¿Las vidas arrancadas valen todas lo mismo?

El domingo 7 de noviembre se produjeron dos asesinatos que tuvieron muy diferente repercusión mediática.

El 7 de noviembre de 2021, fue asesinado en Ramos Mejía, Roberto Sabo, un padre familia de 48 años, propietario de un kiosko. En Corrientes, fue asesinado el jóven Lautaro Rose de 18 años, que hacía changas y cobraba un plan social. Eran dos personas honorables: Sabo mantenía con su pequeño negocio a su familia y Rose aportaba a la suya y además era parte de una organización social: el Frente Popular Darío Santillan-corriente plurinacional. Sabo fue asesinado a sangre fría con cuatro tiros cuando entraron a robarle el kiosko, Rose fue perseguido por efectivos de la policía en el marco de una razzia para dispersar un grupos de jóvenes que se habían reunido la noche del domingo en la costanera y obligado a tirarse al río. Ante la evidencia de que se estaba ahogando, no fue asistido. Su cuerpo sin vida, apareció tres días después. Las dos familias, sus amigos y vecinos, claman por justicia.

Las caratulas del caso pueden ser diferentes. En un caso será “homicidio en ocasión de robo” y en el otro “abandono de persona, seguida de muerte”, pero en ambos casos se perdieron vidas valiosas y los responsables deben ser castigados. Desde el punto de vista de quiénes aparecen como responsables de las muertes, el caso de Rose es más grave que el de Roberto Sabo. Y esto es así, porque en lo ocurrido en Corriente intervinieron directamente fuerzas policiales a las que la sociedad y el Estado le permiten portar armas para que salven vidas, no para que las tronchen. Los policías correntinos no inventaron nada nuevo, el caso es muy´parecido al de Ezequiel Damonty que en setiembre de 2002 falleció ahogado en el Riachuelo. En Corrientes el antecedente cercano es el de Mariano Barrientos, quien apareció ahogado en 2014 en las inmediaciones del arroyo Limita, también tras supuesta persecución policial. La lista de muertos “por ahogamiento” que también incluyen a Santiago Maldonado y a Facundo Castro Astudillo, permiten advertir la utilización de una metodología de eliminación física, que está apareciendo cada vez con más frecuencia cuando intervienen fuerzas de seguridad.
La pregunta que surgen es: ¿por qué si el caso Sabo tuvo una enorme repercusión mediática, el caso Rose pasó casi desapercibido, ninguneado, en los grandes medios televisivos? ¿En el tratamiento tan dispar de estos asesinatos, habrá tenido alguna influencia el hecho que estamos en tiempos electorales y que en los distritos donde se produjeron los hechos gobiernan fuerzas políticas diferentes? ¿Será posible que se haga una utilización política de crímenes aberrantes para sacar réditos electorales?
¿O será que esas vidas valen diferente? ¿La vida de un hombre que atiende un kiosco familiar, vale mas que la de un joven pobre del interior?
Seguramente la familia y lxs amigxs de los fallecidos son ajenas a estas manipulaciones mediáticas y para ellos todas las vidas valen.
Las decisiones editoriales de los grandes medios masivos de comunicación en relación a lo que se difunde y lo que se oculta, en lo que se hace resonar o se silencia, expresan prácticas que no pueden ser calificadas como periodísticas. Son vulgares operaciones políticas.
La utilización de familiares de las víctimas de hechos delictivos, a las que se les acerca el micrófono en el momento de mayor dolor y se los incita a que se despachen contra blancos elegidos premeditadamente, es de un oportunismo miserable.
La discriminación del valor de la vida de los más humildes, expresa una concepción del mundo que se asienta en afirmar la existencia de ciudadanos de primera y de segunda.

Tramas