Una subasta pública a pedido de IRSA

Una subasta pública a pedido de IRSA

19Feb22 0 Por Jonatan Baldiviezo, Myriam Godoy Arroyo y Alejandro Volkind

El GCBA subastó a precio vil el inmueble sito en la calle Beruti N° 3345 actual sede de la comuna 14 y de tribunales del Poder Judicial. La empresa IRSA se quedó con el predio.

El 18 de febrero de 2022, el GCBA subastó el inmueble sito en la calle Beruti N° 3345 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19; Sección 15; Manzana 15; Parcela 21), actual sede de la comuna 14 y de tribunales del Poder Judicial. Se trata de un inmueble de 8.475 m2 de superficie construida que ocupa la esquina de Beruti y Coronel Díaz. 

El precio base fue USD 20.000.000 pero luego de una puja de dos oferentes el GCBA lo vendió por USD 20.110.000, es decir el m2 a USD 2.372. Sin embargo, como el pago se debe realizar al cambio oficial, recibiremos la mitad de dicho valor, es decir, USD 1.186. Más de un 50% más barato que el valor de mercado. Por si faltaba más, el pago se realiza en pesos. Esto podría categorizarse como una venta a precio vil. 

La Terrateniente Urbana, la empresa IRSA, fue la que compró el inmueble. Desde antes del desarrollo de la subasta ya se sabía que quedaría en sus manos. Este inmueble se encuentra al frente del Shopping Alto Palermo, que pertenece a IRSA, cruzando la calle Beruti. No sorprendería que a futuro contemplemos que el inmueble de la ciudad vendido sea incorporado y conectado al shopping a través de un puente sobre una calle pública como el que existe actualmente sobre la calle arenales. Ejemplo extremo de la privatización de lo público.

IRSA no podrá hacer uso inmediato del inmueble porque el pliego de la subasta establece que “el adquirente deberá otorgar en comodato a título gratuito el uso del inmueble adquirido a favor del GCBA, desde operada la escritura traslativa de dominio por un plazo de 30 (treinta) meses. (…) El pago de los impuestos, tasas, y contribuciones que se devenguen por el uso del inmueble serán asumidos por el adquirente, mientras que el comodatario abonará los servicios consumidos. El GCBA podrá acordar con el adquirente la modificación del plazo de dicho comodato.

La Ley N° 4481, sancionada el 12 de diciembre de 2012, autorizó la venta de este inmueble con el mandato de que el “producido de la venta será afectado exclusivamente a la adquisición y puesta en valor de un predio que albergue a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Agregaba que el “inmueble deberá tener una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados y emplazado en la zona sur de la Ciudad”.

De esta ciudad judicial no hay ninguna novedad luego de 10 años. No existe ningún proyecto o avance que se haya informado. Aún así el GCBA decidió vender el inmueble de Berutti cuando no existe ninguna urgencia y en un contexto donde el precio de las propiedades están a la baja. 

Esto se demuestra con la cláusula de que el GCBA seguirá utilizando el inmueble por otros 30 meses más. Una declaración de que el inmueble es necesario para la ciudad y que es totalmente inoportuna su venta. Rodríguez Larreta ha querido quedarse con la caja de esta venta y que no sea otro gobierno el que lo venda, aunque esto implique, desde la perspectiva económica, un mejor resultado para el patrimonio de la ciudad. También ha querido asegurar que la empresa IRSA reciba ventajas inimaginables para hacerse con este inmueble. Hace dos meses, Rodríguez Larreta autorizó el nuevo Puerto Madero en el predio de IRSA para que realice el mega emprendimiento inmobiliario denominado “Costa Urbana”.

El GCBA interpreta que el art. 4 de la Ley N° 6301 de emergencia económica habilita a reasignar estas partidas que tienen asignación específica. 

Es inconcebible que se rematen inmuebles de la Ciudad que son necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos, a precios irrisorios con todas las ventajas para el comprador. Recordemos que los únicos inmuebles que se pagan en pesos son los que vende la ciudad. 

El Plan Sistemático de venta de tierras públicas debe frenarse, de lo contrario, la ciudad terminará con su banco de inmuebles vacío y con necesidad de tierras e inmuebles para garantizar el acceso a los servicios públicos a la población. 

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