Perú: Derrame de petróleo en el mar

Perú: Derrame de petróleo en el mar

23Ene22 0 Por Tramas

Todos los riesgos que se anunciaron cuando se produjo la autorización de exploración de petróleo en la costa atlántica argentina, parecen confirmados por el derrame en el mar de Perú. Playas y animales empetrolados, enorme daño económico y ambiental y una empresa multinacional que no quiere hacerse cargo del desastre.


Corresponde hacer la aclaración que el derrame de petróleo crudo producido en el vecino país no ocurrió mar adentro, donde se plantea hacer la explotación petrolera en las costas atlánticas, sino en la costa, al producirse la descarga de un barco en una refinería. Pero la experiencia internacional demuestra que los efectos de derrames mar adentro son muy parecidos. Se genera una gran mancha petrolera que, movilizada por las corrientes marinas, tarde o temprano llega a la costa.
El derrame se produjo el 15 de enero cuando se estaba realizando la descarga del buque italiano “Mare Doricum” en la Refinería La Pampilla, ubicada en la provincia del Callao, cercana a Lima. El petróleo que terminó en el mar se estima en 6.000 barriles.
Los efectos del derrame petrolero en Perú han sido caracterizados por el Ministro de Medio Ambiente Rubén J. Ramirez como un “grave delito ambiental”. Agregando que “producto de este derrame se ha afectado la biodiversidad marina y las zonas costeras, alcanzando a 21 playas entre Ventanilla y Ancón”.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente peruano, ha estimado que el área dañada es de 1.739.000 metros cuadrados. Esta cifra es provisoria, en los próximos días podría incrementarse. Además de las playas, se han visto afectadas la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón.
Miguel Lévano, experto en industrias extractivas de Oxfam Perú y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDH), ha afirmado que “aunque se diga que se puede limpiar, el daño es inmenso. En primer lugar por su gravedad para el ecosistema y, en segundo lugar, por la falta de respuesta inmediata de Repsol, que minimizó la situación”.
La demora de la empresa en avisar sobre la gravedad del derrame impidió actuar a tiempo, lo que hubiera evitado la muerte de muchas aves. Las autoridades peruanas han encontrado muertas empetroladas a muchas gaviotas, pinguinos y otras especies.
El derrame petrolero no sólo ha afectado a la fauna y flora del lugar y puesto en riesgo la salud humana. También ha generado un importante impacto económico afectando a los pescadores de la zona y distintos emprendimientos turísticos y gastronómicos que funcionan en los balnearios.
El motivo del derrame se atribuye a un incremento del oleaje, debido a la explosión de un volcan en Tonga.
La empresa Repsol, que es dueña de la refinería, está siendo acusada por el Gobierno peruano por dar información inexacta en el primer momento y por el daño ambiental y económico ocasionado. Esta empresa multinacional pretende eludir responsabilidades afirmando que las autoridades marítimas peruanas no le avisaron a tiempo de este incremento del oleaje. Una alta funcionaria de Repsol, Tine Van den Wall Bake, pretendió deslindar las responsabilidades de su empresa afirmando: “Nosotros no ocasionamos el desastre ecológico”. La Marina peruana contradice esta información afirmando que la empresa fue avisada de que existía un oleaje anómalo. Mas allá de estas contradicciones, se supone que una multinacional como Repsol debe contar con instrumentos metereológicos que les permita planificar sus operaciones de carga y descarga de petróleo en el mar. También que, independientemente de lo que haya ocurrido, la empresa debe hacerse cargo de los daños ocasionados por fallas en procesos operativos habituales como son la carga y de descarga de petróleo.
Lo más probable es que, como ocurre en estos casos, todo termine en un juicio entre el Estado peruano y Repsol. Hay un antecedente cercano que fue lo ocurrido en el litigio entre el Estado de Ecuador y la multinacional Chevron. Esta empresa fue llevada a juicio por la contaminación producida en la Amazonía entre los años 1964 y 1992, en la Corte Provincial de Sucumbíos. Esta instancia judicial, en el caso “Lago Agrio”, condenó en 2011 a la petrolera a pagar 9.500 millones de dólares como compensación por los daños ocasionados por la contaminación. Esa sentencia nunca se cumplió porque la petrolera se negó a pagar y llevó el caso al Tribunal Internacional de La Haya, que en un fallo de 2019, no sólo calificó a esta sentencia como fraudulenta, y le dió la razón a la multinacional, sino que ordenó pagar a Ecuador una indemnización milllonaria.
tramas

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