Mi presupuesto es un dibujo. Alberto y Guzmán sin presupuesto pero con el FMI

Mi presupuesto es un dibujo. Alberto y Guzmán sin presupuesto pero con el FMI

21Dic21 0 Por Mariano Féliz

En el primer desafío parlamentario post-electoral el gobierno de Alberto Fernández chocó de frente contra la realidad. Sin alfiles propios ni aliades suficientes, el proyecto de presupuesto 2022 naufragó sin atenuantes en una sesión maratónica que lindó lo bizarro y tragicómico. Sin presupuesto aprobado, el gobierno avanzará solo en el programa del ajuste.

Luego de dejarlo dormir durante meses (había presentado la primera versión días antes de las primarias de septiembre), el gobierno recordó que necesitaba aprobar el presupuesto para su gestión en 2022. En menos de 4 días, intentó forzar la aprobación en diputados, con la visita exprés del ministro de Economía Martín Guzmán junto a otros ministros, a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La propuesta oficial cosechó rechazos por derecha y por izquierda. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) condenaron la iniciativa por avanzar en el programa de ajuste que se está discutiendo a puertas cerradas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como si nunca hubiera gobernado y hecho desastres, la oposición de derecha -liderada por el PRO en Juntos por el Cambio- rechazó que el ajuste no fuera más explícito y al hueso; con un piso de votos de 40%, intuyen que lo mejor que puede ocurrir es que el gobierno de Fernández pague en soledad los costos políticos del ajuste que prometió al FMI.

En cualquier caso, sin los números, el bloque del Frente de Todos se abroqueló detrás de una propuesta que pretende recortar partidas sensibles como los programas Potenciar Trabajo o del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, o las transferencias a las Universidades Nacionales. Este es un presupuesto al agrado del FMI y el ministro Guzmán, que coinciden en la necesidad de reducir el déficit, ‘contener’ el gasto en beneficios sociales y salarios públicos, y bajar subsidios a las tarifas de energía (y aumentarlas) pero también acuerdan impulsar el extractivismo (apoyado en multimillonarios subsidios a las transnacionales), pagar la deuda y mantener la privatización de los servicios públicos.

Presupuestos y presupuesto

El presupuesto nacional no sólo indica la pauta de gasto del Estado nacional sino que explicita el financiamiento de ese gasto y expone la proyección del desempeño macroeconómico.

Como señalamos la pauta oficial es aumentar el gasto público en torno a la inflación proyectada, pero con algunas partidas que bajarán sustancialmente en términos nominales (en cantidad de pesos gastados) o en términos reales (en relación al aumento de los precios). Por el lado de los ingresos, la proyección es mantener la actual estructura impositiva altamente regresiva, basada en impuestos al consumo y a los salarios. El gobierno mantuvo la promesa (podríamos decir que es casi la única que sostuvo) de no repetir el impuesto a las grandes fortunas, ni crear ningún otro impuesto que grave la concentración de la riqueza y los ingresos. Así, decidido a no aumentar los impuestos a las y los ricos, y las transnacionales, el gobierno concentra el ajuste fiscal en los mencionados recortes de gasto.

Sin modificar el esquema de impuestos, el gobierno apuesta a tener cierto margen de maniobra subestimando la inflación esperada. Luego de un 2021 que cerrará con una inflación anual en torno al 50%, la proyección oficial para 2022 es de sólo 33%, aunque nada indica que ese objetivo sea factible. La excusa / explicación del gobierno es que no puede poner una proyección más ‘realista’ de inflación pues anclaría las expectativas de la discusión paritaria en un valor muy elevado. En el fondo, la proyección oficial pretende continuar con el camino recorrido en los últimos años: hacer que los salarios corran por detrás de la inflación a lo largo del año y -eventualmente y con suerte- otorgar a fin de año un bono o aumento de emergencia, que nunca compensa la pérdida acumulada.

Subestimar la inflación tiene otro beneficio para el Estado nacional: permite al gobierno disponer de recursos adicionales por fuera del presupuesto, provenientes de impuestos cobrados sobre precios e ingresos más elevados en términos de dinero. El statu quo (sellado en ley) permite al poder ejecutivo asignar arbitrariamente los recursos que excedan a lo presupuestado. El presupuesto expresa cierta correlación de fuerzas entre sectores populares y clases dominantes, y también al interior de ellas. En particular, sin presupuesto, parte de los proyectos de inversión pública quedan en el limbo de la coyuntura política particularmente turbulenta del próximo año.

La trastienda del presupuesto (o ¿qué país quieren los sectores dominantes?)

Mientras se discutía en el Congreso de la Nación, la legislatura chubutense aprobaba, en sesión de querusa, la megaminería a cielo abierto en una fracción amplia de la planicie provincial. Pocas horas después, el gobernador Arcioni promulgaba el esperpento, en el marco de una rebelión popular multitudinaria, con movilizaciones y edificios públicos incendiados, que sería violentamente reprimida por la policía provincial. La resistencia colectiva en la provincia, que aún persiste en las calles, es la continuidad de la organización que desde hace dos décadas viene frenando el avance del extractivismo en la región. Desde el plebiscito de 2003 en Esquel que frenó la minería del oro, el pueblo organizado ha venido enfrentando los intentos de convertir el sur del país en territorio de sacrificio, cuyas poblaciones serían descartables en favor de las necesidades de las transnacionales. Hoy, la lucha popular parece estar haciendo retroceder el proyecto de las trasnacionales apoyado por Arcioni.

Lo que sucede en Chubut no es independiente de la discusión en Buenos Aires. El intento de avanzar con más megaminería contaminante se hizo porque “Alberto lo pidió”, como señaló el diputado provincial Carlos Tomás Eliceche y corrobora el impulso presidencial al Plan Estratégico para el Desarrollo Minero” (PEDMA). Esa avanzada es ni más ni menos que la contracara de la discusión con el FMI.

En la estrategia de los sectores dominantes, los dólares del saqueo serán imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Pero no alcanza con eso. El ajuste fiscal es esencial para consolidar la matriz distributiva que garantice la sustentabilidad de la deuda a costa de la insustentabilidad de la vida. En los últimos años se fortalece un nuevo patrón de acumulación con crecimiento débil sin inclusión social (salarios deprimidos y empleo hiperprecario), con base en el extractivismo transnacional y apoyo estatal.

Por ello, el Presidente y el ministro de Economía tenían agendada una reunión con Kristalina Georgieva, la mandamás del Fondo, en la tarde del viernes 17, horas después de la votación del presupuesto. El gobierno habrá guardado el champagne, pues no pudo festejar con Kristalina el avance del proyecto de ajuste fiscal, luego del traspié parlamentario. La reunión da cuenta de la centralidad que ya tiene el FMI en la política económica argentina. Sin haber firmado aún un nuevo acuerdo, el gobierno conversa desembozadamente la estrategia con el organismo internacional.

El tropezón presupuestario extiende las negociaciones con el Fondo hasta marzo, última fecha para evitar caer en cesación de pagos con el organismo. Sin arreglo, difícilmente puedan pagarse los vencimientos del primer trimestre de 2022.

Mientras tanto, el gobierno sigue pagando a pie juntillas los vencimientos: 1900 millones de dólares el 22 de diciembre. Este pago equivale a los recursos asignados en 2021 al programa Potenciar Trabajo, y varias veces los destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (para urbanizar barrios populares) que se financia con el impuesto a las grandes fortunas. Con o sin presupuesto, las prioridades del Estado nacional están claras.

Mariano Féliz

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