Economía preelectoral. Ni el tiro del final

En la previa de las elecciones nacionales de medio término, el gobierno de Alberto Fernández llega con una economía abierta a múltiples desafíos. Datos que reflejan una realidad contradictoria y estrategias en disputa abren un horizonte de conflictividad asegurada.

I

La economía se recupera frente a la debacle del año 2020. Aumenta la producción pero la inversión productiva sigue en niveles más bajos que al final del gobierno de Macri. Una recuperación no es un proceso de crecimiento, menos aún de desarrollo. Al mismo tiempo, se recupera parcialmente el empleo pero los salarios siguen corriendo por detrás de los precios. El aumento de 3,5% en octubre en los precios al consumidor, consolida una inflación anual superior al 52%. En lo que va de 2021 la inflación acumula un 41,8%… y quedan todavía dos meses.

Luego de más de cuatro años de guerra de desgaste de los sectores dominantes contra los sectores populares, la participación de los salarios en el ingreso total cayó casi 9 puntos porcentuales (alcanzando sólo el 40% del total). En ese contexto, la insuficiente redistribución de ingresos impulsada luego del cachetazo electoral y los recientes acuerdos de precios, parecen pobres paliativos frente a la crisis estructural que atravesamos y que ha llevado a más de la mitad de la población a caer en la pobreza por ingresos y a millones a pasar hambre. Sigue pendiente el desarrollo de una estrategia de inversión masiva en hábitat urbano y políticas de cuidado en las barriadas populares de todo el país. El presupuesto 2022 no auspicia ningún cambio sustancial en este sentido.

II

Con las cartas echadas, el gobierno apuesta todas sus fichas a un acuerdo con el FMI que -cree- le permitirá apuntalar el crecimiento económico. Sin embargo, luego del resultado de las PASO ese arreglo parece más lejano que nunca. La urgencia son los 19 mil millones de dólares que el Estado argentino debería pagar durante 2022 pero es materialmente imposible hacerlo.

Como el gobierno reniega de la opción de cesar los pagos hasta investigar a fondo la naturaleza del endeudamiento, el FMI -y, por su intermedio, sus principales accionistas- presiona para que se acelere el ajuste fiscal (básicamente, recorte de gastos en salarios y beneficios sociales) y se articule un programa de ajuste estructural clásico.

Desde una posición de debilidad (acrecentada por la derrota electoral), el gobierno traza el camino para un pacto social que sea ratificado parlamentariamente. El gobierno nacional espera que un acuerdo de amplio apoyo entre las fuerzas políticas y sociales del sistema, garantice condiciones de mínima estabilidad económica y política en el camino de las presidenciales de 2023.

III

¿Cuál puede ser la base de tal acuerdo social sin participación popular y contra sus intereses? Está claro que tiene como punto de partida ratificar la validez de la deuda odiosa con el FMI, el Club de París y el capital financiero internacional. La impugnación pública al endeudamiento realizada durante el discurso presidencial de Marzo de 2022, se borrará con el codo. Está claro, sin embargo, que sin desarmar el círculo vicioso de la deuda, la sustentabilidad financiera sólo puede sostenerse sobre la insustentabilidad de la vida.

Por eso, este acuerdo tiene como condición de posibilidad y contracara la consolidación de la política del extractivismo multidimensional, disfrazado ahora de desarrollo verde. Sin abandonar el agronegocio de la soja y sumando el nuevo trigo transgénico (recientemente aprobado en Brasil), la industrialización verde requiere seguir subsidiando a Vaca Muerta para exportar gas, acelerar la explotación minera del litio para abastecer la industria de baterías y autos eléctricos, y garantizar las condiciones para el avance de la nueva joya: la producción de hidrógeno verde. Sin medias tintas, el Estado y el gran capital transnacional acuerdan redimensionar la dependencia colocando a la Argentina como proveedora de los medios materiales para la transición energética en los países centrales. Mientras ellos se proyectan ‘sustentables’, externalizan los costos de esa transición en los países periféricos, cuyas poblaciones son consideradas descartables y menos valiosas (tal cual sostenía en los noventa Laurence Summers, entonces presidente del Banco Mundial). Las clases dominantes en nuestro países (hoy transnacionalizadas) asumen sin problema el patrón racista de tal estrategia. La represión de las luchas contra el saqueo y por el territorio, la persecución a las comunidades indígenas y a las asambleas en lucha, son la consecuencia lógica de esos lineamientos.

IV

¿Qué rol jugarán la CGT y los movimientos sociales que acompañan al gobierno? ¿Sostendrán que la única alternativa es la estrategia del frente anti-macrista frente a la reestructuración económica y el programa de saqueo puesta en marcha por el gobierno de lxs Fernández?

La política social y laboral del gobierno dispone que las demandas populares urgentes deberán seguir esperando. El impacto de la crisis estructural y de la pandemia consolidó una estructura socio-laboral donde la precarización es consustancial. Sin tocar la ley de contrato de trabajo, todas las intervenciones estatales apuntalan la construcción de un modelo de empleabilidad basado en la reducción fiscal de los costos laborales; la evidencia histórica muestra que esas políticas sólo subsidian al capital sin generar incentivos para crear empleo. La propuesta de transformar “planes en empleo” va en tal sentido. Es que la superexplotación de la fuerza de trabajo es la otra cara de la moneda del saqueo de las riquezas naturales. Superexplotar al trabajo aparece como la estrategia general para generar las condiciones del crecimiento económico.

Superexplotar es reproducir a escala ampliada las condiciones de precariedad del trabajo y la vida. Frente a tal perspectiva, ¿de qué forma podrá continuar en pie la alianza de gobierno con parte del sindicalismo y movimientos sociales? Sin políticas masivas para apuntalar y mejorar las condiciones de trabajo en la economía popular, ¿será posible sostener el sueño del salario universal que impulsa la UTEP, aun con sus limitaciones?

Mariano Féliz