La represión progresista
9Dic21Distintas acciones y discursos a favor de la represión como forma de seguridad por parte de quienes gestionan el Estado y por parte de los sectores sociales, fuerzas políticas y organizaciones sociales que abrevan en el oficialismo han puesto de manifiesto la necesidad de clarificar el antagonismo entre sus formas de ejercer la represión e instrumentar la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
Para mostrar y clarificar este antagonismo, hay que vislumbrar que por parte del oficialismo existe un uso del discurso de los derechos humanos y una apropiación de lo que son los derechos humanos, pero a ello lo hacen desconociendo palmariamente lo que la doctrina de los derechos humanos explicita en esta y en otras áreas temáticas. Por ello en el presente texto buscaremos esclarecer los aspectos técnicos centrales de los que dice el derecho internacional de los derechos humanos a este respecto, clarificando los sentidos y desarrollos doctrinales que hacen al cuerpo de derechos, que los derechos humanos son.
Lo primero que hay que aclarar es que en el orden jurídico internacional de los derechos humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad, sin embargo este derecho es una obligación estatal a través de la comprensión de las implicancias primigenias que se desprenden del artículo 3ro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; desde este marco conceptual es que el derecho internacional de los derechos humanos empieza a desarrollar y posteriormente clarificar el derecho a la seguridad ciudadana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido sosteniendo denodados intentos por clarificar este derecho, convirtiéndose con ello en referencia para refinar las implicancias que el plexo normativo de los derechos humanos tiene sobre la seguridad, por ello nos dice que: “desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados”.
Desde aquí, con este marco conceptual y doctrinal es que la CIDH finalmente nos muestra que la seguridad ciudadana como concepto de derechos humanos aborda la integralidad intrínseca de estos, con ello nos explicita el antagonismo o en términos del oficialismo la verdadera grieta al decirnos que la seguridad ciudadana:“deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las políticas a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político”
Con ello debemos comprender que la seguridad ciudadana en el marco de los derechos humanos no es para sostener determinado orden político o para seguridad del Estado. Con ello si el orden político a través de un mandamiento judicial propicia el ataque a trabajadores de una cooperativa como en Wilde, son los gestores del Estado los que deben arbitrar los medios para que la persona humana sea el centro. Y no que el centro de la seguridad sea el uso o defensa de la propiedad privada, ya que esta implica en sí un orden social y político por demás injusto, contrario a la centralidad de la persona humana que los derechos humanos consagran y promueven para la seguridad ciudadana.
De esta manera se presenta el meollo de la cuestión. Las fuerzas progresistas que están en el oficialismo vienen queriendo defender la gestión de seguridad tanto de Sergio Berni en la Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional de Aníbal Fernández, justificando su necesidad, más por un “poroteo” electoral que por una real experticia de ambos en la materia. Usan para ello muchas veces el discurso de los derechos humanos o sostienen que deben acatar la orden del juez, justificándose con ello en que no sería responsabilidad de ellos la represión, sino de quienes son reprimidos por no entender las necesidades y obligaciones estatales.
En realidad la dirección política es fundamental en cuanto a gestionar la seguridad ciudadana como un derecho humano, siendo la represión una decisión cuya responsabilidad es de quienes gestionan el Estado, en Wilde la responsabilidad es de Berni, en el desalojo de Guernica la responsabilidad es compartida con el ministro “el cuervo” Larroque, ya que de manera conjunta decidieron adelantar el desalojo y usar las mesas de negociación para encauzar y encubrir el desalojo forzado que ya tenían decidido hacer, mostrando de esta manera la decisión política de todo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ello resaltamos contradiciendo las recomendaciones que sobre los derechos humanos implicados, realiza entre otros la CIDH como estamos analizando acá o el Comité del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, cuya observación general número siete prohíbe los desalojos forzados.
Los derechos humanos no se pueden transformar en algo que manejamos a nuestro antojo o que no tienen un sentido claro, tampoco pueden ser un mero discurso o estar apropiados por el oficialismo panperonista para ser usados a su favor o como prebenda electoral. Los derechos humanos son un cuerpo de derechos y atributos de la persona humana, tienen un cuerpo doctrinal que requiere de un saber técnico que es necesario aplicar y que conjuntamente debemos socializar para que los sectores subalternos los conozcan y puedan ejercer.
Por ello quiero ser claro, como defensor de los derechos humanos es una obligación ético-política decir y denunciar que con el Frente de Todos en la gestión del Estado no hay seguridad ciudadana, por lo menos en el sentido que el derecho internacional de los derechos humanos le da a este concepto.
Damián Ravenna
Presidente Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires
APDH ZONA NORTE
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