El Fondo y el nuevo consenso hegemónico: saquear, exportar, pagar

El Fondo y el nuevo consenso hegemónico: saquear, exportar, pagar

26Nov21 0 Por Mariano Féliz

¿Llegó la hora de la verdad? Se aceleran los tiempos de la negociación con el Fondo. Dentro del Frente de Todos (FdT) las fichas se acomodan. La oposición de Juntos por el Cambio y el gran empresariado esperan que se firme un compromiso que consolide el nuevo programa de ajuste y reformas estructurales en marcha. Esperan el acuerdo, que el gobierno pague todos los costos políticos, y el pueblo los costos en calidad de vida. Saquear, exportar, pagar, parece ser el nuevo consenso hegemónico.

El acuerdo con el Fondo y la victoriosa derrota electoral del FdT

La derrota triunfal del FdT en las elecciones legislativas despejó el horizonte para que el gobierno de Alberto Fernández pusiera primera para avanzar en un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entusiasmados por la remontada desde las PASO pero debilitados por la estrepitosa pérdida de votos, el Presidente y el Ministro de Economía Martín Guzmán juegan el juego que siempre quisieron jugar. Buscan acordar con el FMI un programa de consolidación fiscal (que todxs menos ellxs entendemos como ajuste) y un paquete de reformas que favorezca el crecimiento de las exportaciones en base al saqueo de las riquezas naturales.

Las demandas originales de Guzmán han caído en saco roto. En casi dos años de conversaciones el Fondo no cedió en nada. No aceptó prorrogar los plazos de repago de 10 a 20 años, ni eliminar la sobre-tasa que cobra por el excesivo endeudamiento.

Es evidente que el gobierno argentino negoció muy mal. En primer lugar, el Fondo está muy sobreexpuesto frente a la Argentina a quien le otorgó un crédito muy por arriba de lo que sus propias normas indican. El FMI tiene colocados en nuestro país casi la mitad de los créditos que ha otorgado. Si Argentina no paga, el mayor problema lo tendría el Fondo. Por otro lado, la negociación con el FMI se dio en el marco de la peor crisis capitalista en la historia. Este es el mejor momento para que un deudor negocie un recorte en sus acreencias. El gobierno argentino decidió no sacar los pies del plato.

Ahora, y cómo siempre, las discusiones con el staff del Fondo vuelven a girar en torno a recortar el déficit primario (antes de pagar intereses de la deuda), liberar el mercado cambiario y devaluar la moneda. El viejo recetario del FMI, ni más ni menos.

La propuesta inicial del Fondo es que el gobierno argentino reduzca el gasto en seguridad social, contenga los salarios públicos, achique los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (en particular, a la energía) y la inversión pública. Ese es el contenido de la discusión en torno a “reducir el déficit fiscal”. El Ministro Guzmán está de acuerdo en lo general, aunque no tanto en la velocidad del recorte. Mientras que el Fondo quiere un déficit cero para 2023, el Ministro de Economía cree que un ajuste acelerado (en particular, un recorte en la inversión pública) pondrá un freno a la recuperación de la economía. Por otra parte, al gobierno le preocupa que la reducción acelerada en los subsidios al consumo de energía pueda poner en riesgo parte de su -hoy endeble- base electoral.

Saquear, exportar, pagar: el programa hegemónico

La posición del gobierno es tan débil en este momento que pretende comprometer a los sectores de la oposición política -del centro a la derecha- en la aprobación parlamentaria de las condiciones generales de un posible acuerdo. Esas condiciones estarían plasmadas en lo que se ha anunciado como un “programa plurianual”.

En una pantomima de participación popular, el gobierno busca validar ese programa reflotando nuevamente al, muerto en vida, Consejo Económico y Social. En la reunión realizada la semana pasada, participaron representantes de transnacionales como Syngenta (agronegocios), Accenture (consultoría y externalización) o Toyota (automóviles), junto a otros actores. El programa plurianual incluiría no sólo el recorte del déficit fiscal, sino la profundización de las políticas de reducción del costo laboral (históricamente incapaces de generar empleo), y un esbozo de reforma de la educación superior (con el impulso a las carreras cortas en áreas de la ‘economía del conocimiento’). Junto a esto se impulsará el paquete de leyes de promoción del extractivismo (Hidrocarburos, Desarrollo Agro-bio-industrial, Electromovilidad e Industria Automotriz), bajo la etiqueta de “nuevo desarrollismo verde”. Destruir nuestro bienes comunes y nuestras comunidades para “aportar” a la transición verde en los países imperialistas parece ser el nuevo rasgo del desarrollismo dependiente.

El gobierno busca conseguir apoyos para un acuerdo que valide el nuevo consenso de las fuerzas sociales y políticas dominantes. Ese consenso es que la Argentina debe “exportar, exportar y exportar”. Esa doctrina fue impulsada por el neoliberalismo en su punto más alto, pero no logró ser realizada ni siquiera en los años noventa. En las últimas dos décadas, la consolidación del neoextractivismo bajo control trasnacional, parece hacer posible ese sueño.

