Iron Mountain: 10 muertes y ningún responsable

Iron Mountain: 10 muertes y ningún responsable

13Feb22 0 Por Luís Angio

El pasado 5 de febrero se cumplieron 8 años del incendio de Iron Mountain, donde murieron 9 bomberos y un socorrista del Defensa Civil. (1) Javier Moral abogado de las familias de las víctimas  comenta el estado de la causa.(2)

¿En qué estado está la causa después de ocho años?

En estos ocho años que tuvimos que atravesar lo que se llama el laberinto judicial como digo yo, en donde hacemos un paso hacia adelante y se detiene en esto de pedir justicia por parte de las víctimas y también de aquellos que si bien no perdieron la vida pero sí quedaron con lesiones de gran importancia, estamos en un punto en el cual, el Juzgado de Instrucción que lleva adelante la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas en principio responsables, para ser llamados a que presten su declaración indagatoria. Luego de estas 17 que el  juzgado entendió que tenían responsabilidad, las defensas apelaron y nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de 5 que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad y la Cámara, el organismo superior de ese juzgado entendió que tenían que profundizarse las pericias que se habían llevado a cabo porque llamó mucho la atención que habían aparecido restos de combustibles, de acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado este siniestro que se convirtiera de un incendio a un estrago de grandes características. En función de eso durante todo el 2021 se hicieron unas pericias muy exhaustivas cuyas conclusiones terminaron recién el pasado 17 de enero y que según lo que me explican los bomberos, que son los que más saben justamente de incendios, me dicen que queda claro con esas pericias que fue a todas luces intencional.

 En el documental “En cumplimiento del deber” el jefe de bomberos dice claramente que se pudo comprobar que el incendio se desarrolló en cuatro puntos bien diferenciados en forma simultánea, cuando en un incendio normalmente se inicia en un solo foco y después se desplaza a otras áreas.

Esa es una de las discusiones que hubo para aclararle a la justicia que los peritos, tanto de las defensas como también peritos en este caso de la de los bomberos, los propios peritos de la Universidad Tecnológica Nacional, peritos del INTI que colaboraron y cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. En función de eso se le pidió a la justicia que se reúnan lo que se llama el colegio pericial y que saquen una conclusión. Pero de esa conclusión lo cierto es que esto habría comenzado con una contingencia eléctrica en algunos puntos en particular y que producto de acelerantes habría llegado a tener una eficacia y un volumen y una caloría impresionante para que en tan poco tiempo se destruyeran documentación que luego conocimos como las 4.040 cuentas o los Panamá Papers. Lo cierto es que esto estaba a todas luces establecido para que se produzca un incendio de una alta voracidad y que reduzca a cenizas esa documentación, que justamente era la idea, y la consecuencia es el incendio para evitar que aparezca esa documentación.

Desde 2007 había habido una investigación sobre los papeles que estaban archivados para saber que había en esas cajas. ¿Que descubrieron que había dentro?

Cuando se presentan a declarar los mismos imputados que son directivos de la empresa que administraba el depósito manifiestan que son una de las 500 compañías más grandes del mundo y que a su vez el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos, por lo cual había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios. Inclusive habría investigaciones en el hermano país de Perú, en el valle de Lima, de una concesión para el tendido eléctrico y el mantenimiento de una empresa -como sería acá EDESUR o EDENOR-.  Una irregularidad que sería investigada también por la justicia del Perú cuya documentación también estaría guardada ahí y que también desapareció entre las cenizas claro.

¿Luego de apagar el incendio y remover escombros se pudo rescatar algunos papeles y saber de qué se trataba lo que guardaban allí?

Mucha documentación o muchas cajas se pudieron salvar y hay una foto que la tienen varios medios que es uno de los bomberos rescatando unas cajas que es muy simbólica que tiene un rótulo frontal que dice “lavado de dinero Premier” y hay una que directamente dice “coimas”, así ningún eufemismo. Esa es la documentación que la Unidad de Información Financiera (UIF); de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC ) y otros organismos de control venían tratando de obtener información y que fuera quemada ese día en ese depósito.

