El FMI será una amenaza a nuestras vidas durante años

El gobierno de Cambiemos propició una verdadera debacle económica, especialmente violenta en el manejo de la deuda.

En un solo mandato se liberaron las cuentas externas, se pagaron deudas irregulares en litigio (con los “fondos buitres”), se tomó deuda con privados, se tomó el mayor préstamo de la historia del FMI, se desató una corrida cambiaria, que le dio un salto a la inflación, se permitió la fuga de capitales y se terminaron aplicando controles nuevamente. La secuencia completa evidencia el desfalco, que terminó con más de un tercio de las personas bajo la línea de pobreza. Muchas operaciones de deuda, incluyendo el acuerdo Stand By con el FMI de 2018, están cuestionadas legalmente, por no cumplir las normas básicas del Estado de derecho.

Desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, su estrategia ha sido recomponer la sostenibilidad de la deuda. En tal sentido, antes de la pandemia, ya había iniciado una gira internacional para reunirse con los principales países acreedores, de modo de garantizar una negociación de “buena fe”. La pandemia complicó todo, entre otros motivos porque demandó la puesta en marcha de paquetes de estímulo y asignaciones extra para lidiar con el desafío sanitario, pero no alteró los lineamientos de negociación.

El momento de asumir era ideal para avanzar con mayor determinación, con el voto mayoritario de la población expresándose contra el modelo de endeudamiento. Una consulta popular y una auditoría participativa hubieran tenido rápido impacto. En el plano internacional, la búsqueda de lazos con países deudores del Sur Global podía reagrupar fuerzas. Pero cualquier variante de esta estrategia suponía el riesgo de represalias de los acreedores, y se eligió el camino de pagar y negociar. Así se llegó al canje de 2020, que permitió ganar tiempo y reducir las tasas de interés, pero sin alivios significativos en el capital. La reducción total lograda fue aproximadamente la mitad de la que el FMI recomendaba, cuando apoyaba la postura argentina. Esto ocurrió en medio de la pandemia, mientras en el mundo se temía una ola de cesaciones de pagos, y se instrumentaron mecanismos de contención para los países más pobres. Para países de ingresos medios como la Argentina, no hubo medidas contundentes.

La negociación se realizó bajo los auspicios de una buena relación personal entre los heterodoxos ministro de economía argentino Martín Guzmán y la directora del FMI Kristalina Giorgieva. A pesar de la sintonía, el FMI se negó a otorgar alivios (a pesar de que su estatuto lo permita), a alargar plazos para que la Argentina pueda pagar o incluso a reducir los injustos sobre-cargos que aplica al país. Fortalecido por la ausencia de estrategias de conflicto, o la amenaza de impago, el organismo no se hizo eco ni siquiera de la dura revisión que realizó su propia oficina de evaluación independiente, que mostró las irregularidades del acuerdo 2018.

En tal sentido, se anunció recientemente un entendimiento para un nuevo acuerdo, esta vez de Facilidades Extendidas. Este nuevo acuerdo permitiría desembolsos ante cada vencimiento del préstamo de 2018, de modo que el FMI anotaría la entrada y salida, un cambio entre préstamos. Tras dos años y medios de desembolsos, el nuevo crédito se pagaría entre 2026 y 2032, ganando tiempo. Se presentó como un éxito que este acuerdo no contuviera demandas expresas de reformas estructurales (reforma laboral o previsional, privatizaciones, etc.), porque suele ser el caso. Este entendimiento aun tiene que para por el Congreso para ser validado, y luego aprobado por el Directorio del FMI, de modo que la negociación aún no está cerrada. La proximidad de un vencimiento por 3.200 millones de dólares en marzo constituye el límite que apremia.

En el entendimiento se incluyó el objetivo de llegar a déficit cero para 2025 (“consolidación fiscal”), y una reducción aún más acelerada del financiamiento monetario del déficit, esto es, un veloz cierre de la emisión de dinero del Banco Central. Esto implica que la Argentina deberá reducir aún más el déficit, o se verá en la necesidad de emitir más deuda. Si hace esto último, además de elevar las transferencias a los capitales financieros, se somete aun más al poder estructural de estos actores, que le limitan las opciones de política económica: qué aceptan o no que se haga, mediante amenazas permanentes de corridas cambiarias. Si reduce más rápido el déficit, sea reduciendo partidas o mejorando la recaudación, el propio entendimiento sugiere esto será valorado para el pago de deuda. Esto pone severas trabas para restituir derechos vulnerados durante la pandemia y el gobierno previo. Será difícil recomponer los presupuestos de educación, salud y los salarios públicos, lo cual perjudica especialmente a las mujeres, que tendrán menos oportunidades de trabajo y deberán cargar con más tareas no remuneradas.

El FMI no ha dejado de requerir ajuste, ni siquiera en la pandemia. En el 93% de los casos, ha sugerido recortes, con lo que más del 80% de la población mundial estará viviendo bajo condiciones de austeridad en los años por venir. La ausencia de pedidos expresos de reformas, así como la compresión sobre la necesidad de controles cambiarios o pisos de protección social, pueden cambiarse en las revisiones trimestrales.

La Argentina vivirá los próximos años bajo escrutinio permanente del Fondo. Esto significa que cualquier desvío de sus recomendaciones, tensará la economía. Lejos de ser garantía de estabilidad y recuperación, la evidencia internacional sugiere que acordar con el FMI no garantiza crecimiento ni acceso al financiamiento externo, más sí deterioran nuestras condiciones de vida. Las sucesivas revisiones serán materia de negociación política, y nos tendrán a la defensiva, tratando de evitar una ofensiva mayor cada tres meses. ¿Qué ocurrirá en proximidad de las elecciones de 2023, qué pedidos incluirán, bajo amenaza de retener desembolsos y desestabilizar la economía? ¿Qué pasará si ese año gana las elecciones una fuerza más conservadora o neoliberal, y cuenta con el auxilio del FMI y un acuerdo validado en el Congreso? La derecha no teme realizar cambios estructurales para empeorar nuestras vidas, ahora tendrá más herramientas para hacerlo con celeridad.

Se vienen años difíciles para el pueblo argentino, en los que la amenaza de desestabilización convivirá con negociaciones permanentes, y condiciones de vida deterioradas. Esta clase de combinación es propicia para el surgimiento de fuerzas de ultraderecha. Es nuestra tarea pelear por evitarlo.

Francisco Cantamutto