Crimen del kiosquero de Ramos Mejia: lo que no se dice

El asesinato en ocasión de robo de un kiosquero de Ramos Mejía generó la indignación de la familia y los vecinos. Sobre esa legítima bronca se intentaron montar quienes también tienen responsabilidades sobre esos hechos horribles.

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El domingo 7 de noviembre después del mediodía, Roberto Sabo de 48 años, que atendía un kiosco en Avenida de Mayo al 800, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, fue asesinado por delincuentes que entraron a robarle. La muerte de ese trabajador y padre de dos mellizos de 16 años causó enorme indignación. Mucho más, cuando trascendió que el kiosco estaba ubicado a 300 metros de una comisaría y que uno de los detenidos por el hecho, Leandro Suarez de 29 años, había salido recientemente de la prisión después de cumplir una pena por “robo agravado por el uso de armas” . La otra detenida es una menor de quince años. Sobre este hecho irrefutable se montó toda la canalla mediática y se coló la campaña electoral, para intentar convertir a la familia de la víctima y a sus vecinos, en voceros de los peores argumentos de la derecha. Las declaraciones del Secretario de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y del Ministro de Seguridad en el plano nacional, Aníbal Fernández, tratando de despegar de un hecho tan doloroso aportaron más sombras que luces.

El coro punitivista centró sus argumentos en las exigencias de “más cárcel”, reivindicando la idea de que “delincuente que está preso no roba, ni asesina”. El país modelo de esa concepción punitivista es Estados Unidos, donde las duras penas y el encierro pretenden funcionar como mecanismo de intimidación para evitar el delito. En ese país hay 665 personas detenidas cada 100.000 habitantes (en Argentina hay 213). La mayoria de los detenidos en las carceles de Estados Unidos son jóvenes afroamericanos pobres. En ese país durante la década del 90 hubo una baja de la tasa de delito, pero según algunos estudios, como los de William Spelman, el 75% de esa disminución se explica por factores como la baja en el nivel de desempleo, aumento en los salarios, o aumento en la tasa de jóvenes que terminan sus estudios. Es decir hay una vinculación directa entre el índice de delito y la situación de quienes han sidos vulnerados en sus derechos básicos. Considerando esos mismos datos resulta interesante repasar cómo estamos en Argentina.

Nuestros presos son un reflejo de cómo están los y las jóvenes en nuestra sociedad
Quien haya visitado una cárcel en Argentina no podrá dejar de advertir que son grandes depósitos de pobres y que la mayoría de los detenidos son jóvenes. Las estadísticas carcelarias confirman esta impresión: El 70% tiene entre 19 y 34 años, el 71% tiene sólo estudios primarios o inferiores, el 46% cuando ingresaron eran desocupados y un 38% hacían changas. Es decir el 84% no tenían un trabajo fijo.
Las características sociales de nuestros detenidos no son fruto del destino: nadie nace ladrón o asesino. Resulta muy ilustrativo repasar algunos datos sobre desempleo, precarización y educación juvenil.
Desempleo: De acuerdo con los últimos datos del Indec, en el primer trimestre de este año la desocupación se ubicó en 12,3% para las mujeres, mientras que para los varones fue de 8,5%. En el rango de entre 14 y 29 años, la desocupación asciende para las mujeres al 24,9%, por encima del 23,9% de igual período del 2020, mientras que en varones alcanzó 17%, por debajo del mismo trimestre del año pasado (18,5%). Por otra parte, el trabajo destacó que el desempleo afecta más a los jóvenes que más necesitan trabajar: los provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de los jóvenes del quintil más bajo de ingreso está desempleado, sólo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esa situación.
Precariedad laboral: Un trabajo de Cippec advierte que seis de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen de forma precaria, es decir, en la informalidad. No obstante, a menudo ganan el salario mínimo o menos, trabajan por jornadas extendidas, en situaciones insalubres y sin protección social (sin vacaciones pagas, licencias por estudio, por maternidad o paternidad en caso de tener un hijo, ni aportes jubilatorios).
Educación: Un trabajo de Indesa publicado en 2019, antes del inicio de la pandemia, asegura que la mitad de los jóvenes pobres no termina la secundaria. Según datos relevados del Ministerio de Educación, sólo el 69% de los jóvenes de hasta 24 años terminó la secundaria. En tanto, entre los jóvenes de más altos ingresos el 88% finalizó sus estudios secundarios, mientras que entre los de bajos ingresos (la mayoría pobres) sólo el 52% pudo completarlos.

Liberados y reincidencias
En nuestro país hay más de cien mil personas privadas de su libertad. Más de la mitad no tiene condena firme. El 70% están detenidas acusadas de un primer delito, el 30% son reincidentes. Las cárceles estan superpobladas, hay un 22% más de presos que la capacidad carcelaria disponible. En las cárceles hay que pelear para sobrevivir. Los reclusos viven dentro de un sistema que los atiende y los alimenta mal. La propia violencia institucional, promueve la violencia interna. La cárcel funciona como lugar de castigo y como depósito humano, no como lugar que promueva mejores conductas sociales de los detenidos para cuando salgan en libertad.
Esto es reconocido incluso por algunos sectores de la Justicia. Una alta funcionaria, jueza nacional de Ejecución Penal comentó : “Nuestro ensimismamiento nos lleva a una visión exacerbada de la seguridad y a creer equivocadamente que para proteger a las víctimas hay que elevar la punición. Está probado y estudiado que esto no genera efectos, y que lo único que puede dar un resultado positivo es la posibilidad de armar un proyecto de vida distinto y superador de aquel que llevó a la cárcel. Si no se atienden las causas subyacentes del delito, el encierro no va a servir para nada… Nuestras cárceles están llenas de excluidos del sistema… la pobreza estructural es evidente”.

Delitos y descomposición social.
El crimen cometido contra Roberto Sabo, tiene todas las características de un delito asociado a la descomposición social. Por la víctima elegida, el botín obtenido, el asesinato, la forma en que intentaron escapar. Este tipo de delito que incluye conductas autodestructivas para los propios autores del atraco y escasas posibilidades de no terminar detenidos, está frecuentemente asociado al consumo de drogas. En particular drogas baratas como la pasta base. Sin embargo este tipo de hechos violentos, criminales, pero también autodestructivos no se explican solamente por el consumo de drogas, sino también hay otros vectores como son la injusticia social, la injusticia estructural y la violencia que se ejerce cotidianamente desde lo institucional desde el poder concentrado en forma abierta o solapada contra los sectores mas vulnerados.
Lo más doloroso es que ese combo de resentimiento y violencia termine desatándose contra un hombre que tenía que trabajar un domingo para llevar ingresos a su familia. Por eso es legítima la indignación de su familia y de los vecinos y son hipócritas las lagrimas de cocodrilo de quienes podrían hacer modificaciones estructurales en beneficio de los desposeídos y vulnerados y no las hacen.