante chileno, en el Juzgado Federal  12 a cargo del juez, Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal, Guillermo Marijuan, al mismo tiempo que el propio Casanello hiciera a lugar al fiscal Federico Delgado y la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa conexa con la denuncia original, por lo que investigarán negociados vinculados al intento de contratación  de la empresa Igeotest Geosciences SL  especialista en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas de hidrocarburos, algo bastante ajeno a la búsqueda de un submarino. Según una investigación de la querella, el telón de fondo era la exploración de la plataforma marina del Atlántico Sur dentro de la zona donde posteriormente fue hallado el submarino.

Igeotest, iba a recibir 4 millones de dólares se encontrara o no el submarino; lo que después no prosperó,  gracias a la denuncia de la abogada Carreras, quien  afirmó que: “pudimos probar que Igeotest estaba quebrada, que tenía nexos con la Armada y que la oficina de Modernización de Ibarra se deslindó de responsabilidades, algo grave en el tema de la contratación”.

También, Valeria Carreras encontró un pliego de licitación del ex ministro de Energía,  Juan José Aranguren sobre la prospección de petróleo, que coincide en fecha y lugar.

¿Estaba el gobierno de Macri aprovechando la trágica situación para buscar petróleo en el suelo marino?

Imposible de consignar todo lo actuado para quien escribe esta nota por el volumen que ya tiene y continúa adquiriendo esta megacausa, pero por lo expuesto hasta aquí, lxs lectorxs coincidirán en que no es procedente la calificación dicha por el imputado, Mauricio Macri, de “medida intempestiva y sin fundamento”, refiriéndose a  la resolución del juez Marín Bava en el llamado a declaración indagatoria por una de las partes que configuran esta causa compleja. Nada sucedió de la noche a la mañana y mucho menos en lo que atañe al hecho delictivo de utilizar los mecanismos del Estado para perpetrar el caratulado espionaje ilegal.

Los seguimientos a familiares y fotografías de los mismos, así como los informes que realizaron los agentes de la AFI,  tenían por objeto que el entonces presidente supiera qué le iban a preguntar o a reclamar en alguna de las reuniones que mantuvo con ellos y también conocer la información sobre las actividades y acciones que iban a realizar. Como prueba están los informes que quedaron sin destruir en la AFI y que fueron aportados a la causa y que aportamos en esta nota, junto a un video de la TV Pública donde se dan más detalles de los informes de espionaje ilegal, por el cual es citado a declaración indagatoria Mauricio Macri.

Los familiares tienen el derecho irrestricto de saber la causal del hundimiento del submarino, el derecho a que se les explique porqué se ocultó durante un año la localización de los restos del naufragio  y a que se haga justicia por el espionaje ilegal sufrido y cada una de las partes que conforman la megacausa.

El conjunto de los habitantes de este país tenemos el derecho, también irrestricto, de conocer la verdad sobre los actos de gobierno y a exigir lo justo, que no es ni más, ni menos, que si se comprueba el / los delitos sean castigados todos los autores, sin falsas distinciones que la ética ya no soporta, sobre todo cuando el saldo es la muerte causada por la impunidad  gobernante.

Darío Balvidares

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