 ¿Cuándo estiman que podrá iniciarse el juicio oral?

 Batallamos arduamente durante casi tres años para que reconozcan el carácter de querellantes a las familias, ya que las víctimas habían sido echadas del proceso penal, le habían quitado el rol de querella justamente para que se evite el conocimiento de la verdad material, que es lo que tiene que buscar todo proceso penal, mediante una resolución que habían entendido que no tenían nada que hacer ahí y se los echó. La Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal frente al recurso de esta parte devolvió ese carácter. Luego de eso vinieron los procesamientos y ahora entendemos que con estas pericias el juez ya proceso a 17. La Cámara lo debería confirmar y ahí el año que viene estaríamos llegando a tener una elevación o por lo menos sorteado un tribunal oral, no digo que con una fecha de juicio, pero si al menos que es el que va a intervenir en la segunda parte del proceso penal.

 ¿Estos 8 años que pasaron sin haber avanzado fue producto de la investigación o hubo dilación en la justicia?

Entiendo que sí en una parte ciertamente y en verdad se demoró dos años en reconstruir la documentación. Recordemos que lo primero que se perdió maravillosamente y extraordinariamente es el expediente de habilitación. La Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo que justamente tiene que controlar y es el que de alguna manera expide los certificados de habilitación, de operatividad para que un kiosquito o una empresa de estas características, que de acuerdo a la ley tiene lo que se llama criticidad, porque no es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papel que un kiosquito porque requiere mucho más papelerío y esto se habilitó en muy poquito tiempo, por eso también llama la atención de los investigadores, que esto tenía que haber sido solamente el producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado en ese lugar, en esa zona y además que esa habilitación también formaría parte de un acuerdo espurio. Lo cierto es que los dos años que se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que tenía que procurar tenerlo, la AGC. Desapareció el expediente de habilitación y no entendemos cómo. Por lo cual tuvo que reconstruirse junto con otra documentación, que fueron prorrogas, pedidos, idas y vueltas. Pero una vez que se produjo esa reconstrucción y se hizo la inspección ocular a la cual nosotros fuimos como querellantes y a poco de caminar por ese lugar yo le dije al juez:  “vámonos su señoría, que hacemos acá. Esto es claro. Convóquelos a indagatoria”. Había cables que colgaban del techo y les preguntaba a los peritos que trataban de dar pobres explicaciones, pero que no había ninguna explicación. Nos decían “…y este cable que sale por acá y bueno en realidad no se sabe si está energizado o no”; que nos trataron de explicar cómo era todo el sistema de presurización de un sistema muy complejo. Entonces a mi pregunta de si había agua me dicen: “Ah no, agua no había”.  Si lo primero que tiene que haber es agua y agua no hay, entonces a partir de ahí entiendo que no tenía que continuar. Lo cierto es que mediante chicanas y apelaciones, mediante planteos de prescripciones tuvimos que apelar para que justamente la causa no prescriba. También habían entendido que varios de los partícipes se les podría reprochar lo que se llama el cohecho pasivo, es decir una coima y que esa coima tenía un pedido menor de condena que una muerte, sea dolosa o culposa o un homicidio, por cual también estaba prescripto y tuvimos que ir con ese recurso. Luego también cuando nos echaron del rol de querellantes y tuvimos que ir hasta Casación en queja, porque ni siquiera fue admitido el recurso. Todo eso hizo que pasaran 8 años. Ahora ya estamos, a raíz de ese fallo de la Casación que entiendo yo que marcó un rumbo, hay que ir para ese lado. Entiendo que ahora más tarde o más temprano llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados.

De los 17 imputados ¿todos son autores intelectuales o pudieron determinar los autores materiales?

