Un juez de Bariloche promueve mesa de diálogo por Quemquemtrew

Un juez de Bariloche promueve mesa de diálogo por Quemquemtrew

28Dic21 0 Por Susana Lara

Gregor Joos recordó al Estado la obligación legal de agotar la vía del diálogo antes de resolver un conflicto. Este jueves al mediodía decidirá sobre el desalojo.

Un juez penal de Bariloche dispuso 48 horas para que el Estado y las partes inicien una instancia de diálogo para la resolución del conflicto que desató el asentamiento de la Lof Quemquemtrew, en un paraje rural próximo a El Bolsón. De no arribarse a un acuerdo para iniciar una mesa de diálogo entre la Fiscalía, la defensa de la comunidad y la querella por el  particular que se considera con derechos a esa tierra, el juez resolverá entonces el jueves 30 al mediodía si mantiene, posterga o anula la orden de desalojo pendiente. De este modo, en tres meses de conflicto por una porción del territorio ancestral mapuche en Río Negro, la intervención del juez Gregor Joos permitió transparentar las negociaciones entre partes que se realizaron hasta el momento, diferenciándolas del mandato legal de intentar una resolución alternativa a la vía penal. 

El procurador general Jorge Crespo, titular del Ministerio Público Fiscal de RN, convocó personalmente a una reunión entre lxs abogadxs de las partes para acercar posiciones, se conoció durante la audiencia de impugnación del desalojo realizada este jueves. Con la orden de desalojo dictada por el juez Ricardo Calcagno el jueves último, se reunieron el lunes pasado en Ingeniero Jacobacci (localidad del interior) Ernesto Saavedra, abogado del forestador Rolando Rocco que reclama derechos sobre la tierra, y Andrea Reile, abogada de lxs seis mapuche imputadxs por presunta usurpación del predio. Después, representantes de la lof dieron a conocer el borrador de una propuesta de acuerdo entre partes, la que rechazaron.

El juez debió insistir para que se diferencie el diálogo entre partes del agotamiento de la vía del diálogo para resolver el conflicto, antes de apelar a la resolución penal. Pidió a Betiana Cendón, fiscal jefa de la Circunscripción andina, que le informe sobre las gestiones hechas desde el Ministerio Público en ese sentido. Cendón dijo que Crespo fue quien gestó la reunión entre los abogados. “Se rompió el acuerdo de confidencialidad de las conversaciones”, reprochó Saavedra. “Tal vez fue un error no hacerlo público, generó desconfianza”, reconoció Reile. Al disponer el plazo de 48 horas, Cendón sugirió retomar el proyecto de acuerdo (ya rechazado por la comunidad) y/o formar “una mesa de diálogo más amplia presidida por usted o quien proponga”. La conformación de esa mesa de diálogo fue requerida formalmente en el legajo de la presunta usurpación por la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al menos desde el 24 de setiembre cuando se realizó el primer dispositivo represivo.

Además, la querella insistió en que se desarrollen en forma paralela y simultánea el desalojo y la apertura del diálogo, argumentado que desde la defensa hay una intención dilatoria. Diálogo con las comunidades fuera de los territorios es una formula rechazada por los pueblos originarios en general. 

Trabajo en la forestación

Saavedra insistió en que Rocco sufre pérdidas económicas desde el 18 de setiembre cuando Quemquemtrew se asentó en una porción del lote cuyos derechos reclama, en el paraje Cuesta del Ternero, a poco kilómetros de El Bolsón. El punto derivó en ajustes llamativos de las versiones de las partes, que audiencia a audiencia suman detalles.  

  • Rocco “nunca vio restringido su derecho a la industria”, al punto que sus empleados asociados (Martín Freilberg e Marcos Ravassio) tenían autorización de la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia para ingresaron al lugar, así lo hicieron y dieron muerte a Elías Garay e intentaron matar a Gonzalo Cabrera, interpretó Reile.
  • Rocco no pudo trabajar más desde el 18 de setiembre. “Cuando intentó hacerlo terminó en la barbaridad de un muerto, un herido y dos detenidos”, replicó Saavedra.
  • Rocco no pudo trabajar más desde el 18 de setiembre, ratificó Cendón. Freilberg y Ravassio trabajaban en otros campos, añadió.

A diferencia de su intervención en el conflicto en Villa Mascardi con la lof Lafken winkul Mapu, Saavedra mantiene un discurso bastante más cauto, tal vez porque defiende a uno de los imputados del homicidio de Garay e intento de homicidio de Cabrera, entre otras razones. Primero dijo “el diálogo está roto; rompieron el pacto de confidencialidad y cortaron la ruta 40 camino a El Bolsón”. Después, Cendón lo encaminó hacia la propuesta del diálogo. El abogado querellante recordó que está pendiente de ejecución una orden de allanamiento y de identificación de personas del 8 de noviembre, la que no se pudo cumplir por un informe del 9 de ese mismo mes de Betiana Minor, titular de la cartera de Seguridad, que indicaba que no estaban las condiciones para hacerlo. En numerosas oportunidades se mencionó ese informe de Minor, cuyo texto no ha trascendido.

Susana Lara

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