Ganar la calle

Ganar la calle

17Feb22 0 Por Daniel Campione

Los padecimientos por la crisis económica del presente se unen a las sombrías perspectivas que anuncia el acuerdo con el principal acreedor externo. Las organizaciones populares ganan la calle para enfrentar la ofensiva de las clases dominantes.

Una nutrida manifestación de las organizaciones nucleadas en la “Unidad Piquetera” marchó desde Retiro y Constitución hacia el ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio. Fue el 15 de febrero.

“Caos de tránsito en Buenos Aires” tituló TN a propósito de la concentración masiva de las organizaciones piqueteras.

Lo de siempre, la supuesta afectación del derecho a la circulación es presentada como más importante que la profunda vulneración de los derechos de quienes tienen ingresos inferiores a la canasta básica. Dicho de modo más sencillo, no les alcanza para comer. En la sociedad argentina las personas en situación de indigencia se cuentan por millones.

Debería estar claro que el derecho a la alimentación y la posibilidad de una vida digna están muy arriba en las prioridades respecto a la posibilidad de transitar libremente por las calles del centro porteño.

Lo más lamentable es que un vasto sector de la sociedad se suma a la condena, no sólo de las movilizaciones callejeras, sino al de un amplio sector social a cuyos integrantes estigmatizan como “planeros”. La disputa por el sentido común en ese campo debería ser objeto de atención para el conjunto de las organizaciones populares.

Reclamos múltiples y convergentes.

Los manifestantes reclamaron empleo genuino y “nuevas aperturas de los programas sociales” y mayor asistencia para los comedores populares. También expresaron su rechazo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Masivas marchas en Buenos Aires: ¿qué reclaman?

En lo que respecta a la creación de puestos de trabajo, enfatizaron que hace seis meses presentaron un plan para la creación de un millón de empleos, para la construcción de 100.000 viviendas.

De esa forma se facilitaría la obtención de trabajo y bajo las condiciones establecidas en el convenio colectivo del sector. Eso implica protección social y el acceso a una remuneración más o menos decorosa. Y a la vez sería una contribución frente a otro problema acuciante, el de la vivienda. En un contexto de completa imposibilidad de acceder a la “casa propia” y con alquileres inaccesibles.

Hubo promesas de parte del ministerio de Desarrollo Social, y ninguna concreción hasta ahora.

Es evidente que existe concatenación entre los diversos problemas. La búsqueda de un acuerdo con el Fondo implica reducción del déficit fiscal. Y es probable que esto redunde en reducción del “gasto social”, por más que el gobierno argumente que no habrá recortes y las exigencias del déficit se cubrirán con mayor recaudación de impuestos.

Aunque no se produjera ninguna reducción, el mantenimiento de los planes sociales en el nivel en que están ya bordea un escenario de catástrofe social. Se cobra por ellos $16.000 mensuales, mientras que para una familia de cuatro integrantes la canasta básica alimentaria supera los $ 32.000 y la canasta básica total asciende a $ 76.000.

La situación se torna aún más dramática por el avance de los aumentos de precios, que rozan el 4% en los últimos meses y corroen día a día a los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales.

En esas circunstancias, es clara la coincidencia de objetivos entre la masiva marcha contra la deuda  que tuvo lugar el día 8 de este mes y la de la Unidad Piquetera. El acuerdo con el FMI puede llevar aparejadas condiciones aún peores para el nivel de vida de las clases populares.

“Los de arriba” se entienden, hay que  enfrentarlos desde abajo.

No se trata sólo del organismo internacional. Allí están los grandes empresarios, que luego de celebrar el “entendimiento” con el Fondo han iniciado una campaña para que se adicionen otras medidas para favorecer a sus ganancias.

 Incluso algunos voceros del establishment remarcan que las reformas laboral, previsional, tributaria y del Estado son urgentes e indispensables. Sólo mediante ellas se podría “sacar del pozo” a la economía argentina hacia un sendero de crecimiento. Más aún, lamentan que el organismo internacional parezca no estar dispuesto a imponer las reformas que propician.

Para el gran capital siempre es momento propicio para el arrasamiento de derechos y el disciplinamiento de trabajadores  y pobres. Los niveles de pobreza e indigencia no los conmueven. Tampoco la inflación. Al contrario, esta última le permite obtener mayores ganancias a expensas de los consumidores que pagan sus productos.

A esta altura está claro  que nada puede esperarse de las instituciones gubernamentales. Hoy quienes las rigen están preocupados por generar excedentes exportables que faciliten el acceso a dólares para pagar la deuda. Esa es la prioridad, las necesidades populares ocuparían un segundo lugar, si es que tienen alguno.

Los gestos de “rebeldía” en el interior del oficialismo no parecen derivar hacia actitudes concretas y menos dar lugar a propuestas alternativas. Incluso podrían ceñirse a una prudente “abstención” cuando se vote en el Congreso el nuevo acuerdo sobre la deuda externa.

Son las iniciativas de lucha activa, con ocupación del espacio público, las que pueden permitir a las clases populares el ejercicio de presión en defensa de sus intereses más elementales. Y propiciar la irrupción de la iniciativa popular en un horizonte más allá de una “grieta” que se estrecha a la hora de converger en la defensa de las imposiciones sustanciales del gran capital.

Las marchas del 8 y el 15 marcan el camino. La senda de la profundización de las luchas está abierta.

Imagen principal: Anred.

Daniel Campione en Facebook.

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