De alguna forma, el nuevo desarrollismo verde cree haber resuelto la contradicción entre mercado interno y mercado externo. Sin embargo, el contrapunto reaparece cada vez que sube el precio de la soja, el trigo o el petróleo a nivel internacional y presiona sobre el abastecimiento interno, los precios locales y el uso del suelo. Pero el desarrollismo verde cree haber encontrado la nueva fórmula que nos curará de todos los males: exportar generará las divisas que necesitamos para pagar la deuda y pagar las importaciones, y además resolverá los problemas del empleo y los malos salarios pues el sector exportador paga salarios más altos. Paradójicamente, ese nuevo consenso pone del mismo lado a quienes dicen defender a la burguesía nacional, a las transnacionales y al FMI.

En realidad, tal consenso no es tan paradójico si tomamos en cuenta lo que oculta ese discurso. Los salarios altos en la industria de exportación tienen su contracara en las pésimas condiciones de trabajo y salarios entre los trabajadores que producen en el territorio esos productos de exportación (cosecheros, trabajadores en el campo). Las ganancias de las transnacionales que exportan bienes comunes contrastan con los costos que enfrentan quienes ven sus territorios destruidos por el extractivismo y son perseguidos o asesinados por enfrentarlo. Las exportaciones son un gran negocio para quienes las usan para fugar capitales y evadir impuestos, a través del control de los puertos privados y las maniobras fraudulentas. Las noticias recientes de decomiso de contrabando de cereales son sólo la punta del témpano de la evasión y alusión que diariamente realizan los sectores más concentrados de la economía. La investigación que impulsaba Alcira Argumendo hasta los últimos días de su vida daba cuenta del saqueo al que estamos sometidos por los capitales exportadores: “controlar el contrabando, nada más ver si la declaración jurada corresponde con lo que realmente se exporta, y en un año pagamos al contado la deuda con el Fondo Monetario” señaló a comienzos de 2021.

Las iniciativas que buscan promover las exportaciones del agronegocio, la minería y la industria del gas y petróleo, entre otras, sólo consolidarán nuestra posición dependiente en el mundo. Más y más crece el saqueo, y más crece la pobreza y el hambre en el país; más aumentan las exportaciones de bienes comunes y más se multiplican las enfermedades y el daño a la naturaleza.

Según el proyecto hegemónico, produciremos para exportar y satisfacer básicamente la demanda global de materias primas para los capitalismos imperialistas (incluída China y Rusia). Produciremos para cubrir la demanda de divisas de la deuda, las importaciones de las grandes transnacionales (que se dedican a armar productos industriales en nuestro país, con piezas y componentes importados) y la demanda del turismo internacional de las clases acomodadas. Esas son las excusas para saquear el país. Se habla de la necesidad de dólares para industrializarse, pero en realidad se necesitan dólares para alimentar la fuga de capitales, y la remisión de utilidades de las grandes transnacionales.

¿El futuro ya llegó? El futuro lo construimos entre todes

Los próximos meses serán definitorios para el futuro mediato de nuestro país. ¿Seremos capaces de enfrentar el avance de los sectores dominantes a través de las distintas fuerzas políticas hegemónicas? ¿Qué harán las organizaciones populares aliadas al gobierno cuando haya que enfrentar un acuerdo con el Fondo que multiplicará la dependencia, el empobrecimiento y la fragmentación de las clases populares? ¿Qué harán sus legisladorxs en el ámbito del Congreso Nacional? ¿Qué harán si se aprueba un nuevo programa de ajuste? ¿Seguirán apostando al 2023, como lo hicieron en 2018 cuando plantearon “Hay 2019” y abandonaron la lucha contra el ajuste macrista?

Las elecciones nacionales de noviembre de 2021 han expresado el hartazgo de crecientes fracciones del pueblo frente a las fuerzas políticas dominantes. Las opciones por izquierda y por derecha se amplían, al igual que la opción de la abstención o el voto en blanco. Sin embargo, ellas conservan casi el 75% del electorado que sigue participando masivamente (cerca del 70% del padrón).

Frente a un sistema político que sólo conduce a la crisis permanente de las clases populares, la decepción creciente está abriendo la caja de pandora. La fragmentación de las clases populares es tan grande, y la incertidumbre frente a la vida cotidiana tan extrema, que el problema de fondo es cómo politizar la insatisfacción en la dirección de un cambio social radical. El capitalismo de plataformas, uberizado y tercerizado nos aísla y nos encierra, dificultando aún más la organización colectiva. La fragmentación social, la angustia que genera la caída permanente y el fracaso del Estado (en representación fallida de lo público, lo común o colectivo) abren las puertas a planteos ultra-liberales, de odio a la disidencia, de ataque a las prácticas solidarias y respuestas individuales.

Es tiempo de recuperar nuestros territorios (nuestros barrios, las calles, nuestros empleos, nuestras comunidades) para la organización colectiva, solidaria, transformadora. Es tiempo de regresar al espacio público a construir nuevos comunes, nuevas experiencias de autogestión popular. Es tiempo de construir un nuevo proyecto político y social que nos permita crear otra forma de ser (y estar en la) naturaleza, otra forma de producción y reproducción social. Es tiempo de revolución.

Mariano Féliz

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