Sin presupuesto y sin rumbo

La derrota electoral del oficialismo en la Cámara de Diputados en el tratamiento del Presupuesto para el año próximo, es una fotografía del actual momento político, que va mas allá de la cantidad de legisladores que suma cada fuerza partidaria. El gobierno no sólo pierde votaciones electorales y parlamentarias, también pierde su rumbo político, comprometido con alianzas que no pueden tener buen destino.

Quienes tienen buena memoria recordarán que en la conformación del Frente de Todos existía una fuerza mayoritaria y un liderazgo indiscutido, el de Cristina Fernández, a la que se le agregaba la observación que sus votos no alcanzaban para ganar la presidencia. Ese fue el argumento que justificó que Alberto Fernández, ya sumado al kirchnerismo, encabezara la fórmula e iniciara negociaciones para atraer a Sergio Massa y a los díscolos gobernadores. Después de casi dos años de tironeos entre la reconocida fuerza hegemónica y los que se sumaron para asegurar el triunfo electoral, la derrota de las PASO abrió la posibilidad de que en la interna oficialista se fortaleciera un nuevo bloque encabezado por el Presidente y los gobernadores. Este movimiento político se encarnó con la designación de Juan Pablo Manzur, como jefe de gabinete. Este dirigente tucumano es un reconocido lobbista de intereses empresarios locales, pero también está muy ligado a capitales sionistas y estadounidenses.
Pensar que los gobernadores expresan las políticas conservadoras de las oligarquías terratenientes regionales, como lo hacían los viejos caudillos paternalistas Vicente Leonides Saadi o los Sapag, es quedarse en el pasado. En las últimas décadas han aparecido nuevos actores económicos, como las empresas multinacionales que hacen extractivismo del agro, petrolero o minero, que negocian con las administraciones provinciales. En estos días ha salido a la palestra la figura del chubutense Mariano Arcioni, muy ligado a las petroleras, que en la última semana promovió una reforma a la ley provincial para favorecer a una multinacional minera. Pero intereses parecidos influyen directamente en las decisiones de Sergio Uñac de San Juan, Ricardo Clemente Quintela de La Rioja, Raúl Jalil de Catamarca, Omar Gutierrez de Neuquen, Arabela Carrera de Río Negro, Gustavo Saénz de Salta, etc.
Esta transformación de las oligarquías provinciales esta asentada en los cambios jurídicos que pueden observarse en la Constitución Nacional. La Constitución de 1853, no hacía referencia a la propiedad de los recursos o bienes naturales, la Constitución de 1949, decía expresamente: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación…”, y la Reforma Constitucional de 1994 dice en su artículo 124: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
La modificación promovida por Menem en 1994, con el argumento de promover el federalismo, es funcional a la dominación de las multinacionales extractivistas que con su poderosos poder de lobby, doblegan a las resistencias provinciales, cooptan a su dirigencia polÍtica y le imponen sus condiciones.
En otras provincias los entramados económicos son más complejos y diversos. En Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe hay gran influencia del complejo exportador sojero. En Santa Fé se ha sumado el narcotráfico como actor de peso. Aún con entramados económicos diferentes, las provincias mencionadas tienen en común el debilitamiento de las mediaciones políticas entre el pueblo y el poder económico real. El enorme poder de las multinacionales extractivistas, le permite adueñarse de las dirigencias políticas de los principales partidos provinciales y convierte a sus disputas en luchas entre gerentes. En lo político, la dependencia de los gobernadores de las empresas extractivistas que actúan en su región, se expresa en las actitudes de reticencia en la alineación a proyectos nacionales. Schiaretti, Perotti, Gutierréz, Arcioni,etc., no son díscolos porque son rebeldes o por vocación federal, actúan así porque responden a las grandes empresas multinacionales que dominan en sus provincias. Desde ese diagnóstico podemos caracterizar que la alianza de Alberto Fernández con los gobernadores expresa un acuerdo laxo con una dirigencia política muy vinculada con las multinacionales extractivistas.
La nueva alianza que sustenta al Presidente, aporta a fortalecer el carácter desarrollista extractivista del proyecto de país que promueve la actual gestión del gobierno nacional. Sus grandes líneas directrices son: reconocer la deuda externa, negociar los términos de pago para conseguir algún alivio financiero en el corto plazo, promover un plan de desarrollo basado en el extractivismo petrolero, minero y agropecuario industrial, flexibilizar contratos de trabajo y seguir ajustando gradualmente sueldos, jubilaciones y contribuciones sociales.
En esa nueva conformación de alianzas políticas y económicas el kirchnerismo padece un proceso muy parecido al que vivieron las fuerzas del Frepaso en la Alianza con el gobierno de De la Rúa. Quienes habían surgido como una fuerza hegemónica y decidieron aliarse con los radicales para asegurar la victoria, terminaron conducidos por una orientación política cuyo rumbo muchos militantes no compartían. Peor aún, cuando esa orientación política los llevó a una catástrofe, el 19 y 20 de diciembre de 2001, la mayoría de sus dirigentes seguían aferrado a sus cargos.
El proyecto de la derecha encarnado en Juntos por el Cambio, agrega a esta orientación del desarrollismo extractivista, la timba financiera, y una manifiesta prédica por reducir aún más los márgenes de la mediación política, para favorecer a los grupos concentrados de la economía. Como bien lo expresa el acuerdo que hay que “honrar la deuda”, el proyecto político que hoy conducen Alberto Fernández, Manzur y compañía, no representa grandes diferencias de lo que propone Juntos por el Cambio. Pueden distinguirse sólo en matices más o menos inclusivos o progresistas.
La pueblada producida en la Provincia de Chubut después de la fraudulenta aprobación de la zonificación minera, pone un nuevo condimento a la coyuntura política. Todos los bloques de los partidos con representación en la Legislatura quedaron comprometidos con la maniobra a espaldas de la ciudadanía. La respuesta popular fue contundente: se incendiaron dieciséis edificios públicos, las protestas callejeras se mantuvieron durante días y en distintos puntos de la provincia, a pesar de la represión y las detenciones. Lxs legisladorxs que pusieron la firma para ese atropello deben ocultarse para evitar la furia de los vecinos.
A escasas horas del aniversario del 19 y 20 de diciembre, las imágenes de la explosión popular en Chubut, representa un golpe durísimo para el gobierno, que no puede desmentir su alianza con Arcioni, ni renegar de una política extractivista que está en el centro de su proyecto estratégico.

Guillermo Cieza.