A juicio mío y también un poco del Juzgado de Instrucción hay, por ejemplo, un personaje vital en todo esto de menor jerarquía, pero sí vital, que es el vigilador, que no declaró, amparándose en su derecho de defensa, no tiene por qué hablar. Pero lo cierto es que no explicó por qué en forma voluntaria desoyó ocho veces una alarma temprano y le permitió una ventana temporal de casi un poco menos de una hora en la cual considerablemente el fuego se expandió. No se explica por qué frente de un sistema que generaba una alerta, que le obligaba por protocolo a las personas a ir a revisar, si efectivamente se trataba una falsa alarma o una cosa en concreta, hizo caso omiso. Inclusive hay un doble llamado porque hay vecinos que alertaron – un papá que llevaba un nene al jardín, un prefecto que estaba en la esquina esperando un colectivo, vecinos que vieron el humo- y se produce un llamado hacia el lugar en donde él dice, “no, no hagas caso están los bomberos” cuando los bomberos ni siquiera habían sido notificados. Esta es una de las personas fundamentales en la causa. Otros son funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo, Ileana Berkowsky. La carátula de la causa lleva su nombre, porque es una de las imputadas, y es justamente la misma funcionaria que habría habilitado el boliche Beara, donde se cayó un piso y terminó con la vida de dos jóvenes. El premio que le permite el Gobierno de la Ciudad es mantenerla en su puesto. Soy un defensor de la defensa en juicio y entiendo de que nadie puede ser privado de su fuente de trabajo, pero cuanto menos enviarla a otro lugar hasta tanto se aclare si tenía algún tipo de responsabilidad o no. Ahora si yo pongo al lobo a cuidar a la gallina y tengo un siniestro y luego lo mantengo, evidentemente ya forma parte de una política. No forma parte de una cuestión administrativa o una mera decisión al azar, sino que forma parte de un trazado cuya responsabilidad a las claras es de funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

¿Cuál es el motivo por el cual en primera instancia el juez no reconoce a los familiares como querellantes?

Hubo una cuestión técnica compleja. De alguna manera una toma de ventaja o una suerte de apuro. Yo no los conocía a los familiares de las víctimas, pero casi llegando el año y dolidos por la muerte de sus familiares, sin saber un poco que hacer se les presentaron gente cercana a la empresa diciéndoles “mire, nosotros lamentamos profundamente, esto fue alguna manera una contingencia eléctrica, no tenemos responsabilidad, nosotros le ofrecemos adelantarle unas indemnizaciones, esto la justicia civil le va a llevar unos años, entonces se lo adelantamos”. Las familias entendieron y como dicen en el documental; “No quiero saber más nada con esta firma, que sigan su vida, yo sigo la mía, firmo”. Donde firmaron entre los papeles habría también alguna cláusula que le impedía continuar en el proceso penal que nada tiene que ver con una indemnización de carácter civil. Cuando me vinieron a ver empezamos la querella, avanzamos, apelamos, logramos que la causa no esté prescripta, hicimos las inspecciones oculares y cuando salieron los procesamientos y avanzamos, ahí apareció justamente de que ellos habiendo firmado ese acuerdo, no podían seguir continuando y ahí es donde se hicieron eco gran parte de la justicia y echaron directamente a las familias, que si no fue por una apelación sustentada en la Ley de Víctimas, en el nuevo código que cambió un poco hacia dónde va el mundo jurídico en cuanto a una preponderancia del nivel que las víctimas tienen en el proceso penal hoy estarían afuera y la causa hubiera quedado entiendo yo, en la nada.

Son los familiares los cinco de febrero, todos los años, casi ocho años que están allí batiendo el parche y exigiendo justicia y reclamando y moviéndose y haciendo lo que pueden. Que tiene también su contrapartida porque recordemos que el otro día con motivo del octavo aniversario, dos días antes ese lugar en que tienen un recordatorio donde fue que se cayó la pared apareció incendiada, ultrajada, vandalizada, robados los recuerdos realizados durante estos ocho años.

Luis Angió

(1) Los bomberos federales Damián Véliz, Juan Matías Montecheli, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Leonardo Gay y Anahí Garnica; los bomberos voluntarios Sebastián Campo, Facundo Ambrossi y José Méndez y el integrante de Defensa Civil, Pedro Barcola.

(2) Entrevista realizada en el programa ¡Otras Voces…Otras Propuestas!

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